Un paso para la ciencia

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación aprobada por el Congreso hace unos días supone un gran paso adelante para un sector tradicionalmente arrinconado en este país jactancioso de su ignorancia científica y dominado por el cinismo unamuniano del “que inventen ellos”. En primer lugar, la norma establece un incremento estable de los presupuestos públicos para la ciencia, ahora en un modesto 0,6% del PIB, hasta alcanzar en 2030 el 1,25%, en sintonía con las recomendaciones europeas. Hasta ahora los presupuestos de investigación estaban descuidados. La primera legislatura de Zapatero izó la bandera de la ciencia y mejoró notablemente las cosas, pero llegó la crisis de 2008 y regresaron las tijeras. Rajoy profundizó en esa línea. Si uno tiene que recortar en algo, ¿qué mejor que la ciencia, que no genera empleo ni riqueza en el plazo de una legislatura? La nueva ley pretende impedir esa tentación incapacitante, gobierne quien gobierne.

Un segundo aspecto es la carrera científica: las condiciones en que los investigadores pueden trabajar, emigrar con normalidad y regresar a España con un futuro previsible. Todo esto parecen reivindicaciones sectoriales, y lo son en parte, pero los científicos conocen muy bien los escollos interminables que les impiden hacer algo tan simple como formar una familia. La nueva ley crea unos contratos más estables que los actuales, que son temporales y precarios. Y un tercer punto, quizá más técnico, es que el texto aprobado aminora los estratos de trabas burocráticas que impiden a los investigadores no ya adquirir una máquina esencial para su trabajo, sino incluso una silla para sentarse. Esto no implica eliminar los controles minuciosos sobre el gasto público, pero sí sustituirlos por muestreos aleatorios. Una decisión racional y probablemente eficaz.

Las universidades españolas forman buenos científicos y tecnólogos. Luego estos jóvenes se van a otros países como investigadores posdoctorales, y está muy bien que sea así, porque la ciencia es un empeño internacional. El problema es que a menudo no pueden volver si así lo desean. Su carrera en Estados Unidos o Alemania tiene más futuro que su regreso a España. Esto supone una pérdida de talento y un despilfarro para las arcas públicas. No es una cuestión nacionalista. España también debe ser capaz de atraer talento extranjero, algo ahora casi anecdótico. Las mejoras en la carrera científica que recoge la ley deberían servir para paliar ambos problemas. Si un investigador de Harvard quiere venir a España, impedírselo sería una estupidez.

Los científicos suelen decir que no basta arrojar dinero a la ciencia como grano a las gallinas. Casi tan importante es hacerlo muy bien, con evaluaciones inteligentes de los proyectos y un ojo bien atento a la excelencia. Un texto legal no garantiza en sí mismo esa práctica virtuosa, pero desde luego la permite. Bienvenida sea esta ley.