Los Veintisiete frenarán los cambios a una ley medioambiental clave impulsados por el PPE y la extrema derecha en la Eurocámara

La primera gran alianza legislativa del Partido Popular Europeo (PPE) con las formaciones de extrema derecha de la Eurocámara va a ser frenada por los Estados miembros. Varios países han logrado formar una cómoda minoría de bloqueo —entre ellos España, Francia, Alemania y Países Bajos— contra las enmiendas votadas hace una semana en el Parlamento Europeo para rebajar la ley de deforestación, una normativa medioambiental pionera en el mundo y que los conservadores europeos, aprovechando un voto para aplazar un año su implementación y con el respaldo de los votos ultras, habían tratado de vaciar de contenido, en el marco de sus ataques a leyes clave del Pacto Verde Europeo.

Al no inicial de Alemania, España y Francia —tres de las cuatro principales economías de la Unión— se han unido al menos Países Bajos y Bélgica y no se descarta que se sumen más países cuando se presente la ley reformada, este miércoles, a los representantes de los Estados (embajadores ante la UE) que tienen que darle el visto bueno, confirman varias fuentes diplomáticas. Lo que más ha molestado ha sido la enmienda que crea en la ley una nueva categoría de “países de no riesgo”, que se teme constituya una puerta de salida para países, también europeos, que busquen evitar el impacto de esta ley que prevé cerrar el mercado europeo a productos como el café, el cacao o la madera que procedan de tierras deforestadas. Un cambio “sustancial”, critican, cuando apenas quedan seis semanas de margen para modificar un texto de impacto mundial que llevó mucho tiempo ser acordado.

La ley de deforestación, ratificada en 2023 con holgadas mayorías tanto por los Estados como en la Eurocámara, debía empezar a ser aplicada a partir del próximo 1 de enero. Pero tras múltiples presiones de la industria, lobbies, países —tanto europeos como algunos de los más afectados, como Brasil, Indonesia o Malasia— y hasta variados grupos políticos europeos, la Comisión Europea aceptó el pasado octubre aplazar un año su implementación. Al tratarse de una ley ya aprobada, el cambio debía recibir el visto bueno de las dos partes que la negociaron: el Consejo, es decir, de los Estados, y del Parlamento Europeo. Y es ahí donde el PPE aprovechó para presentar una serie de enmiendas —empezando por aplazar hasta dos años su entrada en vigor— que, según coinciden defensores de la ley, tanto legisladores como de la sociedad civil, habría significado vaciar totalmente de contenido el reglamento pionero. Tras un acuerdo con los liberales de Renew, el PPE aceptó retirar algunas de las enmiendas más duras (además de los dos años, pretendía que solo el productor original tuviera que dar garantías sobre la no deforestación y no el resto de la cadena de producción, lo que prácticamente habría dejado las cosas tal como estaban hasta antes de la ley). Pero mantuvo la de la categoría de “países de no riesgo” que ha puesto en contra ahora a varios Estados.

Votación muy ajustada

En una votación muy ajustada —algunas de las enmiendas obtuvieron luz verde por una diferencia de solo tres o cinco votos—, la Eurocámara aprobó la ley con las enmiendas de los conservadores la semana pasada, en una acalorada votación que solo salió adelante gracias a que el PPE, que prácticamente votó en bloque a favor de los cambios, contó con el amplio apoyo de todos los grupos ultras a su derecha: los Conservadores y Reformistas (ECR) de Giorgia Meloni, los Patriotas por Europa del húngaro Viktor Orbán y la líder ultra francesa Marine Le Pen y Europa de las Naciones Soberanas (ESN) donde se sienta el partido de extrema derecha alemán Alternativa para Alemania (AfD), del que los conservadores germanos, en plena campaña electoral nacional, reniegan en sus tierras, pero no rechazan su apoyo en Bruselas.

No fue la primera vez, desde que las elecciones europeas de junio dieron un nuevo peso inédito a la extrema derecha, que el PPE rompía su tradición de negociar con los partidos proeuropeos tradicionales para aliarse con los ultras. Ya lo hicieron antes en cuestiones como el apoyo a crear centros de deportación fuera de la UE o para sacar adelante una resolución parlamentaria reconociendo a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela (ese acuerdo, impulsado por el PP español, fue la primera gran alianza de los conservadores con los ultras, que desde entonces se conoce ya popularmente como la “alianza Venezuela”). Pero el voto de la ley de deforestación supuso un paso más, ya que fue el primero con el que el PPE logró sacar adelante una iniciativa legislativa con apoyo de las derechas más extremas. Todo ello en medio de las duras negociaciones para aprobar al equipo de comisarios de Ursula von der Leyen, incluida la española Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión que el PP intenta desbancar.

El no a los cambios obligará a la presidencia de turno húngara de la UE a actuar rápido: si no se vuelve a negociar de inmediato con el Parlamento Europeo un texto consensuado, el riesgo es que entre en vigor la ley de deforestación tal como estaba, es decir, a partir de enero. Un paso en el que el principal perdedor sería el PPE, que se había erigido en el principal defensor de aplazar como fuera la ley.