El Gobierno de Ayuso cita a 30 periodistas para defender sus contratos con Quirón y desligarlos de los negocios de la pareja de la presidenta

La Comunidad de Madrid y el PP maniobran para intentar desmontar lo que la ministra de Sanidad, Mónica García, describe como un “triángulo amoroso” formado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso; su pareja, Alberto González Amador; y el grupo sanitario Quirón, que recibe miles de millones de la Administración y a su vez es el principal cliente de la empresa del comisionista. De un lado, el PP vetará previsiblemente la comparecencia en la Asamblea de Fernando Camino, presidente de Quironprevención, solicitada por Más Madrid al conocerse su supuesta relación con los negocios del novio de la presidenta, denunciado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. Del otro, la consejería de Sanidad insiste en distinguir a esta empresa de Quirónsalud, que recibe miles de millones de la Administración por gestionar cuatro hospitales de la red pública, pese a que ambas comparten grupo. Así lo ha hecho este martes un alto cargo durante un briefing al que se ha convocado a una treintena de periodistas para desligar a la Administración de cualquier relación con el empresario, y a este de cualquier capacidad de influir en la contratación pública.

La cita ha sido un intento más de controlar la crisis política y reputacional abierta por un caso que el Ejecutivo siempre defendió que afectaba únicamente a un particular (González Amador, el novio de Díaz Ayuso). Sin embargo, el jefe de gabinete de la presidenta regional, Miguel Ángel Rodríguez, su equipo de comunicación, que encabeza José Luis Carreras, y ahora la consejería de Sanidad, que dirige Fátima Matute, exempleada de Quirón, se han implicado en la gestión de la polémica.

“No tiene nada que ver Quirónsalud con Quironprevención”, ha dicho durante el encuentro de este martes una fuente gubernamental con galones, pese a que ambas empresas forman parte del grupo Quirón, que opera cuatro hospitales públicos de gestión privada en la región (Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; e Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen de concesión). “Quironprevención tiene una relación desde 2019 con distintas administraciones, y en este último año Madrid se ha gastado menos que el anterior con Quironprevención, y lo ha hecho porque no se puede dar [con medios propios] el servicio que se provee: revisiones médicas que se han hecho 9.000 trabajadores”, ha seguido. Y ha subrayado, en referencia a González Amador: “La consejería de Sanidad no tiene conexión alguna con la situación fiscal o patrimonial de ninguna persona particular”.

Pese al empeño en desligar los negocios de González Amador con Quironprevención de la actividad de Quirónsalud, el intermediario también ha hecho trabajos que afectaban a esta compañía, según los investigadores de Hacienda. Así, Quironprevención le habría contratado a través de sus empresas para hacer las auditorías internas de varios sistemas de todos los hospitales del grupo, o para proponer el desarrollo e implantación de la “Joint Commission International”, un sello de calidad, en el buque insignia del conglomerado, la Fundación Jiménez Díaz

Además, desde 2019, Madrid ha sido uno de los gobiernos autonómicos que más se ha gastado en los servicios de Quironprevención (nueve millones), que a su vez es el principal cliente de Maxwell Cremona, la empresa de la pareja de Ayuso, según consta en la denuncia interpuesta contra él por la Fiscalía. De hecho, González Amador llegó a presentarse en uno de sus negocios investigados por Hacienda como director de proyectos de Quironprevención, según los investigadores.

Todo comienza en marzo. Ese día no se conoce únicamente que Hacienda opina que el empresario ha cometido dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil para presuntamente intentar pagar menos impuestos tras haber multiplicado por seis las ventas de su empresa al intermediar en la compraventa de mascarillas y guantes en lo peor de la pandemia. También se sabe que intentó venderle vacunas al Gobierno de Costa de Marfil, según su propio relato, o que convive junto a la presidenta en un piso de lujo que habría reformado sin cumplir con la normativa. Y como Quironprevención es el principal cliente de su empresa, Maxwell Cremona, según Hacienda, todas las miradas se dirigen hacia el grupo Quiron, que a su vez cobra miles de millones de la Administración que preside la pareja del investigado.

Deudas desde 2016

Los hospitales públicos de gestión privada fueron impulsados durante el Gobierno de Esperanza Aguirre (2003-2012), y el pago correspondiente ha sido un quebradero de cabeza para sus sucesores. También para Díaz Ayuso, que se encontró una abultada deuda con Quiron cuando llegó al poder, en agosto de 2019.

El problema saltó a la luz pública en diciembre de aquel año, cuando la Cámara de Cuentas regional, en su informe referente al ejercicio de 2018, reveló que la Comunidad de Madrid debía 722,3 millones de euros a cinco hospitales de gestión privada —los cuatro de Quirónsalud y el de Torrejón, del Grupo Ribera Salud— y al militar Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el verdadero escándalo estalló en septiembre de 2021. Entonces, el informe anual del ejercicio 2020 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España, puso negro sobre blanco que la Comunidad de Madrid debía a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud un total de 1.248,7 millones de euros. Nueve meses después, un tiempo relativamente corto para la Administración, empezaron los pagos.

Como adelantó EL PAÍS, la presidenta regional decidió saldar al menos 1.278 millones de viejas deudas con este grupo en apenas seis meses de 2022. Desde entonces, han continuado los pagos, incluidos cuatro por un montante total de 24 millones en lo que va de 2024, con el objetivo de evitar que el montante total crezca con los intereses de demora.

Pero hay más. Los Presupuestos regionales de este año han roto la barrera de los 1.000 millones de euros previstos en gasto en la sanidad privada. Son 1.209 millones, frente a los 973 millones para este departamento que recogían las últimas cuentas vigentes. Son 236 millones más al año. Y lo previsible es que cuando acabe 2024 sean aún más, pues suele haber un gran desvío entre lo presupuestado y lo gastado: en 2022 se presupuestó un gasto total de 973 millones para la partida de conciertos sanitarios... y finalmente se pagaron casi 2.000, porque el Gobierno afrontó deudas pendientes desde 2015.

Esa evolución del gasto refleja el descontrol en un sistema que la Cámara de Cuentas tiene en su diana. La Administración tiene facturas pendientes con Quirón desde 2016, según ha detallado este martes un alto cargo. Y no sabe, o más bien no quiere detallar, cuánto dinero se le debe al grupo, con el que el Gobierno litiga constantemente para ajustar una facturación sometida a un lento sistema de triple fiscalización.

“No se sabe exactamente el número, es un proceso que está vivo, no podemos saber la cantidad que hay que pagar”, defiende un alto cargo regional. Una incógnita que puede esconder una deuda milmillonaria.

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