Las protestas por George Floyd empiezan a provocar cambios reales en los departamentos de policía
Minneapolis prohíbe las técnicas de inmovilización, Los Ángeles recorta el presupuesto policial y ciudades de todo el país debaten la represión de las manifestaciones
Cuando el alcalde de Los Ángeles presentó el presupuesto para este año, la policía de la ciudad recibió un aumento en su partida del 7%. Aquello fue en abril. El pasado miércoles, el alcalde anunció una reducción de al menos 150 millones de dólares (unos 132 millones de euros) en el presupuesto de la policía, que en su lugar se destinarán a programas sociales para la comunidad negra. No ha sido solo un gesto. La ola de indignación que recorre Estados Unidos por la muerte de George Floyd a manos de la brutalidad policial en Minneapolis está provocando el anuncio de reformas en algunas ciudades impensables hasta hace una semana.
Aumentar el dinero destinado a policía año a año es algo que ni se discute en una gran ciudad. Por ejemplo, en Los Ángeles, cuyo departamento se convirtió en la viva imagen de la brutalidad y el racismo en los años ochenta y noventa, ese presupuesto llega a 1.800 millones de dólares anuales (casi 1.600 millones de euros) para 10.000 agentes. En Nueva York, son 5.600 millones de dólares (casi 5.000 millones de euros) para 36.000 agentes. Son departamentos gigantescos a los que es muy delicado políticamente tocarles el dinero, y en el plano legal, prácticamente inmunes a la justicia. Por eso la cascada de reformas que se están anunciando esta semana pueden suponer un antes y un después en la relación de los políticos y las ciudades de Estados Unidos con sus cuerpos policiales.
La muerte de un detenido parece ser lo único que hace revisar la forma en que actúa la policía en Estados Unidos. Ya sucedió en 2014, cuando se generalizó el uso de cámaras en los uniformes después de la muerte de Michael Brown, en Ferguson. La falta de testimonios concluyentes sobre lo que había pasado impidió procesar a los agentes. Pero lo que está sucediendo ahora revela un debate más profundo.
En Minneapolis, el centro de las protestas, las autoridades anunciaron el viernes un acuerdo con la policía para prohibir el uso de técnicas de inmovilización en el cuello, con la rodilla o con el brazo. En Nueva York, la inmovilización por el cuello estaba en teoría restringida cuando el mundo pudo ver la muerte de Eric Garner, en 2014, grabada en video, después de que dijera una decena de veces que no podía respirar. En Los Ángeles, cortar la circulación del cuello con el brazo estaba prohibido desde 1982.
La realidad es que hay una amplia zona gris sobre las técnicas de inmovilización. Por ejemplo, está vigente una llave del cuello que corta el flujo de sangre de la arteria carótida para inmovilizar a un sospechoso. En respuesta a las protestas, una docena de departamentos de policía de California han anunciado que dejarán de utilizar esta maniobra. El gobernador dijo el viernes que aprobará una ley que directamente prohíbe enseñar esa técnica a los agentes. Iniciativas parecidas se han puesto en marcha en Colorado y Wisconsin. En Seattle, la jefa de policía anunció que dejaría de utilizar gas lacrimógeno en las manifestaciones durante 30 días para revisar sus tácticas de control de protestas.
Pero hay otro nivel de reforma que no es el puramente operativo y que va a ser más difícil que una decisión de un alcalde. La policía en Estados Unidos es, en la práctica, inmune a la justicia debido a una doctrina desarrollada a lo largo de años y conocida como inmunidad cualificada. El principio básico es que un policía no ha cometido un delito a no ser que haya un precedente judicial claro con el que compararlo. Ante la ausencia de precedentes, cada vez hay menos condenas, lo que hace que haya a su vez menos precedentes. En ese contexto, el hecho de imputar por asesinato en segundo grado al policía que mató a George Floyd y a los cuatro que le ayudaron, es notable. Solo tres policías han sido condenados por homicidio entre 2005 y 2019.
Hay otros ejemplos de que eso podría cambiar en esta ola de protestas sin precedentes cercanos y que no cede en intensidad después de 10 días. En Buffalo, Nueva York, un reportero grabó a la policía empujando a un señor de 75 años que se acercó a hablar con ellos. El hombre cayó hacia atrás y se abrió la cabeza contra el suelo. El video se viralizó el viernes y dos policías fueron suspendidos de empleo y sueldo. En respuesta, 57 compañeros presentaron su dimisión. Este sábado, se han presentado cargos por agresión contra los dos agentes.
En Los Ángeles, varios videos ponen en cuestión la actuación de la policía durante las masivas manifestaciones de estos días, algunas de ellas violentas. Son videos en los que los agentes parecen pegar a la gente gratuitamente y sin agresión previa. El jefe de policía, Michel Moore, no ofreció la defensa pétrea de la actuación de sus agentes que se habría podido esperar de cualquier jefe de policía en cualquier otro momento de la historia, y prometió investigar “incidentes aislados”. El Departamento publicó un comunicado en el que animaba a denunciar a cualquier ciudadano que sienta que se han violado sus derechos.
Aunque las reformas operativas son avances, “no se puede reformar la policía sin reducir drásticamente su tamaño y su poder”, dice Aaron Littman, abogado especialista en abusos policiales y profesor de la Universidad de California. La cuestión, dice Littman, no es solo reformar la manera en que la policía interactúa con los ciudadanos. “La cuestión general es que debería haber menos interacciones de la policía con los ciudadanos, por principio. Entiendo que nos fijemos en los muertos, pero en los videos de las manifestaciones vemos que hay muchas interacciones que provocan mucho daño y que no son muertes”. Para poner en perspectiva dónde estamos en términos de reforma policial, concluye: “Los policías que asesinan a alguien a sangre fría delante de una cámara van a ser procesados. Bien, es un paso. Pero no estamos ni cerca del último paso”.
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