La UE llega a un acuerdo crucial que obliga a repartir una cuota de refugiados por todo el bloque comunitario

Tras años encallados en negociaciones y disputas, los ministros del Interior de los Veintisiete han alcanzado este jueves un acuerdo de enorme trascendencia que endurece la acogida de demandantes de asilo, pero también obliga a que una parte de los peticionarios de esa protección que recalan en la UE sea asumida por todos los países comunitarios, un elemento que hasta ahora había impedido cualquier acuerdo. Se trata de un pacto histórico que cierra dos de los últimos flecos del pacto migratorio, diseñado para fijar la nueva arquitectura de acogidas en el territorio comunitario.

El acuerdo sigue el espíritu de la “solidaridad obligatoria pero flexible” y establece que todos los países deben contribuir a la gestión de la migración. Las pautas consensuadas este jueves en Luxemburgo establecen un reparto de 30.000 solicitantes de asilo (el año pasado llegaron a territorio comunitario unas 180.000 personas en situación irregular) para reubicar entre todos los Estados miembros —repartidos por criterios de población y PIB—. Quienes rechacen acoger tendrán que contribuir a la cesta de solidaridad común con 20.000 euros por cada migrante no admitido; el objetivo es crear una hucha de 600 millones al año con esas aportaciones. Polonia y Hungría, países radicalmente opuestos a cualquier sistema de acogida obligatoria, han votado en contra del pacto, que también amplía de manera inédita las posibilidades de expulsión a los solicitantes rechazados a países diferentes del suyo de origen.

“Las regulaciones buscan el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad”, ha incidido durante la reunión Maria Malmer Stenergard, ministra de Migraciones de Suecia, el país que preside el Consejo de la UE este semestre y que ha coordinado la propuesta. “Es un acuerdo histórico”, ha remarcado la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser. Aunque las llegadas irregulares han pasado de 1,04 millones de personas en 2015 a unas 180.000 en 2022, la Unión Europea sigue buscando fórmulas para reducir los flujos. Y a los acuerdos con los países de llegada y una arquitectura para cuidar esa dimensión exterior, la Unión quiere sumar ahora la gestión interna en la que se contempla esa cuota de 30.000 personas reubicadas al año.

Las regulaciones acordadas este jueves son dos de los tres pendientes del pacto migratorio (sigue quedando el de gestión de crisis), que empezó a plantearse en 2021, después de que las políticas comunes saltaran por los aires por la crisis migratoria de hace ocho años, que desbordó a la UE y cimentó el crecimiento de partidos de extrema derecha que explotan el discurso antiinmigración. La fórmula —que pauta los criterios y trámites de las solicitudes de asilo— endurece las reglas de gestión de los flujos migratorios, impone periodos más cortos para el procesamiento de las peticiones y para la respuesta definitiva y plantea que haya topes en los canales de solicitud de asilo. Pero, sobre todo, plantea ese reparto de las cargas. “Es un paso para dotar a Europa de un sistema de asilo más justo, más eficaz y más solidario”, ha incidido el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.

Desde un principio, el Consejo planteó aprobar las regulaciones de asilo en la mesa de los ministros y por mayoría cualificada (no por unanimidad) y ha tratado a toda costa de que el tema no llegase a la cumbre de líderes del 28 de junio, donde impera la unanimidad. Así no afectaría el voto negativo de Hungría y Polonia, con Gobiernos iliberales que se oponen a la cuestión migratoria por sistema. Durante semanas, la clave la ha tenido Italia. Con el Ejecutivo ultra de Giorgia Meloni y las cifras de llegadas disparadas a sus costas —hasta abril recibió 26.800 inmigrantes irregulares, la mayoría desde Túnez, según ACNUR— sabe que sería difícil de hacer tragar en casa haber apoyado sin pelear al máximo cualquier norma que no parezca mucho más dura que la actual. Y nadie quiere un acuerdo que no tenga la bendición de Roma, en primera línea de llegadas migratorias, en una ruta de mucha afluencia y miembro del grupo de cinco países del Mediterráneo, según apunta una fuente diplomática.

Así que Italia ha obtenido algunas de las concesiones que reclamaba, como reducir un poco las cuotas de acogida y también el periodo de tiempo por el que un país se responsabiliza de las solicitudes de protección que presentan los migrantes arribados a ese territorio, que queda en dos años. Actualmente es un año, pero los países que reciben esos migrantes después, en lo que se denominan “movimientos secundarios”, como Alemania, Países Bajos o Dinamarca, presionaban para que fueran tres. Lituania, Malta, Bulgaria y Eslovaquia —que ha pedido excepciones para los países que más refugiados ucranios tienen acogidos—, se han abstenido.

Una de las voces más críticas con lo acordado ha sido la del subsecretario de Interior de Polonia, Bartosz Grodecki, que ha arremetido contra la idea de las contribuciones económicas —en casos excepcionales también se podrá contribuir con medios técnicos y logísticos cuantificables— a la cesta de solidaridad común para aquellos que no reubiquen. “No es solidaridad; son castigos, multas”, ha lanzado. “Este mecanismo no va a ayudar, sino que es una marcha atrás”, ha considerado.

Procedimientos de gestión por la vía rápida

Las normas —una vez aprobadas tendrán que negociarse con el Parlamento Europeo para obtener un texto final— obligarán a los Estados miembros a crear dos vías para atender las solicitudes de los recién llegados. Tras una primera criba, que deberá hacerse pronto, en un plazo aproximado de una semana, se enviará por el primer canal de gestión a aquellos migrantes que soliciten asilo y que provengan de países en guerra o en situaciones de peligro; por el segundo canal de solicitudes pasarán aquellos que provengan de un país con una tasa muy baja de reconocimientos de asilo. A estos últimos, las autoridades deberán responderles en 24 semanas (incluyendo el procedimiento de retorno). Tras ese tiempo, si su solicitud ha sido rechazada, podrán ser enviados a su país de origen o a un país tercero considerado seguro con el que tengan algún tipo de conexión, un punto que ha quedado abierto tras un día entero de negociaciones y varias propuestas, para satisfacer a aquellos que querían un abanico de posibilidades más amplio. Supone uno de los puntos decisivos del acuerdo.

Para apoyar la puesta en marcha de los nuevos planes, sobre todo para los procedimientos en las fronteras, la Comisión Europea inyectará un paquete de unos 1.000 millones de euros a los Estados miembros, ha afirmado la Comisaria de Interior, Ylva Johansson. “Cuando trabajamos juntos para gestionar la migración en la Unión Europea, todos salimos ganando”, ha dicho en Luxemburgo. “Si no estamos unidos perdemos todos”, ha añadido Johansson.

España ha logrado introducir en el texto una de sus principales reclamaciones: que sea menor (se ha fijado en 12 meses) el tiempo de responsabilidad sobre las personas que llegan a un país como resultado de las operaciones de rescate y salvamento (los rescatados en el mar, fundamentalmente). Operaciones, ha recordado el ministro Grande-Marlaska, que son una obligación del derecho internacional.

Los críticos del acuerdo han advertido de que los nuevos procedimientos acelerados pueden fomentar los centros de internamiento de migrantes superpoblados. Aunque los Veintisiete afirman que han diseñado el sistema de cuotas progresivas para evitarlo. Para expertas como Camino Mortera, responsable de la oficina de Bruselas del Centre for European Reform, las regulaciones y el diseño del pacto en sí no solucionan la situación actual. “Falta por acordar una serie de pasos necesarios y un mecanismo para las crisis de emergencia”, señala Mortera. “Va a ser cualquier cosa menos un pacto eficaz y efectivo”, añade.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.