Evan Gershkovich, el periodista de EE UU que pasó de contar la represión de Putin a ser víctima de ella

El 30 de marzo, varios hombres de los servicios de espionaje rusos se aproximaron al periodista estadounidense Evan Gershkovich en un restaurante de la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, donde el corresponsal de The Wall Street Journal había estado trabajando en otro artículo sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Le colocaron una tela en la cabeza para sacarlo del local y se lo llevaron detenido, según varios testigos citados por la prensa local independiente. Horas más tarde, Gershkovich, de 31 años, fue trasladado a Moscú bajo cargos de espionaje.

El arresto, que ha puesto bajo el foco de nuevo la situación en Rusia, podría haber sido una de las muchas historias que Gershkovich habría cubierto en un país que persigue al periodismo independiente, trata de controlar a los medios de comunicación y que siembra de ruido el espacio informativo internacional para diluir las mentiras entre la verdad y donde informar de la realidad —y más acerca la invasión rusa de Ucrania— supone un riesgo; sobre todo para los periodistas rusos.

Gerschkovich permanece en prisión preventiva en la infame cárcel moscovita de Lefortnovo. Es el primer reportero estadounidense encarcelado por cargos de espionaje en la Rusia moderna. El último caso similar fue en 1986, cuando Nicholas Daniloff fue arrestado en la Unión Soviética. El periodista del Wall Street Journal, hijo de una pareja judía que emigró desde la Unión Soviética a Estados Unidos, y que llegó hace unos años a Moscú, donde había trabajado en The Moscow Times, la agencia AFP, The New York Times y en The Wall Street Journal, documentó la cada vez mayor represión del régimen de Putin. “Informar sobre Rusia ahora también es una práctica habitual de ver a las personas que conoces encerradas durante años”, tuiteó el reportero en verano.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, afirmó solo un día después de su arresto que el periodista había sido cazado “con las manos en la masa”. Una reacción rápida que supone otra muestra de que el Kremlin manejó junto a sus servicios de inteligencia (en este caso el FSB, heredero del KGB) la detención del estadounidense, según un funcionario de inteligencia occidental que ha trabajado durante años en Rusia.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, lanzó además una velada amenaza contra otros informadores tras la detención de Gershkovich. “Desafortunadamente, esta no es la primera vez que el estatus de ‘corresponsal extranjero’, la visa periodística y la acreditación son utilizados por extranjeros en nuestro país para encubrir actividades que no son periodísticas”, acusó. “No es la primera vez que un conocido occidental es atrapado in fraganti”.

Gershkovich estaba acreditado como corresponsal internacional en Rusia, una credencial para la que hay que obtener la aprobación del Ministerio de Exteriores y que no es ni mucho menos inmediata. Además, los corresponsales acreditados están bajo el paraguas de “tutores” del Ministerio de Exteriores que siguen su trabajo y hay una gran red burocrática que va recopilando datos de los reporteros extranjeros: desde el registro de residencia hasta pruebas médicas anuales.

The Wall Street Journal, que se ha movilizado intensamente para lograr la libertad de su reportero, ha negado “vehementemente” todos los cargos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado a Gershkovich “injustamente detenido”, una etiqueta que amplía las herramientas de presión para su excarcelación. Y el presidente de EEUU, Joe Biden, ha asegurado que arresto es “totalmente ilegal”.

Su caso ha causado una oleada de indignación y solidaridad en gobiernos occidentales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación de todo el mundo, que han exigido al Kremlin su liberación. También, entre los periodistas independientes rusos. Decenas de ellos, como el premio Nobel de la Paz Dmitri Muratov, han firmado una carta criticando a los servicios del espionaje rusos y sus ataques contra la libertad de prensa en la que reclaman la excarcelación Gershkovich.

15 años de prisión por informar sobre la invasión

Pocos días después de que Rusia invadiera Ucrania, hace ya 14 meses, el Gobierno autócrata de Vladímir Putin aprobó una ley que amenaza con hasta 15 años de prisión a quien publique información sobre la invasión que las autoridades consideren falsa y amenaza con cargos a quienes llamen guerra a lo que el Kremlin denomina “operación militar especial”. Y a esta ha ido añadiendo otras normas para dificultar informar sobre la guerra en Ucrania. Una veintena de periodistas permanecían en prisión en Rusia en diciembre de 2022, según los datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés). Rusia está en el puesto 155 entre 180 del índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras.

El país euroasiático, donde se han registrado no pocos casos de informadores atacados y asesinados y en el que el Kremlin lleva años acosando a la prensa libre y moviéndose para que empresarios afines tomen el control, uno tras otro, de los medios no estales, está tradicionalmente en la peor parte de la escala.

Muchos corresponsales extranjeros —sobre todo anglosajones— se marcharon de Rusia con aquellas leyes represoras en los primeros compases de la invasión y algunos otros suspendieron sus actividades en el país durante semanas. Pero la mayoría de los reporteros internacionales que queda ha continuado definiendo la guerra como lo que es, aunque con un acceso todavía menor a la información oficial y con el conocimiento de que el acceso a las fuentes independientes pone a estas en riesgo si no se toman las medidas adecuadas para protegerlas.

La realidad es que la deriva autoritaria contra la prensa libre lleva años enfocada hacia los informadores rusos. Como el caso de María Ponomarenko, condenada a seis años de cárcel por un tribunal siberiano por escribir un comentario en las redes sociales sobre el ataque ruso que mató a cientos de personas que se refugiaban en el Teatro Dramático de Mariupol, en Ucrania. O el de Ivan Safronov, condenado el año pasado a 22 años de prisión por cargos de alta traición que las organizaciones de derechos humanos han definido como falsos.

“Solo los ciudadanos rusos pueden ser arrestados por traición, mientras que los cargos de espionaje están reservados para los extranjeros”, señala Ksenia Mironova, periodista del medio independiente Dozh y pareja de Safronov. En un artículo de opinión en The Moscow Times, Mironova apunta que las autoridades rusas pueden hallar una manera de encarcelar a quien sea, aunque ser acusado de espionaje o de traición es “una píldora especialmente difícil de tragar”.

Las autoridades rusas llevan mucho tiempo haciendo una interpretación elástica de las leyes. Los casos de espionaje suelen llevarse en secreto, pero puede significar muchas cosas: desde recopilar información (pública o no) para una organización extranjera que el Kremlin considere que amenaza su seguridad hasta trabajar como espía de verdad.

La represión ha empeorado, además, en lo que va de año. OVD info, una organización de derechos humanos y que lucha contra la persecución política, ha contabilizado 10 casos de acusación de espionaje y traición solo en el mes de marzo; entre ellos el del periodista Gershkovich. Las abogadas de la organización explican que el número de personas condenadas a cárcel por cargos relacionados con la guerra va en aumento, aunque las cifras no son concretas, ya que muchos juicios son secretos.

El International Press Institute (IPI) ha documentado más de 600 amenazas o violaciones a la libertad de prensa en Rusia desde el comienzo de la guerra, incluidos más de 300 casos en los que periodistas y medios se enfrentaron a multas, prohibiciones de publicación u otras medidas administrativas por informar sobre la guerra, según un informe del IPI. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, más de 260 publicaciones han sido cerradas, bloqueadas o canceladas en Rusia, según informaciones de Novaya Gazeta, el diario independiente dirigido por el Nobel Muratov al que las autoridades rusas revocaron la licencia el año pasado.

Lo sucedido con Gershkovich muestra dos patas de la realidad de Rusia. Por un lado, es el enésimo ataque contra la libertad de prensa, un aviso a periodistas rusos y extranjeros de que nadie está a salvo. Por otro, supone una muestra más del uso habitual del Kremlin de una política de toma de rehenes para presionar a grupos, entidades o gobiernos y, en muchas ocasiones, intercambiarlos por sus propios nacionales, señala en un comentario la analista Tatiana Stanovaya. Como en el caso de la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, que estaba detenida por poseer aceite de cannabis y fue intercambiada por el traficante de armas ruso Viktor Bout.

El arresto del corresponsal de The Wall Street Journal fue un shock para muchos colegas rusos, reconoce Anna L., que informa en un canal informativo de Telegram sobre Rusia y que por temor a represalias prefiere ocultar su apellido. La periodista sigue en el país euroasiático, de donde muchos de sus compañeros se han marchado por la persecución de las autoridades.

El medio online en ruso Meduza, fundado en Letonia y uno de los más conocidos dentro de Rusia, fue declarado hace dos meses “organización indeseable”, lo que dificulta su acceso a las fuentes, los lectores y los donantes. Uno tras otro, medios de comunicación independientes, grandes y pequeños, han tenido que cerrar o trasladar sus redacciones al extranjero. O diluirse “de la forma más anónima posible” en el espacio virtual de Telegram, señala la periodista, donde se informa la ciudadanía rusa que huye de la dieta de propaganda que emiten los medios de la órbita del Kremlin. Pocos creían que el Gobierno ruso actuaría de esa manera, con un cargo tan grave como el de espionaje, contra alguien de un medio extranjero.

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