Claves de la Operación Mito: ¿por qué coinciden en el banquillo Sito Miñanco y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye?

La Audiencia Nacional ha acogido este lunes la primera sesión del juicio sobre la Operación Mito, que sienta en el banquillo a medio centenar de personas: entre ellas, al histórico narco gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, y al letrado Gonzalo Boye, abogado de los expresidents catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra. Estas son algunas de las claves para entender la vista oral:

¿Quién es Sito Miñanco? Prado Bugallo es un histórico narco gallego, de 69 años y natural de Cambados (Pontevedra). Forjado primero como contrabandista de tabaco americano en los años ochenta, Miñanco dio el salto al tráfico de drogas, desde donde levantó un imperio y una leyenda. “Es muy profesional”, resume un policía que lo ha investigado: “Es un gran líder y le gusta que la gente sea seria. Echa unas buenas broncas a sus subordinados cuando no cumplen”. Convertido en un mito dentro del mundillo (de ahí el nombre con el que se bautizó la operación policial que ahora se enjuicia), su figura ha adquirido una dimensión novelesca al haber aparecido en obras de ficción —como la serie de televisión Fariña—.

Cercado en 1990 en la famosa Operación Nécora , el primer gran golpe contra las redes gallegas de narcotráfico y de la que logró escapar, cayó finalmente en 1991 por otras pesquisas. Entonces pasó siete años en la cárcel, hasta que quedó libre en 1998. Después no ha parado de entrar y salir de prisión por diversas investigaciones. “Tiene muchas tablas y una voluntad inquebrantable de trabajar”, apostilla el policía, que ha declarado en la Audiencia.

¿Quién es Gonzalo Boye? Nacido en Viña del Mar (Chile) en 1965, este abogado acumula una cartera de clientes muy mediáticos, como el exjefe etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera; el rapero José Miguel Arenas Beltrán, Valtònyc; y Pablo González, el periodista español encarcelado en Polonia por espionaje y entregado a Rusia en agosto como parte de un intercambio de presos. En la última década se ha erigido, además, como letrado de referencia del sector del independentismo catalán vinculado a Junts. Ha llevado la defensa de, entre otros, los expresidents Carles Puigdemont y Quim Torra; y de Laura Borràs, expresidenta de la formación secesionista y del Parlament. De hecho, Torra y Borrás lo han arropado este lunes a su llegada a la Audiencia Nacional.

En 1996, Boye fue sentenciado a cerca de 15 años de prisión por prestar ayuda logística a ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla en 1988, aunque él sigue insistiendo en su inocencia y repite que su condena solo se sostuvo con el testimonio de un arrestado que lo implicó. Precisamente, mientras cumplía su pena entre rejas, logró licenciarse en Derecho. Y, al abandonar la cárcel, comenzó a ejercer de letrado.

¿De qué se les acusa? En este juicio, la Fiscalía Antidroga impulsa la acusación contra Miñanco y Boye. El ministerio público asegura que el narco gallego había vuelto a las andadas en 2016, cuando se encontraba en régimen de semilibertad en Algeciras (Cádiz) y aparentaba haberse reinsertado. Según los investigadores, Sito había recompuesto su organización y volvía a la carga para importar droga a España. La Policía lo sitúa, por ejemplo, detrás de una operación para introducir casi cuatro toneladas de cocaína.

Los agentes encajan dentro de ese entramado a Gonzalo Boye, que entonces era abogado de Sito. La Fiscalía asevera que el letrado participó en la supuesta red “criminal” creada para blanquear el dinero procedente del narcotráfico, y que participó en una reunión donde informó que elaboraría unos papeles para justificar el “origen legal” de un dinero intervenido. “Los abogados estaban falseando documentos”, ha dicho un agente en la Audiencia Nacional. Sin embargo, Boye defiende su inocencia: “Yo estoy aquí acusado por hacer mi trabajo como abogado [...] Estamos ante una acusación especulativa. Frente a eso hemos aportado pruebas objetivas, científicas y técnicas que demuestran que los hechos no son como los plantea el Ministerio Fiscal, que sostiene su acusación en base a una única prueba: un presunto asesino que cambió su declaración a cambio de salir en libertad”.

¿A qué penas se enfrentan? Como jefe de la organización criminal, la Fiscalía solicita 31 años y seis meses de cárcel para Miñanco por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. El ministerio público reclama para Boye otros nueve años y nueve meses de reclusión por blanqueo y falsificación de documento oficial.