La jueza fija para el 3 de junio el juicio a Hunter Biden por compra y posesión ilegal de un arma

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, se sentará en el banquillo a principios de junio para ser juzgado por la compra y posesión de una pistola. La jueza federal de Delaware encargada del caso, Maryellen Noreika, ha fijado para las semanas del 3 y del 10 de junio el juicio con jurado por el que debe responder de tres cargos que suman penas máximas de hasta 25 años de cárcel, aunque no es habitual que se impongan de ese calibre en un caso como este. En paralelo, el hijo del presidente ha rechazado una invitación de la Cámara de Representantes para volver a comparecer la semana próxima en una comisión, esta vez de forma pública, alegando que lo que buscan los republicanos es un “acto circense”.

El hijo de Joe Biden está imputado por tres delitos en Delaware y está imputado por otros nueve cargos por delitos fiscales en California. En el caso de las armas, según el fiscal, mintió al asegurar que estaba limpio de drogas cuando compró un Colt Cobra de calibre 38 en 2018. El pliego de cargos sostiene que Hunter Biden presentó una declaración escrita “en la que certificaba que no era consumidor ilícito ni adicto a ningún estimulante, estupefaciente ni ninguna otra sustancia controlada, cuando en realidad, como él sabía, dicha declaración era falsa y ficticia”. El fiscal especial David Weiss lo acusa de dos delitos por esas supuestas falsedades (uno por los supuestos datos falsos del formulario y otro por mentir al vendedor del arma) y de un tercero por la posesión posterior del arma, que también sería ilegal por sus adicciones. Hunter Biden se declaró no culpable en una vista en octubre pasado.

Hace unos meses, el acusado admitió los hechos como parte de un pacto por el cual el fiscal renunciaba a perseguir penalmente el delito a cambio de que se mantuviera alejado de las drogas durante dos años y de que renunciara a tener un arma de fuego en el futuro. Es un pacto habitual en casos similares en que los acusados se han rehabilitado y no tienen antecedentes penales.

El acuerdo para archivar el caso de la pistola también admitía la comisión de dos delitos de fraude fiscal en 2017 y 2018 (ya regularizados con el pago de un millón de dólares) por los que iba a ser condenado a penas menores, evitando previsiblemente la entrada en prisión.

La diferente interpretación del acuerdo entre la acusación y la defensa y las presiones de los republicanos, que veían en el pacto un trato de favor al hijo del presidente, cambiaron totalmente la situación. El fiscal decidió finalmente presentar cargos por la compra y posesión del arma en Delaware y por los supuestos delitos fiscales en California.

Buena parte de la larga investigación contra Hunter Biden se centraba en las acusaciones de un confidente de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Alexander Smirnov, de 43 años, que finalmente ha sido acusado él de falso testimonio y de fabricar pruebas por razones políticas. Smirnov acusaba tanto a Hunter Biden como a Joe Biden de recibir cinco millones cada uno en sobornos desde una Ucrania. Pese a que esa acusación ha quedado desacreditada, los republicanos de la Cámara de Representantes prosiguen su acoso contra Hunter Biden como forma de atacar al presidente dentro de una investigación para un posible proceso político (impeachment) al presidente.

Aunque no hay ningún indicio de peso, los republicanos mantienen abierta su investigación. En ese contexto, el presidente de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, anunció la semana pasada que le había invitado a él y a varios de sus socios a una vista pública en el Congreso. Inicialmente, Hunter Biden solicitó comparecer en público, pero los republicanos prefirieron interrogarle a puerta cerrada. Aquel interrogatorio no dio los resultados esperados por ellos, pues en ningún momento lograron los republicanos acorralar a Hunter Biden ni encontrar en su testimonio nada que implicase al presidente de ninguna manera en sus negocios.

Ahora, Hunter Biden ha rechazado la invitación a través de una carta enviada al Congreso por su abogado, Abbe Lowell. Por una parte, señala que la fecha fijada para la sesión, el 20 de marzo, entra en conflicto con una vista del juzgado de Los Ángeles a la que tiene que acudir al día siguiente. “Sin embargo, el conflicto de programación es el menor de los problemas. Su descarado acto planeado para los medios de comunicación no es un procedimiento adecuado, sino un intento evidente de marcar un gol a la desesperada después de que el partido haya terminado”.

“Su último paso —esta invitación del 6 de marzo— no es un procedimiento de supervisión serio. Es su intento de resucitar la moribunda investigación de su grupo con un acto circense hecho para los medios de comunicación de la derecha”, añade la carta.

Comer ha reaccionado con un comunicado en el que dice: “Hunter Biden declaró durante meses que quería una audiencia pública, pero ahora que se le ha ofrecido una junto a sus socios comerciales con los que trabajó durante años, se niega a venir”.

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