El debate político y los vetos cruzados agrietan la política migratoria de la UE

La política migratoria de la UE no encaja. Las llegadas de personas que buscan refugio en Europa han vuelto a los niveles prepandemia y la situación en la isla italiana de Lampedusa, desbordada por las entradas de migrantes en las últimas semanas, ha agitado de nuevo las tensiones entre los Veintisiete en uno de los asuntos más divisivos del club comunitario, y ha llevado a los gobiernos a recordar la crisis migratoria de 2015, que casi fulmina la zona Schengen. Han pasado ocho años y otras crisis y la UE acelera ahora, este último curso de la legislatura, para sacar adelante el esperado pacto migratorio, que plantea un blindaje sin precedentes de las fronteras exteriores y el aumento de las fórmulas para la expulsión de migrantes irregulares. Un sistema criticado por organizaciones de derechos humanos que a la vez se enfrenta al veto de los Estados miembros más beligerantes contra la política común. Mientras, muchos de quienes llegan ansiando la seguridad de la Unión quedan atrapados entre los vetos políticos cruzados, en un sistema agrietado.

La pandemia de covid-19 paralizó la vida en muchos sentidos. También redujo las llegadas de migrantes. Ya no más: en agosto, más de 56.900 personas en situación irregular llegaron a la UE, según datos de un informe confidencial de Frontex (la agencia comunitaria de fronteras) con datos preliminares y al que ha tenido acceso EL PAÍS. En junio, fueron más de 30.000; ese mes, más de 83.000 personas pidieron asilo por primera vez en un país de la UE (un 25% más que el mismo mes del año anterior) y lo hicieron sobre todo en Alemania, España, Francia e Italia (entre todos, un 75% de las solicitudes), según los últimos datos de Eurostat.

“La narrativa de la política de inmigración europea de los últimos años ha alimentado la ilusión de que la inmigración cero es no solamente deseable, sino factible. Y no es ninguna de las dos cosas”, señala Camino Mortera, jefa de la oficina de Bruselas del Centre for European Reform. “Es un fenómeno imposible de frenar; la cuestión para la UE sigue siendo si quiere tener una gestión de flujos migratorios racional y que envíe un mensaje de control ―de quién está al mando― tanto a los votantes como a los países de origen y tránsito, y a las mafias de tráfico de personas”, plantea la experta en política comunitaria y temas de justicia e interior.

El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen, que en 2020 remarcó que el sistema vigente no funcionaba y presentó su propuesta de regulación migratoria común a través de un pacto “efectivo y humano”, ha ideado un modelo basado en dos patas: el convenio comunitario y una fórmula de acuerdos con países de origen y tránsito para evitar las llegadas a la Unión. Hoy, la inspiración principal es lo firmado con Túnez, país al que la Comisión Europea ha ofrecido asistencia económica —aspira a movilizar unos 900 millones de euros de financiación, aunque vinculada a que el Fondo Monetario Internacional apruebe su propio desembolso— para mantener a flote el país. También financiación para programas diversos (entre ellos, uno de control de fronteras), a cambio de que gestione las salidas, y que ha suscitado la controversia por las denuncias sobre las vulneraciones de los derechos humanos del Gobierno de Kais Said, de inflamada retórica contra los migrantes. También, por la forma en que se acordó, sin la necesaria aprobación previa de los Estados miembros.

El círculo pensado por Von der Leyen, sin embargo, está lejos de cerrarse. La primera pata —consta de cinco reglamentos—, que la experta del Centre for European Reform llama “el pacto cojo”, no se ha completado. Falta que los Veintisiete den luz verde al último capítulo, un instrumento legislativo para responder a las situaciones de “crisis y fuerza mayor” y que, según los últimos borradores que ha visto EL PAÍS, recoge también la “instrumentalización” de los migrantes por parte de un tercer Estado (como la presión migratoria de Bielorrusia sobre Polonia y los bálticos) dentro de esas situaciones especiales que permitirían a un miembro comunitario instaurar un régimen que eluda la política común.

Solidaridad común

Esta semana, el Parlamento Europeo, que ya cerró su postura sobre ese último fleco en abril, ha decidido, además, bloquear las conversaciones para convertir en legislación europea dos de los cuatro reglamentos que los Veintisiete ya acordaron, y que están en la fase final en la que representantes del Consejo (los Estados miembros), la Eurocámara, y la Comisión alumbran la normativa final (los llamados trílogos). Es una fórmula de presión: los dos capítulos bloqueados —de control y procesamiento de las solicitudes— son los más avanzados y los que “más interesan” a los Estados miembros, asegura el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, presidente del Comité de Libertades, Justicia e Interior de la Eurocámara.

En conjunto, el pacto migratorio establece el concepto de solidaridad obligatoria para que todos los Estados miembros compartan la gestión de los flujos que ahora, fundamentalmente, reciben los socios del sur —Italia, Grecia, España—, y regula cómo se recibe, procesa, o expulsa a los migrantes que se considera que no tienen derecho al asilo, y quién —y durante cuánto tiempo— tiene la responsabilidad sobre ese entramado legal que se abre cuando un recién llegado plantea una solicitud de refugio.

El sistema, contra el que claman Hungría y Polonia —que creen que la migración debe ser una cuestión solo nacional, pese a las fronteras comunes—, plantea unas cuotas de reubicación obligatorias para los países que no están bajo la intensa presión de las llegadas o que los Estados miembros que rehúsen acoger paguen 20.000 euros por cada solicitante de asilo rechazado para la bolsa común. También, nuevas fórmulas tecnológicas de registro a través de datos biométricos e incluso apuntala el concepto de “ficción de entrada”, que supone que la persona no ha cruzado la frontera hasta que los funcionarios hayan decidido procesar su solicitud. Una modalidad, dice la experta Kelly Soderstrom, que ha analizado el tema para el Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados (Ecre, por sus siglas en inglés), que “inhibe la movilidad de los solicitantes de asilo, el acceso a sus derechos y procedimientos, y aumenta el riesgo de devolución”.

Es algo similar al concepto de fortaleza. Pero en vez de muros, traza un sistema que hace que sea difícil e indeseable entrar. Los Veintisiete ―que se han enzarzado de nuevo en debates políticos sobre quién tiene la responsabilidad de acoger a quienes llegan mientras los solicitantes de asilo aguardan en centros saturados, muchas veces en muy precarias condiciones― van contra reloj. La presidencia española del Consejo de la UE se afana por encontrar puntos comunes para aprobar el reglamento de gestión de crisis, que también ha levantado las alarmas de las organizaciones especializadas y defensores de los derechos humanos.

El capítulo de crisis, asegura Stephanie Pope, asesora sobre inmigración y Unión Europea en Oxfam, “proporciona escenarios a los Estados miembros para derogar la ley de asilo de la UE, lo que corre el riesgo de convertirse en violaciones generalizadas de los derechos humanos contra los refugiados, sin responsabilidad alguna, y en una menor protección”. Ese reglamento, además, podría derivar en futuros debates en el Consejo de países que rehúsen adherirse a las normas de asilo y derechos humanos porque consideren que están enfrentando esos escenarios.

Voces críticas y reservas

Bélgica, Luxemburgo y Portugal han planteado reservas sobre el efecto de ese nuevo reglamento en los derechos de los solicitantes de asilo. Otros, como Hungría y Polonia, rechazan cualquier fórmula de regulación común y pueden dilatar la aprobación de este capítulo para evitar cerrar todo el pacto, que está planteado para que funcione en conjunto.

El eurodiputado López Aguilar, que destaca la enorme división dentro de la UE en torno al tema migratorio con acusaciones cruzadas entre los países de primera línea y aquellos que afrontan los movimientos secundarios (a los que se dirigen los migrantes mayoritariamente después, como Alemania o Países Bajos), habla de “deficiencias sangrantes” en la legislación actual.

Mientras, la Comisión Europea pugna por salvar el acuerdo con Túnez, la otra pata para frenar las llegadas. El memorando de entendimiento firmado con el presidente Said en una visita a su palacio no solo ha recibido enormes críticas y dudas legales y humanitarias. Además, la afluencia por la ruta que sale del país magrebí, la del Mediterráneo central, una de las más peligrosas y mortíferas, y que lleva fundamentalmente a Italia, no se ha reducido. En lo que va de año, las llegadas registradas por esa vía han aumentado un 115% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos europeos.

Tras la firma del memorando con Said, además, las cifras no han bajado. El dinero europeo que forma parte del acuerdo todavía no ha llegado a Túnez y el mandatario lo deja claro. Von der Leyen, que visitó la semana pasada Lampedusa junto a la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que se ha destacado por sus posiciones duras sobre migración, ha prometido que acelerará el envío de fondos a Túnez. Y en la isla italiana lanzó una advertencia: “Como parte de la comunidad internacional tenemos una obligación. La hemos cumplido y la cumpliremos, pero nosotros decidiremos quién viene a la UE y en qué circunstancias, y no los contrabandistas y traficantes”.

Bruselas culpa a las mafias de las tragedias en el mar y defiende estos pactos, que ya diseña para otros países como Egipto, según fuentes comunitarias. De hecho, un informe de Oxfam presentado esta semana muestra que la UE dedica más fondos de su presupuesto a reducir la inmigración hacia Europa que a planes para frenar la pobreza en los países de origen cuando se trata de dinero que se gasta en programas de migración, dice Stephanie Pope. Su informe ha identificado, además, que proyectos sobre migración financiados en Libia, Túnez o Nigeria están en riesgo de vulnerar regulaciones internacionales de ayuda.

El eurodiputado López Aguilar, muy crítico con el acuerdo con Túnez y con cómo se alumbró, echa de menos una estrategia común “coherente”. Tanto para los valores de la UE, como para el derecho internacional, el europeo, el marítimo, el humanitario. El que ejerció de ministro de Justicia de España en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2007) critica en cambio que “se percibe a una Von der Leyen cada vez más melonizada”, en referencia a las posiciones ultra de la primera ministra italiana.

Las amargas luchas entre Estados miembros por el asunto migratorio no cesan. E incluso permanecerán cuando se cierre el pacto migratorio, previsiblemente antes del final de la legislatura para evitar que la inmigración sea un tema en las elecciones europeas de junio, dice la experta Mortera. La realidad de una política migratoria común, con países que la boicotean como Polonia o Hungría, así como la viabilidad de Schengen deberá repensarse, además, de cara a la ampliación de la UE, dice la experta, que cree que podría derivar en un sistema de círculos concéntricos o un “mini-Schengen”, que no incluya a todos.

Ofrecer protección a los refugiados fue una de las vías con las que se alumbró lo que hoy es la UE, con las lecciones aprendidas de la II Guerra Mundial. La Unión de hoy, pese a que necesita inmigración y apuesta por un sistema regulado que no termina de despegar ni ofrece respuestas a la mayoría de los que huyen en busca de asilo, ya no parece transitar esa vía.

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