Trump dice haber sido informado de que la justicia lo investiga por el asalto al Capitolio

El expresidente estadounidense Donald Trump ha anunciado este martes que ha recibido una carta del fiscal especial Jack Smith en la que este le informa de que está en el punto de mira de la investigación federal sobre los acontecimientos que condujeron al asalto al Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021.

En un mensaje publicado en su red social Truth en el que no aportó pruebas de la comunicación, el republicano sostiene que este trámite “casi siempre” conduce a una acusación o imputación formal. En su habitual estilo grandilocuente, Trump, según el mensaje, “el candidato republicano mejor situado” para las primarias de 2024 “con el 85,7%” de apoyos, “y liderando con mucha diferencia las encuestas [por delante] de Biden”, explica cómo el domingo por la noche, cuando estaba con su familia tras regresar de un acto de campaña en Florida, recibió “horripilantes noticias” del “desquiciado” Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia para casos clave que afectan al exmandatario, como este y el de los documentos confidenciales que guardaba en su mansión de Mar-a-Lago.

En la misiva, el fiscal comunica a Trump que es “OBJETIVO”, en mayúsculas en el mensaje del republicano, de una investigación y le da “un breve plazo de cuatro días” para reportarse “ante el gran jurado, lo que casi siempre significa ser detenido e imputado”. Sería la tercera imputación del expresidente en cuatro meses, tras la de la Fiscalía de Manhattan en abril por el pago de un soborno a una actriz porno y la de Florida en junio, por retener información clasificada tras abandonar la Casa Blanca. Se prevé que el exmandatario decline de nuevo la invitación a comparecer ante el gran jurado, como hizo en el caso de Nueva York.

Trump ha repetido el argumentario que esgrime para defenderse de la ofensiva judicial, acusando al fiscal especial de actuar a las órdenes del fiscal general del Estado, Merrick Gardland, y a este de hacerlo a petición del presidente Joe Biden, su “rival político número uno”. El exmandatario considera que este es un nuevo capítulo de la “caza de brujas” de la que dice ser objeto por parte de la Administración demócrata, para frustrar sus posibilidades de victoria el año próximo.

Le dio la razón, en parte, su principal rival en las primarias republicanas, Ron DeSantis. “Creo que lo que hemos visto en este país es un intento de criminalizar la política y tratar de criminalizar las diferencias. Si miramos a las instituciones, por desgracia, vemos como nuestro propio FBI y el Departamento de Justicia se han convertido en armas contra los estadounidenses”, ha respondido el gobernador de Florida a preguntas de los periodistas en un mitin de campaña en Carolina del Sur. DeSantis, no obstante, también ha dicho que Trump probablemente no hizo lo suficiente (debería haber “respondido con más fuerza”, dijo literalmente) para frenar a los asaltantes de la sede del Congreso. El también candidato republicano Vivek Ramaswamy, que defiende que todos los aspirantes del partido se comprometan a indultar a Trump si son elegidos, volvió a respaldarlo este martes.

Aunque la oficina de Smith ha declinado pronunciarse, de confirmarse el anuncio de Trump sería la segunda vez que el fiscal especial notifica al expresidente que es probable que se enfrente a una acusación, esta vez en relación con la investigación de carácter penal sobre los acontecimientos que condujeron al asalto del Capitolio por una horda de trumpistas. El primer aviso lo recibió en junio, por el manejo de material clasificado de seguridad nacional —los conocidos como papeles de Mar-a-Lago— después de dejar el cargo y su supuesta obstrucción a la justicia. Los abogados defensores y los fiscales federales han comparecido este mediodía en Florida ante la jueza federal de distrito Aileen Cannon, que instruye esta causa, en la que Trump afronta 37 cargos. Cannon considera demasiado prematura la fecha de mediados de diciembre propuesta por la fiscalía para el inicio del juicio, y se ha mostrado dispuesta a retrasarlo. La defensa de Trump solicita que se aplace hasta después de las elecciones, el 5 de noviembre del año próximo, para no afectar a su campaña, algo a lo que la acusación se niega.

Smith dirige la instrucción de ambos casos, que, junto con los supuestos intentos de pucherazo electoral en Georgia, constituyen los procesos más graves que Trump enfrenta tras su salida de la Casa Blanca. De todos ellos, la hipotética imputación por su papel en el asalto al Capitolio supondría la acusación más seria, aunque también la más difícil de probar, según los expertos. Ítem más, cualquier acusación en el Tribunal Federal para el Distrito de Columbia ―donde opera el gran jurado del 6 de enero― se produciría en una jurisdicción menos amable que la del condado de Palm Beach, en manos de una jueza nombrada por él y a la que este mismo lunes dedicó numerosos elogios, sembrando la duda sobre el proceso.

Además, Trump es investigado también por delitos fiscales (por irregularidades contables de su empresa, lo que ya le valió una condena por fraude fiscal a la compañía, aunque él eludiera los cargos) y otros de tipo más privado, aunque con posibles derivadas políticas, como su imputación por acallar con un soborno a una actriz de cine porno para evitar un escándalo que salpicara su candidatura a la Casa Blanca en 2016. En mayo pasado fue condenado, por la vía civil, a pagar cinco millones de dólares por abusar de la escritora E. Jane Carroll en los años noventa y por difamarla posteriormente. Las causas que coordina el fiscal Smith se instruyen por la vía penal, de ahí la gravedad de los casos.

No está claro con qué aspecto de la investigación sobre los esfuerzos para obstruir la transferencia de poder tras las elecciones de 2020 puede estar relacionada la previsible nueva imputación de Trump, es decir, cuál sería el cargo del que se le acuse. Al menos dos grandes jurados han estado escuchando la declaración de testigos sobre sus esfuerzos por mantenerse en el poder, y la investigación ha examinado una serie de esquemas que el magnate y sus aliados utilizaron para tratar de evitar ceder el poder al legítimo ganador de las elecciones, Joe Biden. Un gran jurado en el tribunal federal de Washington ha escuchado el testimonio de altos exfuncionarios de la Administración de Trump, como el exconsejero de la Casa Blanca Pat Cipollone y el antiguo vicepresidente Mike Pence. El yerno de Trump, Jared Kushner, compareció el mes pasado ante uno de los grandes jurados, según fuentes cercanas al caso citadas por The New York Times. Rudy Giuliani, que fue el abogado personal del magnate, también se entrevistó recientemente con los fiscales.

Según la declaración de los altos funcionarios, Trump, durante sus últimos meses en el cargo, les presionó con afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado. Todo ello condujo al asalto al Capitolio el mismo día que debía certificarse la victoria electoral de Biden, un trámite habitualmente protocolario que ese día situó a EE UU al borde de un golpe de Estado, como consideró en su día el comité especial del Congreso que investigó la asonada.

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