Donald Trump, imputado por el presunto pago de dinero negro a la actriz porno Stormy Daniels

Al final no ha sido ninguna de las grandes cuentas pendientes con la justicia la que ha acabado tumbando a Donald Trump, ni su papel en el asalto al Capitolio, ni el probado fraude fiscal de su emporio, condenado en diciembre en Nueva York; ni siquiera haberse quedado con documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca. El pago de dinero negro para tapar una aventura extramatrimonial en 2006, cuando su esposa Melania se recuperaba del nacimiento del hijo de ambos, será el motivo que lleve a Trump ante la justicia. Una causa menor en comparación con el resto, un simple asunto de alcoba, pero suficiente para hacer del republicano el primer mandatario de EE UU, activo o retirado, que se siente ante un tribunal. También el primer candidato presidencial, en su caso a la reelección en 2024, que arrastre cargos penales durante una campaña sobre la que se proyecta la sombra de la justicia.

Un gran jurado de Nueva York ha votado este jueves imputar al expresidente republicano en la causa por el pago secreto de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una supuesta aventura que, de conocerse, habría dinamitado sus aspiraciones presidenciales, dado que el presunto soborno abortó el escándalo en el tramo final de la campaña. El republicano, que ha negado repetidamente la relación, ha reaccionado de inmediato al anuncio con su consabida verdad alternativa, la de que es objeto de una “caza de brujas” por parte de sus rivales demócratas, ”estos matones de la izquierda radical”, como los ha definido este jueves en un mensaje publicado en su red social. “Esto es un ataque a nuestro país que carece de precedentes”, ha escrito, en virulentas mayúsculas, en Truth Social. “Estados Unidos es ahora una nación del tercer mundo en serio declive. ¡Qué triste!”.

La acusación concreta, con el sello de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, probablemente se anunciará en los próximos días. La causa se ha centrado en investigar la supuesta falsificación de los asientos contables de la empresa de Trump para hacer pasar el pago a la actriz porno por otra cosa. El entonces abogado del magnate Michael Cohen pagó a Daniels de su dinero, luego reembolsado por Trump y cuya empresa, la Organización Trump, registró como gastos legales. Eso es una falta castigada con una pena de hasta un año de cárcel, que pasa a ser un delito grave si queda probado que la operación fue instrumental en la comisión de otro crimen: por ejemplo, el de financiación irregular de una campaña electoral o el de conspiración para influir o impedir una votación.

Un escenario desconocido

La oficina del fiscal Bragg invitó a principios de este mes a Trump a testificar ante el gran jurado que ha investigado el supuesto pago, una señal de que la acusación era inminente. El republicano declinó la oferta, según fuentes de la Fiscalía. La imputación abre un escenario desconocido jurídicamente hablando, dado que ningún mandatario de EE UU, en activo o retirado, se ha visto en esta tesitura. También plantea un dilema existencial a su partido, ya dividido, a la hora de apoyar o rechazar a un candidato a la Casa Blanca en 2024 señalado por la justicia, aunque hasta ahora ha cerrado filas casi unánimemente en torno al magnate.

La policía ha dispuesto planes de contingencia en Washington y en Nueva York, sede del emporio de Trump, en previsión de protestas por parte de los seguidores del expresidente, tras el llamamiento realizado por este en su red social el pasado día 18. Ante la Fiscalía de Manhattan se han manifestado decenas de trumpistas, pero, a medida que se dilataba el supuesto anuncio de la imputación —teóricamente, según el anuncio del propio Trump, iba a ser el pasado martes 21—, resultaba difícil encontrar algún partidario entre el tropel de periodistas congregados.

Tras rechazar Trump la invitación de la Fiscalía, la presencia de su exabogado Cohen, que ha declarado repetidas veces este mes a puerta cerrada, y la de la propia Daniels hizo evidente la inminencia del procesamiento, que, sin embargo, volvió a dilatarse la semana pasada. Cohen, otrora hombre de confianza del magnate, fue condenado a prisión en 2018 tras declararse culpable en un tribunal federal de violar las leyes de financiación de la campaña por comprar el silencio de Daniels y de otra mujer durante su tramo final en 2016, entre otros delitos.

A principios de 2016, Cohen arbitró un pago a la exmodelo de Playboy Karen McDougal de 150.000 dólares por parte del editor del tabloide The National Enquirer, íntimo amigo de Trump y que se comprometió a no publicar la exclusiva. El republicano, que en esa época estaba casado con su actual esposa, Melania Trump, niega haber mantenido relaciones sexuales con ninguna de las dos mujeres. El antiguo editor del Enquirer fue hace unos días el último testigo del gran jurado.

Un año hasta el juicio

La agenda que se abre ahora ante el republicano desemboca en una fecha crucial, las elecciones presidenciales de 2024. Cualquier juicio se demoraría más de un año, según expertos legales, por lo que podría coincidir con el último tramo de la campaña. En caso de ser acusado formalmente, como parece, será el primer presidente de EE UU, activo o retirado, que se enfrenta a un proceso penal. Pero los casos penales en Nueva York tardan por término medio más de un año en avanzar desde la acusación al juicio, según fuentes de la Fiscalía del distrito de Manhattan. Eso plantea la posibilidad de un juicio en medio de la campaña, o incluso después de haberse celebrado las elecciones, aunque llevar a un presidente electo o en ejercicio a juicio por cargos estatales entra de lleno en un territorio jurídico inexplorado. Si fuera reelegido, no podría indultarse a sí mismo de cargos como los presentados por Bragg.

A corto plazo, la acusación implicaría que Trump viajara a la oficina del fiscal del distrito en el centro de Nueva York para entregarse. En los casos de alto nivel como este, los abogados del acusado y los fiscales suelen acordar una fecha y hora para evitar el sonrojo de una detención a domicilio; también se evita esposar al imputado con las manos a la espalda, optando por esposarle de frente. En un irónico giro de guion, y si Trump no accediera a entregarse, Ron DeSantis, gobernador de Florida y principal rival republicano de Trump, debería aprobar la demanda de extradición del imputado, que reside habitualmente en ese Estado, aunque expertos legales sostienen que su papel sería estrictamente administrativo.

Resulta paradójico que este caso sea el que más ha empujado al republicano a un tribunal, si se tiene en cuenta el resto de procesos en su contra: dos federales, por quedarse con documentos confidenciales y por su papel a la hora de instigar el asalto al Capitolio en 2021; otro por intentar subvertir los resultados de las elecciones de 2020 en el Estado de Georgia, y las causas paralelas por fraude fiscal en las fiscalías de Manhattan y Nueva York. El caso Stormy Daniels se deriva de la primera, pues se basa en un registro contable supuestamente fraudulento.

De hecho, en diciembre, la Organización Trump, nombre del emporio familiar, fue declarada culpable de fraude fiscal en un caso penal instruido también por la Fiscalía de Manhattan. En septiembre, la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, demandó a Trump y a tres de sus hijos adultos por lo civil por lo que describió como un fraude “excepcional”, un caso que podría generar sanciones de al menos 250 millones de dólares.

También llama especialmente la atención la dimensión explosiva que ha cobrado este caso, si se tiene en cuenta que estuvo a punto de entrar en vía muerta en febrero del año pasado tras la renuncia de dos de los principales abogados de la oficina de Bragg, recién llegado al puesto. La dimisión de quienes hasta entonces dirigían la investigación fue interpretada como un repliegue de la Fiscalía y tal vez un eventual archivo de la causa, pero nada más lejos de la realidad, como demuestra la imputación en un caso que se ha acelerado desde enero con la presentación de pruebas ante el gran jurado. Desde mediados de ese mes, el gran jurado ha venido reuniéndose cada lunes, miércoles y jueves a las dos de la tarde, hora local.

Es tan amplio el frente judicial que afronta Trump que el presidente Joe Biden nombró en noviembre a un fiscal especial, Jack Smith, para supervisar todas las investigaciones que le implican. En todos los casos, empezando por el de Daniels, el candidato republicano a la Casa Blanca en 2024 ha negado la mayor. Sobre el fiscal Bragg, demócrata, Trump escribió el pasado día 18 en su red social, Truth Social, que la oficina que dirige es “corrupta y altamente politizada”. Como tinta de calamar, ha arremetido también contra la fiscal del Estado de Nueva York, la también demócrata Letitia James, asegurando que es objeto de una “caza de brujas”, es decir, de una persecución política motivada por los intereses de la que fuera en su día candidata a gobernar Nueva York. A sus acusaciones habituales ha añadido este jueves la de “interferencia electoral” en una caza de brujas que, asegura el magnate, “acabará volviéndose en contra de Joe Biden”. El actual presidente no ha hecho pública aún su intención de presentarse a la reelección en 2024.

La supuesta motivación política que Trump y sus abogados echan en cara a Bragg y a James es el principal argumento en manos de los republicanos. Una munición que usan para exonerar de toda culpa a su jefe de filas y que puede ahondar en la polarización social y política del país que dejó como principal legado el exmandatario.

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