Jonathan Bock: “En Colombia estamos ante desiertos de información con altos niveles de autocensura”

Pese a todo tipo de presiones, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) lleva 24 años defendiendo la labor de los periodistas en Colombia, un país azotado por distintas violencias donde el oficio sigue siendo una profesión de alto riesgo. Jonathan Bock, director de la Flip, conversa con EL PAÍS sobre un reciente episodio de censura, las amenazas al derecho a la información y el clima de la libertad de expresión en el país.

Pregunta. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa la libertad de prensa en Colombia?

Respuesta. Creo que se juntan dos fenómenos –uno que es una herencia vieja y otro que es algo novedoso– que atacan a la libertad de expresión. La herencia vieja es la reactivación de la violencia, y en Colombia desde que se firmaron los acuerdos de paz [a finales de 2016] hasta hoy, hemos visto cómo se han duplicado las amenazas contra los periodistas. Esto nos lleva a tener un mapa de Colombia con muchos puntos ciegos en Putumayo, Nariño, Arauca, Cauca, donde no conocemos qué está sucediendo, quiénes son los nuevos actores armados ni tenemos una radiografía clara y detallada de las distintas redes que están afectando a las comunidades en todos esos lugares. Esa herencia vieja viene acompañada no solo de una violencia física, sino de una presión de distintos actores. Actores legales como alcaldes, funcionarios públicos, empresarios, que buscan presionar a los medios de comunicación.

P. ¿Cuál es el fenómeno más reciente?

R. Es muy difícil desligarlo de lo que está sucediendo en otros países de América Latina y lo que podríamos llamar un ‘efecto Trump’, y es el desprecio por parte de funcionarios hacia los periodistas y hacia la prensa. Un desprecio directo, guardando las proporciones, como lo hace el presidente Trump señalando los medios de comunicación. Aquí cada vez vemos que los líderes políticos más representativos no se sonrojan cuando señalan a los periodistas de desinformar, y van colgando etiquetas que generan un estigma general hacia los medios. Es un daño que termina siendo irreparable porque pone también a la sociedad en contra de los periodistas, a los mismos periodistas en contra de los periodistas, y va calando muy hondo. Es un efecto que va erosionando de manera más silenciosa.

P. Usted ha dicho que el periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo en Colombia, ¿Cuáles son los principales peligros?

R. La violencia física. Hemos visto desde el 2018 cómo a periodistas que van a cubrir lo que sucede en el Cauca, por ejemplo, los amenazan y les impiden hacer el cubrimiento y les toca salir. Hay periodistas que han tenido que exiliarse. Hay amenazas que llevan a que definitivamente dejen de lado la historia que están cubriendo y enfoquen hacia otro lugar. En Colombia estamos ante muchísimos puntos ciegos, ante desiertos de información donde el nivel de autocensura es tan alto que no se habla de los asuntos más relevantes para las comunidades. Lo que se termina contando no profundiza en los aspectos fundamentales para entender el entramado entre fenómenos como corrupción, narcotráfico y crimen organizado.

P. Hemos visto riesgos al cubrir movilizaciones sociales. ¿Ha aumentado la agresividad de la fuerza pública hacia los periodistas que cubren protestas?

R. Lo que sucedió en noviembre y diciembre, con las manifestaciones que generaron un cambio importante en la manera en que se moviliza la ciudadanía, también marcó un punto de inflexión en la actitud de la policía hacia la prensa. Evidentemente las manifestaciones siempre son un escenario de riesgo para los periodistas, no solamente en Colombia, pero el volumen de violencia que documentamos contra los periodistas en las marchas de noviembre, diciembre, de principios de este año y recientemente en septiembre, sí nos marca unos interrogantes. Todavía no tenemos respuesta, pero nos lleva a pensar que puede haber una orden al interior de la fuerza pública de atacar a la prensa. A pesar de estar plenamente identificados, igual son atacados.

P. También se han denunciado reiterados episodios de seguimientos, perfilamientos y espionaje militar contra reporteros nacionales y extranjeros.

R. Ha sido una práctica del Estado espiar y amedrentar a los periodistas mediante distintas tácticas. Desde 1978, en todos los Gobiernos ha habido un escándalo de persecución y seguimientos ilegales a periodistas. Es difícil entenderlo de manera distinta a que esto es una práctica estatal donde tenemos distintas fuerzas de inteligencia que han estado recibiendo órdenes para espiar a los periodistas, sus fuentes y sus movimientos. La única manera de romper ese ciclo vicioso es que avancen las investigaciones. En el más reciente caso, denunciado a principios de este año, eso no ha sucedido. Nos quedamos con el eco de la indignación del presidente Duque y otros funcionarios, donde se iba a llegar a las últimas consecuencias, y desafortunadamente no va más allá de ese titular rimbombante. No hay ninguna acción contundente al respecto después de siete u ocho meses. El mensaje es nefasto.

P. En este año la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, denunció a un periodista por injuria y la Fiscalía ha citado a la periodista que denunció un episodio de censura en el sistema de medios públicos. ¿Cómo interpreta ese ambiente?

R. Los presidentes no solo están llamados a reaccionar cuando ocurre algún hecho grave contra la prensa, son responsables también de mandar mensajes de apoyo y respaldo al trabajo de los periodistas. Esto es sumamente importante, y no está ocurriendo con el actual Gobierno. No solamente que no se manden estos mensajes, sino que tampoco se rechazan este tipo de acciones. Son señales desafortunadas de la manera en que entiende el Gobierno la libertad de expresión y los abusos que se cometen. Si un presidente hace un llamado constante es más difícil que algún funcionario, en este caso la vicepresidenta, se atreva a interponer una acción penal a un periodista –en buena hora decidió suspenderla–. También las acciones de la Fiscalía donde van a presionar a una fuente, a una whistleblower, que se atrevió a denunciar uno de los hechos más graves y flagrantes de censura en el sistema de medios públicos de Colombia.

P. La Fiscalía incluso tuvo la intención de inspeccionar la sede de la Flip como parte de la investigación a la persona que denunció a Juan Pablo Bieri, entonces gerente de RTVC, el sistema de medios públicos. ¿Cómo se inició este caso y cual ha sido el papel de la Flip?

R. Se trata del caso más grave y con mayor evidencia de censura en el sistema de medios públicos colombiano. Empieza cuando el gerente del sistema da unas órdenes buscando censurar un programa de televisión ['Los puros criollos'] para que dejara de transmitirse en el canal público Señal Colombia porque no le gustaban las opiniones personales del presentador, que se llama Santiago Rivas. Eso es lo que no podemos perder de vista. Juan Pablo Bieri, nombrado por el presidente Iván Duque como gerente de RCTV, se propone bloquear a Santiago Rivas por los comentarios que estaba haciendo en sus redes sociales. Esto genera problemas al interior de RTVC, que son denunciados por distintos funcionarios. Entre ellos, Diana Díaz, quien termina aportando una conversación donde Juan Pablo Bieri le da a ella la orden directa de quitar el programa. Eso es lo que hay que traer a colación para entender este caso.

P. ¿Que pasa después?

R. Después de que se hace pública la conversación, y Juan Pablo Bieri es obligado a renunciar a su cargo, desafortunadamente, y esa es una de las señales equivocadas que ha mandado este Gobierno en su deber de defender la libertad de expresión, volvió a contratar a Bieri como un asesor principal de la presidencia. Esto es arropar a un personaje que tuvo a su cargo la responsabilidad de manejar los sistemas públicos y dio unas órdenes de censurar contrarias a lo que establece nuestra Constitución. En la situación actual que estamos es que Juan Pablo Bieri denunció penalmente a Diana Díaz a principios de 2019 y hace un mes la Fiscalía retomó este caso y ha cometido una serie de atropellos contra ella y la Fundación para la Libertad de Prensa.

P. ¿Cuáles han sido esos atropellos?

R. Contra Diana Díaz en primer lugar porque la notificó de una audiencia para imputarle cargos el 18 de noviembre. En esas diligencias que ha realizado, solicitó una inspección judicial a la oficina de la Flip con unas características completamente desproporcionadas e ilegítimas, donde nos pedía entregarle toda la información de las cámaras de seguridad para conocer todas las personas que habían ingresado a la Flip durante un periodo de tiempo de un mes y medio –entre diciembre del 2018 y enero del 2019–.

P. Catalina Botero, quien fue relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que Diana Díaz está protegida por el derecho internacional. Ustedes han considerado desproporcionada la imputación de cargos, ¿por qué?

R. Hay que decir de manera categórica que este proceso penal contra Diana Díaz es un despropósito, porque va en contravía de esas recomendaciones y estándares internacionales que precisamente buscan proteger a la fuente. Y lo que dicen es que no puede utilizarse el aparato penal o administrativo que tiene el Estado para perseguir a las personas que se atrevieron a denunciar. Y aquí es muy importante resaltar el valor y la valentía de Diana Díaz, a pesar de un costo personal altísimo, que se atrevió a denunciar a alguien que terminó arropado por el poder del presidente.

P. ¿Cómo se llega a esa intención de inspeccionar la Flip? ¿Se habían enfrentado a una situación similar en el pasado?

R. La Flip es una organización de la sociedad civil que tiene 24 años, que constantemente está hablando con periodistas, documentando casos y recibiendo información muy sensible. Nunca habíamos recibido una solicitud de este tipo, que claramente nos pide violar la reserva de la fuente, el derecho a la intimidad y en últimas es una agresión al cumplimiento de nuestro mandato. Es desproporcionado, y si lo vemos en aspectos legales esto no hubiera pasado una revisión de un juez de control de garantías. Pero más allá de eso, está el mensaje tan negativo que deja en el ambiente. No lo podemos entender de una manera distinta a una flagrante intimidación al trabajo que hacen organizaciones como la Flip.

P. La cercanía del presidente Duque con el fiscal general Francisco Barbosa es conocida. El protagonista de este caso, Bieri, se mantiene como asesor de la Presidencia. ¿Les preocupan esos vínculos?

R. Exacto, es difícil sacar esa cercanía de la ecuación y no percibir que fuera lo que estaba marcando el desarrollo de todo este proceso. Precisamente, ese fue uno de los puntos que se abordó en la discusión con el fiscal, y él nos aseguró que no estaba al tanto de las actuaciones de la fiscal que había iniciado este caso. Que de ninguna manera se trataba de una acción que estuviera relacionada con el vínculo que él tiene con Juan Pablo Bieri o con el presidente Duque. Dicho esto, todavía quedan dudas de qué podría haber motivado a que después de un año y medio esa fiscal reactivara un caso a todas luces improcedente. Yo salgo con la sensación de que el fiscal general entiende que esto se trató de unas acciones desproporcionadas y que por lo tanto asumió unos compromisos para revisarlas. Es indispensable que esa posición del fiscal se traduzca en hechos concretos, puntualmente que no se realice la audiencia de imputación de cargos a Diana Díaz.