“Esto se va a volver una batalla campal con palos y piedras”

Lo primero que advierte Laura Martínez, de 29 años, es que le molesta la garganta por los gases lacrimógenos que ha respirado en esta semana. “Tenemos el derecho a protestar porque nos cansamos del abuso policial”, declara con la voz ronca esta ingeniera dedicada al trabajo social que ha participado sostenidamente en las movilizaciones contra la fuerza pública en Bogotá, la capital colombiana, después de la muerte del abogado e ingeniero Javier Ordóñez bajo custodia policial la madrugada del miércoles.

Martínez vive en el sector de Usme, en el sur de la ciudad, pero aquel día se desplazó hasta Engativá, en el oeste, para manifestarse frente al Comando de Acción Inmediata (CAI), donde los agentes llevaron a Ordóñez tras haberlo sometido a múltiples descargas eléctricas a pesar de que este les suplicaba que parasen. El nuevo símbolo de la brutalidad policial en Colombia llegó a un hospital cercano al CAI sin signos de vida, y las imágenes de los agentes sometiéndolo se convirtieron en la chispa que encendió la ira contra las fuerzas de seguridad.

“Les decíamos a los policías que eran unos asesinos”, mientras ellos evitaban que los manifestantes —muchas mujeres— se acercaran al CAI, relata Laura. Había grupos que insultaban y arrojaban piedras contra los uniformados mientras el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) los rodeaba para después dispersarlos con gases lacrimógenos. “La misma policía recogía las piedras y las lanzaba, a mí me golpearon en la rodilla. Empezaron a actuar de una forma totalmente desenfrenada. A los que se caían les pasaban encima con las llantas de las motos”, cuenta Laura, que se quedó en las calles aledañas hasta cerca de las ocho de la tarde, cuando se desplazó para encontrarse con otros manifestantes en el parque de los Hippies, en otra zona de Bogotá. Allí reside la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y fueron a reclamarle más control a la policía.

Las comisarías se convirtieron en blanco de las movilizaciones. Tatiana Hernández, una trabajadora social de 24 años, y Andrey Téllez, un profesor de 33, atendieron a una protesta pacífica frente a otro CAI en Ciudad Bolívar, una barriada popular. Allí también llegaron los enfrentamientos al atardecer; y lo que comenzó como un intercambio de pedradas, desembocó en una carga policial a “patadas, puños y bolillazos”, cuenta Hernández.

Los policías vieron cómo Téllez grababa todo con su celular. Al poner este resistencia a entregárselo, los agentes lo golpearon y se lo llevaron al CAI. Estuvo retenido, junto a otras 14 personas, en un pequeño calabozo, donde les echaron gas pimienta, les mojaron, les pegaron y les quitaron los papeles y los celulares. Téllez salió con cuatro dientes partidos y se llevó cuatro puntos en la cabeza y hematomas en la frente, el tórax, el abdomen y la rodilla. Finalmente, los retenidos salieron en libertad a media noche gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo.

“No es la primera vez. Estamos cansados del abuso de autoridad, aquí se ve con bastante frecuencia”, señala Hernández. La pareja ya interpuso una denuncia en la Fiscalía. “Quedarse callado frente a este tipo de cosas no está bien, es una realidad que viven los jóvenes acá en el territorio, amenazados por la fuerza pública. La movilización social es un escenario clave para exigir los derechos y denunciar la violencia”, valora Hernández. “Lo que queda es dignidad para seguir resistiendo y luchando”, la complementa Téllez, que se propone seguir saliendo a marchar, aún convaleciente.

Los incidentes de esa confusa noche de enfrentamientos y disturbios se saldaron con 10 ciudadanos muertos, todos por arma de fuego, y más de 200 heridos. También hubo más de 100 policías lesionados. La noche del jueves se registraron otros tres muertos. La alcaldesa ha denunciado que hay evidencia del uso indiscriminado de armas de fuego por miembros de la policía, mientras que el procurador general, Fernando Carrillo, envió una carta al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en la que le pregunta directamente si la fuerza pública disparó contra los ciudadanos.

El jueves, Laura Martínez retomó la movilización en su localidad, donde muchos vecinos salieron a marchar con velas, pero los disparos de la policía, según cuenta, dispersaron a la gente. Ella regresó a resguardarse en su casa, desde donde escuchaba gritos y tiros en otra jornada de zozobra. Pero ella se propone seguir protestando a pesar de los riesgos. “Esto se va a volver una batalla campal. La gente va a conseguir piedras y palos para defenderse de la policía”, vaticina. “Es necesaria una reforma policial ya”.

Entre los muchos vídeos de uso excesivo de la fuerza que se han hecho públicos en el país sudamericano, hay uno en el que se ve cómo unos policías agreden a Juan Camilo Gómez, un estudiante de Ciencia Política y Comunicación Social de 22 años. Él salió el jueves a cubrir varias protestas para el medio universitario De Pasillo. Cuando llegó a una concentración en un parque sintió la violencia y se puso el casco en el que estaba escrita la palabra prensa “bien grande”, cuenta. Pese a eso, los policías lo tiraron al suelo y lo golpearon en la cabeza. Gómez perdió las gafas y se reventó un labio.