Carreteras más energizadas

El futuro de la movilidad en España será eléctrico o no será. Al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) le siguió en diciembre pasado el Real Decreto 29/2021 que agiliza el despliegue de la infraestructura de recarga pública. Y con la reciente aprobación del PERTE para vehículo eléctrico (VE), con 4.300 millones de inversión pública, se pretende dar el empujón definitivo para que el sector se enchufe a la sostenibilidad. El horizonte que fija el PNIEC en 2030 —cinco millones de coches eléctricos, más de 250.000 puntos de recarga pública— no se vislumbra fácil de alcanzar, pero ya se aprecian avances y, sobre todo, no hay vuelta atrás, según los expertos consultados.

“Estamos por encima de los 240.000 vehículos eléctricos matriculados en España, algo interesante porque el objetivo del Gobierno para 2023 es alcanzar los 250.000″, dice Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive). Ese “objetivo no solo se va a alcanzar, sino que se va a superar”, pronostica. Las ventas de eléctricos puros subieron un 106% en el primer trimestre de 2022, mientras los híbridos enchufables (PHVE) crecieron un 47,8%, turismos en su mayoría.

Pérez de Lucía indica que “la desinformación, en algunos casos, por parte del público es una de las principales barreras en movilidad eléctrica”. Por ejemplo, respecto al precio del VE frente al de combustión, que “se ha ido reduciendo en estos últimos años”, explica. Para Raquel Blanco, directora de smart mobility de Iberdrola, aunque “todavía hay un diferencial de precio a igualdad de prestaciones”, lo necesario es mejorar los planes de ayuda a la compra de VE (MOVES), para que “cuando vas a comprar el vehículo ya tengas ese incentivo descontado, con lo que el precio que afrontas es equiparable al de combustión”. “Eso sí incentiva”, añade, “no esperar 18 meses a que te lo devuelvan”. La misma desinformación, añade el director de Aedive, “lleva a pensar que España es un país yermo en infraestructura de recarga”, una de las grandes incertidumbres que genera actualmente la eletromovilidad, cuando, en su opinión, ya hay un trabajo importante realizado.

“En España estamos en torno a 15.000 puntos de recarga pública, de los cuales solamente el 15% se consideran por encima de 22 kilovatios, que sería, digamos, carga semirrápida”, resume Manuel de los Ojos, director e-mobility de Siemens España, empresa que ha entrado más tarde en el sector, pero cuenta ya con estaciones de alta potencia para bus urbano en Badajoz y acaba de cerrar un acuerdo para otra base en Granada. “Solo el 5% de la estructura es carga ultrarrápida [desde 150 kW], acorde a la movilidad interurbana”, añade.

Cantidad sí, calidad también

“Es importante la cantidad, claro que sí, pero más aún la calidad”, afirma Carlos Bermúdez, gerente de movilidad eléctrica de Repsol. “En ámbito público, instalamos por defecto carga rápida [50 kW] y ultrarrápida”, para que el tiempo de recarga se asemeje “a esos 8 o 10 minutos que pasamos en la estación de servicio repostando con combustibles tradicionales”. Repsol prevé expandir su red pública en 2022 hasta más de 1.000 puntos de carga rápida y ultrarrápida, detalla Bermúdez, para que haya “50 kilómetros de distancia máxima entre punto y punto”. Cuatrocientos están operativos con energía 100% renovable en origen, pero otros 400, ya instalados, están pendientes aún de entrar en funcionamiento.

Más allá de que las empresas que ya prevén invertir en infraestructuras públicas de recarga dispongan de más suelo público para ello, para la totalidad de expertos son los trámites administrativos que requiere su puesta en marcha el principal escollo para un crecimiento más ágil de la red nacional. “Pueden depender del Ministerio de Transporte, la comunidad autónoma y el ayuntamiento”, explica Elena Bernárdez, directora general de Endesa X Way, empresa pionera con 12 años de experiencia en electromovilidad y más de 3.000 puntos de recarga instalados en España, entre ellos la reciente electrolinera de la Ciudad de la Imagen, en Madrid, que permite enchufar 46 vehículos a la vez —20 de ellos en recarga ultrarrápida— con una potencia total de 1,7 megavatios.

El real decreto de finales de 2021, según el cual basta una declaración responsable de la empresa instaladora para poner en servicio un punto de recarga, “se ha quedado corto”, indica Bernárdez, “ya que afecta solo a las instalaciones de baja tensión”. “Y para las electrolineras que todos queremos ver en las áreas de servicio estamos hablando de estaciones de media tensión que no están afectas a esta nueva regulación”, puntualiza. “Los tiempos medios de tramitación que tenemos superan los 20 meses”, lamenta Raquel Blanco, de Iberdrola, empresa con 2.500 puntos de recarga ya en marcha, pero “otros 2.000 en diferentes estados de tramitación”.

“No podemos ir más rápido”, admite Elena Bernárdez, quien, además de la obsolescencia tecnológica que genera esta demora, cree que transmite una “falta de confianza al usuario demoledora” y afecta (para mal) en su decisión de comprar un vehículo eléctrico.