El presidente de la comisión que investiga el asalto al Capitolio: “El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Trump”
El comité presenta vídeos inéditos del ataque y pruebas de que personas cercanas al expresidente trataron de convencerlo para que dejara de difundir bulos sobre el robo electoral
Nada más empezar, Bennie Thompson, demócrata de Misisipi que dirige la comisión que investiga el ataque al Capitolio, se lanzó el jueves por la noche directo al grano: “El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado de Donald Trump”, sentenció. Luego, tras el turno de una aún más tajante Liz Cheney (congresista republicana de Wyoming, que denunció un “plan en siete partes” del expresidente para “mantenerse en el poder”), se emitieron los vídeos “nunca vistos de la insurrección”. Y la docena de miembros de la Cámara de Representantes presentes como público al fondo de la sala empezaron a revolverse en sus sillas. Llegaron aquel día de principios de 2021 dispuestos a certificar el traspaso pacífico de poderes entre Trump y Joe Biden y acabaron escondidos de la turba para salvar sus vidas.
Al revivir aquellas horas con nuevas imágenes, montadas con pulso cinematográfico, el puñado de legisladores movían la cabeza, se tapaban las caras con las manos y apartaban la vista del inquietante metraje recopilado durante una investigación que ha durado 11 meses e incluye un millar de entrevistas y la revisión de unos 140.000 documentos. La demócrata Pramila Jayapal (representante por el Estado de Washington) no podía contener el llanto, y, a su lado, su compañera de partido Cori Bush (Misuri) le prestaba un pañuelo para secarse las lágrimas. Después, Jayapal dijo a EL PAÍS: “Nosotros estábamos allí, sabemos lo cerca que estuvimos de perder nuestra democracia. Y sabemos también lo cerca que estamos aún de que eso suceda. Es importante que el trabajo de esta comisión dé sus frutos“.
La primera de las seis sesiones en las que sus miembros (siete demócratas y dos republicanos) quieren compartir esos frutos con el público había comenzado poco después de las 20.00, horario de máxima audiencia para las cadenas de televisión que la emitieron con una puesta en escena que recordaba conscientemente a otros trances dramáticos de la historia reciente de Estados Unidos, como el Watergate (1973) o el escándalo Irán-Contra (1987). “El mundo nos está contemplando”, dijo Thompson con ese gusto tan estadounidense por la épica. “No podemos barrer lo que pasó debajo de la alfombra. El pueblo merece respuestas”, añadió.
Thompson se presentó como un ciudadano estadounidense con “un juramento constitucional”, que exige la protección de Estados Unidos tanto de las amenazas externas como de las internas. “Ese juramento se puso a prueba aquel día”, afirmó, antes de acordarse de los miembros de las fuerzas de seguridad que trabajaron para contener el 6 de enero del año pasado a la turba. Algunos de ellos estaban presentes en la sala.
Después, fue el turno de Cheney, vicepresidenta de la comisión y una de los dos congresistas republicanos que forman parte de ella. Cheney, proscrita en su partido por oponerse abiertamente a Trump y a la Gran Mentira del robo de las elecciones de 2020 ―un fraude que el expresidente aún sostiene sin pruebas y que creen amplios sectores de la población―, lanzó un mensaje a sus correligionarios “que defienden lo indefendible”: “Llegará un día en el que Trump será historia, pero vuestro deshonor permanecerá”.
La congresista demostró entonces, con ayuda de documentos como tuits o mensajes de correo electrónico y con vídeos de testimonios recogidos durante la investigación, que el expresidente republicano y los suyos difundieron “deliberadamente” en los meses previos a la insurrección el bulo del robo electoral, pese a que casi todos sabían con certeza que era eso, un bulo.
Muchos de sus colaboradores y miembros destacados del Departamento de Justicia, como el fiscal general William Barr, que llegó a definir, antes de abandonar el cargo, como “una gilipollez” la idea de que le habían robado la presidencia, le dijeron insistentemente al magnate que no había base para sus conspiranoias. Pese a lo cual, Trump siguió empeñado en presionar a funcionarios de lugares como Georgia para que volvieran a contar los votos. Tampoco dejó de apretar a su vicepresidente, Mike Pence, al que pidió que no lo defraudara y que impidiera el traspaso de la presidencia, por la vía de no validarlo con el poder que supuestamente le otorgaba su cargo. Eso, dijo Cheney, “no solo era equivocado, sino ilegal e inconstitucional”. El 6 de enero, los asaltantes marcharon al grito de “Colguemos a Mike Pence”. Trump estuvo de acuerdo con la idea, según se desveló el jueves. “Se lo merece”, dijo.
Con el primer aperitivo de la montaña de pruebas quedó claro lo que la comisión pretende demostrar: que el 6 de enero no fue un día en concreto, durante el cual Trump arengó para que marcharan sobre el Capitolio a quienes habían acudido a un mitin en el que, les prometió, “algo grande” iba a pasar, sino que fue la culminación ―“el final de un camino”, como lo definió Thompson― de meses de una maquinación sin precedentes para lograr mantenerse en el poder. Un plan que fue “orquestado” de principio a fin por un mandatario con delirios de autócrata.
Y eso, se insistió una y otra vez, pese a que sus personas más cercanas trataron de disuadirlo. Pensaron incluso en invocar la Vigesimoquinta Enmienda de la Constitución, que prevé que el vicepresidente sustituya al presidente en ciertos contados casos, como la muerte, la renuncia o la incapacidad para ejercer el cargo. Entre el material conocido el jueves destacó una grabación de Ivanka, hija de Donald Trump, en la que se la oye distanciarse del padre y ponerse del lado de Barr en su apreciación de que lo del robo electoral no era sino una tontería. También hubo ocasión de escuchar al yerno, Jared Kushner, que definió como “gimoteos” las amenazas de dimisión de la consejera del presidente Pat Cipollone en los días previos al 6 de enero. Esas amenazas hablan para la comisión con elocuencia de la tensión que se vivió en la Casa Blanca en esas fechas.
El jueves también quedó demostrado que Trump desoyó el 6 de enero los ruegos de sus asesores y de otras personas afines —como Sean Hannity, locutor de Fox News (cadena que no retransmitió la audiencia)― para que hiciera algo por parar a los suyos, durante las horas en las que tomaron por la fuerza la sede de la democracia estadounidense. El aún presidente asistió desde el Despacho Oval y por televisión a un espectáculo en el que la violencia campaba ya a sus anchas. Ese día murieron cuatro personas, todas simpatizantes de Trump, y en las jornadas siguientes, otras cinco más, miembros de la policía.
Trump publicó horas antes del comienzo de la sesión del jueves un comunicado en el que definía el 6 de enero como “algo más que una protesta”. “Representó el mayor movimiento en la historia de nuestro país para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, escribió.
La audiencia —a la que seguirá la segunda el lunes― continuó con el testimonio en la sala de alguien que estuvo en primera fila, Caroline Edwards, una agente de la policía del Capitolio que, como 150 de sus compañeros, resultó gravemente herida ante el empuje de los alborotadores favorables a Trump y de miembros de grupos de extrema derecha, como los Proud Boys (Muchachos orgullosos) o los Oath Keepers (Guardianes del juramento), que se citaron ese día en la Capital Federal.
El relato de Edwards, que sufrió durante el ataque daños cerebrales de los que aún no se ha recuperado, fue desgarrador: “Había agentes sangrando por todas partes; otros vomitaban. Me resbalaba con la sangre de los demás. Asistí a una carnicería y al caos. No puedo siquiera describir lo que pasó. Ni en mis sueños más salvajes pensé que me vería en mitad de una batalla como esa. Fueron horas y horas de un combate cuerpo a cuerpo para el que yo no estaba entrenada como policía. Era una zona de guerra absoluta”.
El cineasta británico Nick Quested fue otra de las piezas fundamentales del puzle de la primera noche. Quested siguió a los Proud Boys en los meses previos a la insurrección con idea de filmar una película. Y fue testigo de una reunión el 5 de enero entre el líder de estos, Enrique Tarrio, y el fundador de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, en un aparcamiento de Washington, a pesar de la orden judicial de alejamiento del Distrito de Columbia impuesta a Tarrio como consecuencia de un arresto anterior. Varios miembros de ambas milicias han sido acusados por la justicia de rebelión sediciosa. El día del ataque, Quested observó cómo los “manifestantes se convirtieron en alborotadores y finalmente protagonizaron una insurrección”.
En los vídeos proyectados por la comisión, se vio también a unos cuantos de los participantes en el 6 de enero recordar que durante esos meses se vieron sometidos a algo bastante parecido a una sesión de hipnosis política. Robert Schornak, condenado a 36 meses de libertad condicional por su participación en los hechos, declaró en un interrogatorio que Trump le “hizo creer que le habían robado las elecciones”. Y después añadió: “A mí, él solo me ha pedido dos cosas: que lo votara, y que viniera a defenderle a Washington el 6 de enero. Hice ambas”.
Cuando Thompson levantó la sesión, el congresista demócrata por Maryland Jamie Raskin, uno de los miembros más activos de la comisión, bajó del estrado con un ejemplar de bolsillo bajo el brazo de El sentido común, clásico fundacional del mito de la nación estadounidense, publicado por Thomas Paine en 1776, y definió lo que, a su juicio, resume la gravedad del ataque al Capitolio, antes de recordar que su trabajo no es el de un tribunal, y que ellos no pueden encausar a nadie: “Lo peor fue la combinación de la naturaleza devastadora de la violencia y la amplitud de una trama basada en una mentira absoluta”.
Después, Raskin ofreció palabras de consuelo a la agente Edwards y al policía Harry Dunn, un hombretón de casi dos metros que llevaba una camiseta en la que se había hecho imprimir la definición tuneada de la palabra “insurrección”. La primera acepción decía: “Levantamiento violento contra una autoridad o un Gobierno”. La segunda se limitaba a formular una fecha: “6 de enero de 2021″.
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