Un juez admite la demanda de la Profeco contra Ticketmaster y Ocesa por la venta irregular de boletos

Un juez de Ciudad de México admitió esta semana la demanda interpuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra la compañía de venta de boletos Ticketmaster y la promotora de conciertos Ocesa por las irregularidades en la venta de boletos, según ha informado este viernes la Procuraduría en un comunicado. La denuncia contra ambas empresas —que concentran el 64,5% de los servicios de entretenimiento en el país— fue presentada por el organismo en diciembre del año pasado, tras el caos iniciado a raíz de que la compañía de boletos impidiera la entrada de cientos de personas al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, alegando la existencia de “boletos clonados”.

La denuncia representó en un principio a 434 personas, aunque en los últimos meses se han ido sumando más afectados hasta alcanzar las 521 personas (una cifra que continúa en aumento, según la Profeco). La demanda fue iniciándose lentamente con las reclamaciones que los consumidores lanzaron en 2021: cancelación unilateral de boletos, incumplimiento de condiciones ofrecidas por los proveedores y la negativa a la devolución íntegra del coste total de los boletos —además de los cargos del servicio y la bonificación del 20% del costo del boleto que prevé la ley—.

“Estas situaciones reflejan un incumplimiento generalizado en la prestación del servicio de entretenimiento respecto a diversos eventos musicales, culturales, deportivos, artísticos y recreativos, vulnerando los derechos de las y los consumidores”, ha señalado la Profeco en el escrito. El organismo defiende que la demanda es un “parteaguas” en defensa del derecho a disfrutar del entretenimiento y la cultura.

La polémica abordó a Ticketmaster en diciembre, después de que cientos de personas se quedaran sin entrar al Estadio Azteca mientras actuaba el puertorriqueño Bad Bunny. En marzo, tres meses después del incidente, la compañía de venta de boletos tuvo que reembolsar 18 millones de pesos a 2.155 de los afectados. La Profeco optó entonces por no multar a la empresa, aunque el descontento por las prácticas abusivas continuaba activo entre los usuarios de este y otros conciertos. La Procuraduría pide ahora que las personas afectadas en 2021 se sumen a la demanda por la cancelación de los boletos, la prohibición del acceso y por no recibir la devolución del coste de la entrada.

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