El incendio de la ‘banlieue’ tensa Francia de nuevo

Cuando Francia parecía calmarse, tras un invierno de crisis política y manifestaciones contra la reforma de las pensiones, vuelve a tensarse. Y lo hace reabriendo una de esas fracturas francesas que nunca acaban de cerrarse. Es la fractura de la banlieue, los extrarradios multiculturales y empobrecidos, poblados por hijos y nietos de inmigrantes del Magreb y el África subsahariana que, en muchos casos, se sienten ciudadanos de segunda y albergan un resentimiento persistente hacia sus instituciones y en particular hacia la policía.

La muerte, por el disparo de un agente de tráfico, de un joven de 17 años en Nanterre —ciudad de 93.000 habitantes en el extrarradio occidental de París— ha encendido de nuevo la banlieue. Todo fue filmado: Francia y medio mundo lo han visto. Unos 40.000 policías y gendarmes se desplegaron el jueves durante una tercera noche de disturbios en el extrarradio de ciudades y pueblos de todo el país.

Las fuerzas del orden detuvieron a 875 personas; 249 policías y gendarmes resultaron heridos, según el Ministerio del Interior, que cifró en 79 las comisarías atacadas, por 119 edificios públicos, entre ellos, 34 ayuntamientos y 28 colegios. Los agitadores llegaron por primera vez al centro de París, donde saquearon un comercio de Nike y otro de Zara, informa Le Monde. Las autoridades de Marsella, Lyon e Ille de France, donde se ubica París, han informado de que el transporte público será interrumpido a última hora de la tarde, entre las siete y las nueve, por motivos de seguridad.

Este es hoy un país socialmente al borde del ataque de nervios. Y políticamente. El presidente, Emmanuel Macron, que este viernes presidirá por segundo día consecutivo una célula de crisis con varios ministros, llama a la calma, la oposición de izquierda se niega a respaldarlo y dice que lo que hace falta no es llamar a la calma sino a la justicia. Y la extrema derecha intenta erigirse en abanderado de la policía y clama por el estado de excepción.

“Que todo se queme”, desea Léna Benahmed, estudiante de 22 años, de origen tunecino, rubia y de ojos azules. Para ella, “todo va bien”: nunca ha sufrido racismo. “Que todo arda”, insiste.

Benhamed asistía con una amiga a la marcha convocada en Nanterre el jueves por la madre de Nahel (o Naël), el menor fallecido el martes al volante de un Mercedes. La policía había ordenado al muchacho detenerse. Nahel, hijo único de una madre que lo educó sola y un buen chico, según sus allegados, arrancó igualmente. El agente disparó. Ha sido imputado por homicidio voluntario y ha ingresado en prisión.

“Si estamos aquí, en esta manifestación, es para apoyar a la familia”, añadió la estudiante de origen tunecino. “Pero por la noche hay que incendiar para darle la vuelta al sistema: es la única manera de lograrlo”.

Era un mensaje repetido en una manifestación a la que asistieron 6.200 personas —una cifra significativa, por haber sido convocada con un día de antelación, en horario laboral, y en una ciudad pequeña, en vez del centro de París— y que terminó con incidentes entre algunos manifestantes y la policía.

“Seguiremos quemándolo todo”

—Si ellos continúan, nosotros también.

Quien habla es Diarra, un muchacho de 18 años, que asiste a la manifestación con su amigo Elomri, de 17. Uno, francés negro; el otro, francés magrebí. ¿Y quiénes son los “ellos” de quien habla Diarra? ¿Quiénes “nosotros”? Ellos: la policía, las autoridades, el poder. Nosotros: los franceses del extrarradio.

Precisa Elomri:

—Si ellos continúan matando a nuestros hermanos, nosotros seguiremos quemándolo todo.

La violencia política nunca ha sido tabú en Francia, país de tradición revolucionaria y donde las barricadas están casi inscritas en las letras fundacionales de la República. Pero el desafío se expresa ahora sin complejos y encuentra eco en la política parlamentaria. Dijo Jean-Luc Mélenchon, jefe de la izquierda radical: “Los perros guardianes nos ordenan llamar a la calma. Llamemos a la justicia”. Y concurrió Marine Tondelier, líder ecologista: “La calma no se decreta, se construye”.

Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, acusa a la izquierda de “llamar al desorden y a la violencia”, y considera que Macron elude sus responsabilidades constitucionales “por miedo a los disturbios y, de esta manera, contribuye a agravarlos”.

La fractura es política. Y Macron hace equilibrios. De un lado, empatiza con la familia y comprende la cólera por la muerte de Nahel. Del otro, evita dejar al pie de los caballos a policías y gendarmes: un colectivo que se declara agotado después de sucesivas crisis de orden público —los atentados, los chalecos amarillos, las protestas contra la reforma de las pensiones— y lleva años quejándose por tener que afrontar desacatos y violencias cotidianas.

“La muerte de un joven impone calma y recogimiento”, dijo el jueves el presidente. “Las últimas horas han estado marcadas por escenas de violencia contra comisarías, pero también escuelas y alcaldías. Es decir, en el fondo, contra las instituciones y la República, y son absolutamente injustificables”.

“Hay gente que aprovecha la situación para romperlo todo y para robar: lo denuncio”, dice por teléfono Nadir Kahia, de la asociación Banlieue Plus, en el municipio de Gennevilliers, al norte de París, también golpeado por los disturbios esta semana. “En la banlieue”, continúa, “hay un malestar, y este malestar existe desde hace 40 años. En los años sesenta y setenta se construyeron barrios de viviendas para responder a un problema económico: se necesitaba mano de obra, inmigración. Se hizo venir a mucha gente y esta gente tuvo hijos. Estos hijos son franceses, pero no se sienten franceses, porque el Estado nunca les ha considerado como tales y no ha resuelto los problemas de fondo: la educación, la vivienda, las desigualdades, las discriminaciones, la violencia policial”.

La fractura es policial. Un informe del Defensor del Pueblo publicado en 2020 señaló que un 80% de “jóvenes percibidos como negros o árabes” declaraban haber sido controlados por la policía o los gendarmes entre 2012 y 2017, frente a un 16% del resto de la población.

Francia, además, ha sido señalada repetidamente por ONG y organizaciones internacionales como el Consejo de Europa por las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. La excepción francesa es doble: una policía con el gatillo fácil y, a la vez, una parte de la ciudadanía que, en las manifestaciones, recurre con facilidad a la violencia (o la comprende), o que en incidentes cotidianos encuentra natural en ocasiones encararse con la autoridad.

Un debate se ha abierto sobre la posibilidad de revisar la ley de 2017 que permitía usar la fuerza en circunstancias que no respondían rigurosamente a la legítima defensa. Decía la ley: “Cuando [los agentes] no logran inmovilizar salvo a través del uso de las armas, vehículos, embarcaciones u otros medios de transporte, cuyos conductores no acatan la orden de detenerse y cuyos ocupantes son susceptibles de perpetrar, en la huida, atentados contra su vida o integridad física o la de los demás”.

Desde la entrada en vigor de la ley, según el sociólogo Sebastian Roché, autor de De la police en démocratie (Policía en democracia), ha aumentado el número de muertes por disparos policiales cuando un conductor se negaba a detener su vehículo. “Solo en junio ha habido dos tiros mortales”, dice Roché. “No es Brasil, pero para una democracia occidental es enorme.”

En la manifestación de Nanterre, una mujer decía: “Confiamos en nuestras instituciones”. Se llama Zahera Bensaad, tiene 54 años, llegó hace 30 a Francia de Argelia, tiene hijos de 17, 22 y 28. Y afirma: “La pena de muerte fue abolida hace mucho tiempo, y ahora revive para un joven simplemente por no tener permiso de conducir”.

Pero Bensaad rechaza la violencia y, al inicio de la marcha, esperaba que la madre de Nahel hiciera un llamamiento a la calma. No sucedió.

“La violencia no le devolverá a su hijo”, argumentó. “Si esto continúa, será la guerrilla”.

La situación recuerda al levantamiento de 2005, que se originó en la muerte de dos jóvenes perseguidos por la policía y duró tres semanas. Aquella fecha ha obsesionado desde entonces a los gobernantes de todo signos, aterrorizados por evitar que se repita. Quizá ha llegado el momento, aunque nunca nada es igual. Una mecha ha prendido y nadie sabe cuándo ni cómo acabará.

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