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El ‘annus horribilis’ del Gobierno conservador de Japón

El Ejecutivo de Fumio Kishida suscita el rechazo de la mayoría de la población tras un escándalo de desvío de fondos que se suma a los vínculos de su partido con la controvertida Iglesia de la Unificación

EL primer ministro de Japón, el conservador Fumio Kishida, durante una sesión en el Parlamento el 24 de enero.
EL primer ministro de Japón, el conservador Fumio Kishida, durante una sesión en el Parlamento el 24 de enero.KAZUHIRO NOGI (AFP)
Pablo León

El Gobierno de Japón, con Fumio Kishida al frente, se encuentra gravemente cuestionado por la ciudadanía: solo aprueba su gestión un 24% de los japoneses, según una encuesta del medio Yomiuri Shimbun realizada en enero. Se trata de un mínimo histórico. La confianza con el Gobierno, en manos del conservador Partido Liberal Demócrata (PLD), lleva degradándose más de un año, concretamente cuando se puso el foco en los vínculos de la formación con una secta de raíces cristianas, cuyas prácticas abusivas fueron desveladas tras el asesinato en 2022 del ex primer ministro Shinzo Abe, de la misma formación. En noviembre, ese desapego ciudadano aumentó exponencialmente tras desvelarse un caso de corrupción en el seno del partido conservador: el desvío de fondos por más de 500 millones de yenes (unos 3,5 millones de euros). Un escándalo inaudito que ha llevado a disolver varias facciones en el seno del PLD. La oposición lacera al Ejecutivo con ambos asuntos, con la vista puesta en las próximas elecciones generales, previstas para octubre de 2025; en la calle, seis de cada 10 japoneses consideran que el primer ministro debería dimitir. Si no remonta [en las encuestas], existe la posibilidad de que no llegue [a los comicios]”, ha afirmado un antiguo miembro del Gobierno en The Japan Times, bajo condición de anonimato.

Un escalofrío recorrió la sociedad japonesa el 8 de julio de 2022. Ese día, el ex primer ministro Shinzo Abe fue tiroteado por un hombre en Nara (ciudad a unos 40 kilómetros al sur de Kioto), donde participaba en un acto político. Enseguida, las autoridades detuvieron a Tetsuya Yamagami, de 41 años. El hombre detalló que atacó a Abe ―que lideró el país durante nueve años, entre 2006 y 2007 y de 2012 a 2020― porque consideraba que este, al igual que otros miembros del PLD, tenía vínculos con la Iglesia de la Unificación, secta fundada en 1954 por el coreano Sun Myung Moon ―por su apellido, a sus seguidores se les llama moonies― en su país natal.

El atacante contaba que su madre había sido captada hacía décadas por esa organización, la cual, a lo largo de los años, había pedido a la señora “enormes donativos”, que sumaban el medio millón de euros, que acabaron hundiendo económicamente a la familia. Yamagami consideraba que Abe había colaborado para dotar a la secta de poder de influencia en Japón. Una investigación interna del PLD ha constatado que casi la mitad de sus actuales diputados (47%) han tenido algún tipo de interacción con la iglesia y sus fieles.

“Durante su expansión, en Japón, Taiwán, Singapur o Estados Unidos, la Iglesia de la Unificación se amparó en una retórica anticomunista que la llevó a ser respaldada por políticos de la esfera conservadora”, explica Susumu Shimazono, profesor emérito de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Tsukuba. Este experto en política y religión ha estudiado la secta desde sus orígenes y ha publicado un ensayo sobre sus vínculos con el poder, con el PLD, así como con otras formaciones conservadoras a nivel internacional. “Se fundó con una clara vocación de tener influencia política”, incide el experto. Nobusuke Kishi, abuelo de Abe y primer ministro nipón entre 1957 y 1960, fue de los primeros en cultivar las relaciones con el culto, que llegó a contar con el amparo de los republicanos de EE UU: “Una de las personas más cercanas a Moon tuvo contactos con el equipo de Richard Nixon”, apunta el catedrático.

Años después, tras la caída de la Unión Soviética, desde la iglesia buscaron una nueva agenda sociopolítica: “El anticomunismo había perdido fuerza, por lo que se centraron en la defensa de la familia tradicional, el ataque al feminismo o al colectivo LGTBI, con una dura oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo”, afirma Shimazono. De hecho, empezaron a denominarse: Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial. Para el investigador, “establecieron vínculos con el poder en busca de apoyo a cambio de manipular a las personas y que votasen a favor de facciones ultraconservadoras”. En su estrategia, apelaban a las emociones, con mensajes que hablaban de un mundo en colapso que debe ser salvado, vindicando ciertos valores tradicionales supuestamente mejores y que se han perdido, o negando el cambio climático. “En la Iglesia de la Unificación fueron pioneros en la guerra cultural”, destaca para luego remarcar que actualmente “algo parecido está sucediendo en Estados Unidos o en Europa”.

Los tentáculos de la Iglesia de la Unificación no se reducen a los sectores más derechistas del PLD ―el partido se organiza en facciones, con distintas sensibilidades, que ejercen el poder orgánico―, sino que han llegado al primer ministro Kishida (que era miembro de Kochikai, más moderada que, por ejemplo, que la facción Abe). La oposición en el Parlamento nipón ha sacado a relucir una reunión que Kishida mantuvo en 2019, entonces como ministro de Exteriores, con el congresista estadounidense, republicano y ultraconservador Newt Gingrich. A la cita se unió una delegación de la Iglesia de la Unificación. “Eso no significa que yo tenga vínculos con la Iglesia de la Unificación”, se ha defendido, insistiendo en que él no formaba parte de la misma.

Abe tampoco se afilió nunca a la congregación y, sin embargo, su nombre ha quedado unido a ella. Sí que participó en actos de la misma, gozó de su apoyo, y se nutrió de sus votos. “Japón no es una sociedad movilizada”, explica el filósofo Kohei Saito, profesor de la Universidad de Tokio: “Muchas personas tienen barreras a la hora de participar en manifestaciones o ejercer el activismo”. Lo que aumenta el interés en sacar rédito de la capacidad movilizadora de los moonies, bien durante una campaña, bien en una jornada electoral. Varias personas que salieron de la secta ―que, según sus propias cifras, actualmente cuenta con 10 millones de seguidores en el mundo; 600.000 de ellos en Japón, aunque no todos activos, como han reconocido― han relatado cómo fueron instruidos para votar por candidatos del PLD en diversas elecciones. Una antigua seguidora, cuya madre seguía dentro del culto, lo definió así en unas declaraciones a la agencia Reuters: “Nuestras vidas valían menos que nuestros votos”.

Estrategia polarizante

El PLD ha ejercido el poder en Japón de manera casi ininterrumpida desde 1955, salvo cuatro años: de 1993 a 1994 y entre 2009 y 2012. “La pérdida de las elecciones en 2009 descolocó a los conservadores y los obligó a pensar cómo mejorar su campaña”, apunta Maiko Ichihara, experta en política internacional y profesora asociada en la Universidad de Hitotsubashi. “Entonces, crearon un grupo en internet ―una especie de club de simpatizantes del partido en la Red― para eliminar y ocultar la información negativa del partido a la vez que potenciaban la positiva. Era toda una campaña narrativa”, agrega. En esa acción reputacional, pesaron la experiencia de la Iglesia de la Unificación y parte de su estrategia polarizante. “Al frente de esta operación estaba un político del PLD muy cercano a Abe”, detalla Ichihara. En 2012, Abe ganó las elecciones, que se celebraron el año siguiente al accidente nuclear de Fukushima.

Aunque algunas personas habían denunciado a la Iglesia de la Unificación; la secta logró imponer un efectivo manto de silencio hasta el asesinato de Abe. “De alguna manera, [su muerte] puso el foco sobre ese grave asunto”, resume Aiko, de 47 años, y que prefiere no detallar su nombre. Destila una opinión extendida en la sociedad japonesa que censura el uso de la violencia, a la vez que empatiza con la familia destruida por el sectarismo.

Tras el ataque, afloraron denuncias similares a la de los Yamagami. El Gobierno tuvo que tomar medidas. Así, retiró el estatus de iglesia a la agrupación, con la finalidad de prohibirla ―algo que aún no ha ocurrido―; estableció una serie de indemnizaciones para los afectados por sus prácticas subyugantes y abusivas; y el mes pasado congeló los fondos de la agrupación para evitar que sean movilizados fuera de Japón, para evitar que eludan el pago de las compensaciones establecidas.

En el camino, “la reputación de Abe, así como su legado ―hasta el momento respetados y valorados― se han resentido”, opina el experto en política Shimazono: “Es un problema [para el PLD], que va a verse desestabilizado”. Esa desestabilización no ha hecho más que recrudecerse tras descubrirse una serie de desvíos de fondos públicos por parte de miembros del partido conservador. Muchos casos se concentraban en la facción Abe, aunque otras también se han visto implicadas ―cuatro de las seis facciones del partido se han disuelto, entre ellas la de Abe o la que dirigía el propio Kishida― y las pesquisas prosiguen. Entre los investigados por este caso de corrupción aparece Hirozaku Matsuno, exportavoz gubernamental, que ejercía de segundo en el PLD, y como mano derecha de Kishida. Otro golpe para el primer ministro, que defendió a su colega hasta el último momento. Aún queda para las elecciones generales de otoño de 2025, pero las aguas en el PLD no hacen más que agitarse.

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Sobre la firma

Pablo León
Periodista de EL PAÍS desde 2009. Actualmente en Internacional. Durante seis años fue redactor de Madrid, cubriendo política municipal. Antes estuvo en secciones como Reportajes, El País Semanal, El Viajero o Tentaciones. Es licenciado en Ciencias Ambientales y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Vive en Madrid y es experto en movilidad sostenible.

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