La Abogacía del Estado pide anular el registro al fiscal general y borrar los archivos incautados

La Abogacía del Estado ha solicitado que se anule el registro que la Guardia Civil practicó en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que se borre el material que se le intervino en la causa judicial abierta tras la denuncia impulsada contra él por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los servicios jurídicos del Estado, que defienden en el procedimiento al máximo representante del ministerio público, consideran que esa iniciativa del magistrado instructor Ángel Luis Hurtado estuvo repleta de “defectos”, supuso una “manifiesta y notoria desproporción”, y vulneró varios “derechos fundamentales”.

“La ejecución de estas diligencias de entrada, registro, incautación o clonado o volcado de los dispositivos de almacenamiento masivo de información constituye seguramente el mayor perjuicio (el tiempo dirá si irreparable) que se ha causado a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscal Jefe Provincial de Madrid”, afirma la Abogacía del Estado en un recurso enviado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, fechado este 8 de noviembre y al que tuvo acceso EL PAÍS.

El pasado 30 de octubre, el juez Hurtado ordenó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que entrasen en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, e interviniesen todos los dispositivos informáticos y telemáticos de ambos. El magistrado adoptó esa medida dentro de la causa impulsada para tratar de averiguar quién filtró a la prensa un correo electrónico que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero a la Fiscalía de Madrid, a través del que ofrecía un pacto para reconocer los delitos fiscales que se le atribuyen por urdir una trama de facturas falsas para defraudar 350.000 euros a Hacienda.

La Abogacía del Estado considera que esa iniciativa del juez Hurtado es “irregular” y supone llevar a cabo una “investigación prospectiva que, previsiblemente, trata de aclarar determinadas sospechas del magistrado instructor, pero que son ajenas al ámbito objetivo de investigación fijado” por la Sala de lo Penal del Supremo cuando dio luz verde a la apertura de la causa contra García Ortiz. En este sentido, la defensa del fiscal general insiste en que el alto tribunal encausó a los dirigentes del ministerio público por lo ocurrido a partir de las 22.00 del pasado 13 de marzo, cuando el fiscal Julián Salto (que llevaba la causa contra el novio de Ayuso) les remitió el email con el pacto; y hasta su difusión en la prensa a las pocas horas. Sin embargo, según el recurso, el magistrado instructor amplió motu proprio el periodo bajo sospecha y ordenó incautar comunicaciones que se produjeron durante siete meses (desde el 8 de marzo hasta el día del registro) —aunque después, una vez que la Guardia Civil ya se había llevado todo el material, Hurtado rectificó y avisó a los agentes de que solo debían analizar los correos y mensajes que abarcasen del 8 al 14 de marzo de 2024, ambos inclusive—.

La Abogacía del Estado reprocha igualmente al juez que la “primera medida” adoptada en esta instrucción haya sido un registro de tal calado. “La desproporción denunciada es aún mayor si se valora que la resolución recurrida en nada ha considerado las funciones constitucionales que ejerce el Ministerio Fiscal”, insiste el recurso enviado al alto tribunal: “Cuanto menos, hubiera sido preciso delimitar su extensión de un modo más exhaustivo y proporcionado, a la vista de los intereses concurrentes”. “En la agenda del fiscal general, en sus contactos, correos, en toda la actividad desplegada a través de los medios [intervenidos] hay información que puede comprometer la seguridad del Estado, la actividad de otras instituciones, intereses nacionales, compromisos con terceros y, en definitiva, a la estructura de la Fiscalía en su conjunto”. “Este interés público no ha sido objeto de consideración alguna”.

Para entender estas pesquisas hay que remontarse ocho meses atrás. Tras conocerse el escándalo que rodea a la pareja de Ayuso, sus asesores y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, comenzaron a maniobrar para atacar a la Fiscalía. El 13 de marzo, el equipo de la presidenta empezó a difundir el bulo de que el ministerio público le había ofrecido un pacto. De hecho, en la misma noche de ese día, El Mundo publicó esa información tergiversada. Rodríguez se hizo eco de ello con el objetivo de construir su tesis de que la supuesta oferta de la Fiscalía, que después se habría retirado, formaba parte de una especie de chantaje con fines políticos para desgastar a la dirigente del PP. Sin embargo, la realidad era distinta. Había sido el propio novio de Ayuso quien, más de un mes antes, había tomado la iniciativa para tratar de alcanzar ese acuerdo a través de ese correo que su abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero al ministerio público.

Ese detalle, que desmontaba la tesis del PP de Madrid, lo desvelaron varios medios (entre ellos EL PAÍS y la Cadena SER) entre la misma noche del 13 de marzo y la primera hora de la mañana del 14, publicando además ese correo originario de la pareja de la presidenta. A las 10.20 horas del día 14 de marzo de 2024 y ante la avalancha de peticiones de información por parte de los medios de comunicación, la Fiscalía también emitió una nota de prensa que echaba por tierra las mentiras que el equipo de la presidenta propagaba.

González Amador denunció entonces los hechos. El fiscal general del Estado ha defendido siempre que él no filtró el cruce de emails y que la nota de prensa no reveló ningún dato que no se supiese ya por la prensa. En ello insiste la Abogacía del Estado en este recurso, que añade que existen suficientes indicios de que varios medios tenían esos correos antes, incluso, de que el fiscal Julián Salto se los enviase a sus superiores en la noche del 13 de marzo: “No existe dato o hecho objetivo alguno que pueda considerarse indicio de la existencia de delito y de la conexión de las personas investigadas con el mismo”. “Existían otras muchas personas que tuvieron a su disposición estos correos”, incluida personas del entorno de González Amador, alega la defensa de Álvaro García Ortiz.

La Abogacía reprocha a Hurtado que “obvie o silencie aspectos fundamentales”, como que “el origen de esta causa se encuentra en unas informaciones tergiversadas” que se habían difundido previamente. “El ministerio fiscal estaba siendo víctima de un juicio político paralelo”, subraya. A través de otros escritos, los servicios jurídicos del Estado han solicitado que se cite a declarar como testigo a Miguel Ángel Rodríguez y que se suspenda el análisis de la información intervenida al fiscal general hasta que se resuelvan los recursos pendientes.