Alvise evita acudir a declarar a la Audiencia Nacional en la causa por financiación ilegal

El eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise, ha evitado acudir a la Audiencia Nacional para declarar en la causa abierta por el juez instructor José Luis Calama, que el pasado octubre admitió la denuncia por financiación ilegal presentada contra él por el empresario Álvaro Romillo, que confesó la entrega de 100.000 euros al principal dirigente de Se Acabó la Fiesta (SALF) en plena campaña para las elecciones europeas. Alvise no estaba obligado a comparecer dada su condición de aforado ante el Tribunal Supremo, pero el magistrado lo había citado a las 10.45 de este miércoles para darle la posibilidad de “declarar voluntariamente” —una opción que permite la legislación española—.

Según varias fuentes jurídicas, el abogado del eurodiputado sí se ha presentado este miércoles en la Audiencia, donde ha comunicado que su cliente no podía asistir porque tenía que estar en “Bruselas”. Pero, según ha añadido el letrado, la intención de Pérez es comparecer ante el juez y, por ello, ofrecerá fechas para hacerlo. Unas horas antes, el líder de SALF había colgado un mensaje en su cuenta de Telegram para avanzar su posición, donde habla de sí mismo en tercera persona: “Está hoy en el Parlamento Europeo y ya anunció que no iría voluntariamente a declarar ese día”.

Romillo, que se encuentra investigado por un presunto fraude piramidal perpetrado a través de la plataforma de inversión Madeira Invest Club, acudió en septiembre a la Fiscalía General del Estado para contar que había entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise. El empresario aseveró que le dio el dinero en mano al agitador ultra el 27 de mayo, pese a que la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros al año y establece que todas las donaciones superiores a 25.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptación.

Este miércoles, el propio Romillo ha ratificado su relato ante el juez Calama, que lo había citado a declarar como imputado a las 10.00, antes que a Alvise. Según fuentes jurídicas presentes en su interrogatorio, el empresario ha confirmado que existía una relación de intereses entre ambos y que el político le ofrecía “favores futuros”. El dirigente de SALF le prometió cambios legislativos a su favor si llegaba al poder: “Las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo, en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativa a Bitcoin, etcétera”, le dijo a Romillo, según consta en un audio.

El magistrado instructor le ha preguntado este miércoles al empresario por qué fue a denunciar y, según fuentes jurídicas, este ha respondido que dio el paso porque empezó a salir en la prensa que había movimientos de dinero entre ambos. Romillo también ha aclarado que los 100.000 euros salían del circulante de una de sus sociedades. E, igualmente, ha dicho que Alvise no le dio a cambio ningún servicio ni hubo contrato entre ambos, contradiciendo así la versión del eurodiputado. Tras estallar el escándalo, el líder de SALF admitió que recibió el efectivo, pero dijo que fue a cambio de un “trabajo” y que lo cobró “sin factura” para evitar pagar impuestos: “El Estado me saquea más de la mitad”.

Las pesquisas del juez

El instructor Calama abrió a principios de octubre la causa sobre la supuesta estafa piramidal cometida por Romillo a través de la plataforma de inversión Madeira Invest Club, calificada como “chiringuito financiero” por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Posteriormente, después de que la Fiscalía considerara que la Audiencia Nacional debía comenzar también las pesquisas sobre el pago de los 100.000 euros a Alvise, el magistrado dio luz verde a esta segunda línea de investigación sobre la financiación ilegal. Además, el instructor señaló que el eurodiputado podría haber actuado como “cooperador necesario” en la estafa del empresario.

El magistrado ha dejado claro que él no puede imputar a Alvise, porque se encuentra aforado ante el Supremo. Según explicó Calama, él ha comenzado ahora sus pesquisas y, si brotan indicios suficientes para imputarlo, deberá enviar la causa al alto tribunal.