El vertido de agua de la nuclear de Fukushima al Pacífico aviva la tensión entre Japón y sus vecinos

No se puede mostrar piel. Hay que llevar mascarilla, doble calcetín, calzado especial... “Del suelo emana radiación; hay que evitar rozarlo”, apunta Takahara Kenichi, uno de los responsables de riesgos de la central nuclear de Fukushima-Daiichi, en la costa oriental de Japón, y que en 2011, tras un tsunami, sufrió un gravísimo accidente, de nivel 7, el más elevado en la escala internacional. En agosto de este año, desde estas instalaciones, donde se ha ido almacenando agua contaminada desde el incidente, se comenzó a verter el líquido al océano Pacífico que, aunque ha sido tratado, presenta bajas cantidades de tritio, un isótopo radiactivo. El 19 de noviembre culmina el desagüe planeado para este año: tres lotes, que suman más de 23.000 toneladas de agua. La operación de descarga está avalada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), pero ha llevado a varios países y regiones ―China, Rusia, Corea del Sur, Taiwán, Macao, Hong Kong y la Polinesia Francesa― a imponer vetos a la importación de productos japoneses, como el pescado o los cosméticos, lo que ha avivado la tensión entre Japón y sus vecinos.

China, que lidera el grupo crítico, considera que la decisión es “irresponsable y egoísta” y que supone “tratar el mar como un vertedero”. El 24 de agosto, el día que comenzó el vertido, Pekín impuso un embargo a todos los productos pesqueros de su vecino. Un contundente golpe a la industria japonesa: China es el principal importador de pescado japonés (sobre todo de vieiras, atún, erizo de mar, pargo y pepinos de mar), un mercado que en 2022 representó 87.000 millones de yenes (600 millones de euros), según datos del Ministerio de Economía nipón. Solo un mes después de la prohibición, las ventas habían caído un 90%. Alineándose con el argumentario chino, Rusia también estableció un veto, además de acusar a Tokio de “falta de transparencia”. Aunque el Gobierno de Tokio y el OIEA hacen públicos datos del vertido y sus conclusiones, para la portavoz de Exteriores rusa, Maria Zajárova, no es suficiente. “[Japón] No ha cumplido; no garantiza la ausencia de una amenaza”, declaró hace unas semanas.

El Gobierno japonés valora esos vetos, que ve “carentes de base científica” y algunos de los cuales se mantienen desde el accidente, como una pieza más dentro de una estrategia de carácter híbrido. “Busca desestabilizar a la sociedad japonesa; abrir una brecha entre Tokio y vecinos estratégicos como Corea del Sur o Taiwán; o desviar la atención de asuntos como la ralentización de la economía china”, sostiene Maiko Ichihara, investigadora que ha analizado la influencia de Pekín en Japón. La experta en desinformación y manipulación data en 2021 ―cuando se anunció el plan de vertido― el inicio de “una campaña narrativa, cuyo principal actor es el Gobierno de China”. “Hay actores que han estado tratando de controlar el relato”, matiza.

Para ello han utilizado fotos falsas que muestran un cambio en el color del agua marina; publicaciones que hablan de altísimos niveles de radiación en mariscos y pescados, cuando los análisis no lo evidencian; o informaciones sobre los sobornos que el Ejecutivo nipón habría abonado al OIEA para obtener el visto bueno a su plan. Ichihara cita algunos medios, como Record China, clave en esta estrategia. “Continuamente, han escrito artículos polémicos sobre las relaciones entre Japón y Corea del Sur”, incide la también catedrática del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Hitotsubashi, antes de recordar las divisivas protestas convocadas en contra del plan en Hong Kong y, sobre todo, en Seúl, donde han sido multitudinarias.

El accidente nuclear de Fukushima fue, tras Chernóbil en 1986, el segundo más grave de la historia. Ese fatídico 11 de marzo de 2011, un terremoto bajo el Pacífico generó un tsunami que golpeó y dañó la central, gestionada por la empresa privada TEPCO (Tokyo Electric Power Company): cuatro de los seis reactores sufrieron daños, con varias explosiones de hidrógeno y fusiones de núcleo. La magnitud del suceso obligó a establecer una amplia zona de exclusión y a evacuar a casi medio millón de personas.

Tras más de 12 años de trabajos de desmantelamiento de las instalaciones, tres de los reactores dañados han sido sellados; el otro ―el número 1― es un amasijo de hierros desvencijados y corroídos. “Es la zona más contaminada de la central”, señala Kenichi ante la instalación, “no es humanamente posible trabajar ahí”. Hasta hace unas semanas, había que acceder con traje EPI. Ahora, es suficiente con las precauciones mencionadas y un dosímetro, que mide la radiación absorbida y alerta si se supera el límite. “Pi, pi. Pi, pi”, avisa el aparato tras menos de 10 minutos en las inmediaciones de la unidad más deteriorada: “Nos tenemos que ir”.

La debacle nuclear se produjo en medio de un maremoto furioso, con tormentas y grandes cantidades de vapor de agua. Tal cantidad de líquido en una zona contaminada radiactivamente, obligó establecer como prioridad el control del flujo hídrico. Así, se procedió a drenar los reactores; a canalizar la infiltración de las lluvias; y a aislar el subsuelo, inyectando gases a muy baja temperatura. Todo el líquido se fue recolectando y almacenando en tanques. “Los que usamos ahora tienen capacidad para 1.000 toneladas”, explica el técnico de TEPCO señalando varias hileras de depósitos. En agosto de este año, antes de iniciar la descarga, almacenaban en torno a 1,4 millones de toneladas de líquido contaminado; suficiente para llenar unas 540 piscinas olímpicas.

Además, la central sigue generando unas 90 toneladas diarias de agua radiactiva (por las lluvias, la condensación...), según la media del año pasado. Es decir, que el volumen de líquido no deja de aumentar, lo que plantea problemas de almacenaje. En 2021, el Gobierno de Japón —dirigido desde 1955 casi ininterrumpidamente por el conservador PLD (Partido Liberal Democrático)— anunció que, después de tratar y diluir el agua, iba a verterla al océano. Este primer plan de descargas, supervisadas por el OIEA y que se realizan por una tubería que desagua a un kilómetro de la costa, en aguas territoriales japonesas, se extenderá hasta 2025. Después, la operación proseguirá durante décadas, aunque aún no están estipuladas las fechas ni las cantidades vertidas en el océano.

Previamente, han pasado por el denominado “sistema avanzado de procesamiento de líquidos [ALPS, por sus siglas en inglés]”. Un tratamiento que elimina isótopos radiactivos como, entre otros, el Yodo o el Cesio-137. A pesar de este sofisticado proceso de limpieza, en el agua permanece un componente: el tritio (³H), molécula radiactiva imposible de eliminar, también presente en la naturaleza. De ahí que tras aplicar el ALPS, el agua se diluya: “El agua vertida muestra una concentración de tritio 50 veces menor que el tope para consumo humano que establece la Organización Mundial de la Salud”, remarcan desde TEPCO.

Tras estudiar el plan de Japón, el OIEA también se comprometió a llevar a cabo muestreos independientes del agua, del medio marino y de las especies animales de la zona. De hecho, mientras se desarrollaba la visita de EL PAÍS ―por invitación del Gobierno japonés― a la central, a mediados de octubre, un grupo de expertos del organismo recolectaba muestras. Hasta el momento, todas las pruebas concluyen que se están cumpliendo los valores acordados. También confirman ausencia de peligro los tests realizados a productos agrícolas y pesqueros encargados por la Prefectura de Fukushima, que ha estudiado más de 270.000 muestras tomadas entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2023.

En la lonja de Soma, a 50 kilómetros del complejo nuclear, un pequeño laboratorio analiza desde junio de 2012 ejemplares de peces y mariscos traídos por los pescadores. Acaban de arribar varias embarcaciones: lenguados y unos hinchados peces globo aún coletean en las cestas, antes de que empiece la subasta para su venta. “Los análisis se elaboran a primera hora de la mañana y a última de la tarde; se escogen especies diferentes, de manera aleatoria, y en un máximo de 30 minutos se obtiene el resultado”, explica Kyoichi Kamiyama, trabajador del centro de recursos pesqueros de la prefectura de Fukushima.

A pesar de ello, “la gente tiene miedo”, lamenta un vecino de Tomioka, una de las ciudades más cercanas a la central, a solo 12 kilómetros. Parte de esta urbe se ha pasado años desierta (reabrió parcialmente hace 6 años, aunque no ha sido hasta este año cuando se han podido recorrer todas sus calles), dentro de la zona de exclusión, que, debido a la dispersión de la radiación liberada tras el incidente, llego a extenderse por un área de 1.150 kilómetros cuadrados. En total, debido a la radiación y a las consecuencias del tsunami 470.000 personas debieron ser evacuadas. Actualmente, solo 300 kilómetros cuadrados de esa zona de exclusión permanecen inaccesibles y unas 30.000 personas aún tienen el estatus de desplazados, la mayor parte de ellos (el 90%) de la prefectura de Fukushima.

Después de derribar inmuebles, lavar la vegetación, y retirar kilos y kilos de suelo contaminado, en abril de este año, Tomioka ha reabierto sus calles. En muchas de las esquinas de la sosegada ciudad hay medidores de radiactividad para informar a los ciudadanos. “A mí no me gusta lo del agua. Me preocupa y, además, nos causa mala imagen. Lo hace todo complicado”, continúa en castellano el mencionado vecino. Prefiere no desvelar su nombre: “Aquí somos pocos; nos conocemos todos”.

Antes, esta ciudad contaba con algo menos de 20.000 habitantes; ahora, animados por un programa de subvenciones públicas, unas 2.000 personas han regresado a la localidad para repoblarla. “Mi familia, al igual que la de mi marido, eran de la zona”, cuenta Maya Endo, editora de 41 años y una de las retornadas a Tomioka. En 2011, sus padres fueron evacuados de ahí y aunque han rehecho su vida en otro sitio, ahora que su hija se ha instalado de vuelta, barajan el retorno. Edo habla desde una coqueta cafetería, de nueva construcción. “Justo aquí es donde estaba mi instituto”, detalla mientras hace un fallido intento por recordar la disposición del edificio, las aulas o el patio del centro escolar. “Toda la ciudad ha cambiado mucho”, agrega. ¿Por qué regreso? “No sé. Quizas en recuerdo a mis abuelos. Cuando reabrieron la ciudad, sentí una especie de llamada para volver, para implicarme y hacer algo por devolverla a la vida”.

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