Ayuso salda en seis meses 1.390 millones de la deuda con los hospitales públicos de gestión privada entre grandes tensiones en el Gobierno
Coincidiendo con la destitución de la interventora general de la Comunidad, el Ejecutivo acometió a finales de 2022 decenas de pagos pendientes desde 2015
La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, pagó al menos 1.390 millones de euros en solo seis meses de 2022 a los hospitales públicos de gestión privada de la región fundamentalmente para acabar con una deuda que el Ejecutivo empezó a arrastrar en 2015, según documentación consultada por EL PAÍS. Aquella fue una decisión llena de tensiones. Los pagos se concentraron entre julio y diciembre, y empezaron a producirse coincidiendo con la destitución de la interventora general de la Comunidad (6 de julio), Marta García Miranda, y su sustitución por Francisco Javier Carmena, hasta entonces secretario general técnico de la Consejería de Sanidad. El principal beneficiario fue el grupo Quirónsalud, que opera cuatro hospitales públicos de gestión privada en la región (Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; y Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen de concesión) y obtuvo al menos 1.278 millones. En al menos una decena de casos, que suman 67 millones, la Administración optó por la vía de convalidar gastos, una figura legal prevista para regularizar pagos por servicios encomendados en situación de urgencia y “prescindiendo del procedimiento adecuado”, según la definición colgada en la web de la intervención municipal en la capital.
La Comunidad de Madrid asegura que los pagos se han gestionado con el mismo procedimiento de siempre, y no explica las razones del cese decidido en la intervención general. En ese puesto clave para la fiscalización de los pagos de la Administración se han sucedido cuatro personas en los últimos cinco años, durante los cuales los pagos no se realizaron. Una de ellas se limitó a decir a este periódico que “el trabajo de la intervención es meramente técnico. Se fiscalizan los expedientes si cumplen todos los requisitos”.
“El procedimiento seguido en el caso en cuestión es el mismo que se ha hecho en años anteriores”, apunta un portavoz gubernamental. “Antes y después del 6 de julio de 2022″, recalca sobre la fecha del Consejo de Gobierno en el que se destituyó a la interventora general de Madrid. “Tanto con esta concesionaria [Quirónsalud] como con las demás. Con esta misma concesionaria se han producido liquidaciones del mismo tipo y con el mismo procedimiento antes del 6 de julio”.
El problema comenzó en diciembre de 2019, cuando la Cámara de Cuentas regional hizo aflorar las primeras cantidades de esta deuda oculta con los centros sanitarios de gestión privada. En su informe referente al ejercicio de 2018, el órgano fiscalizador reveló que la Comunidad de Madrid debía 722,3 millones de euros a cinco hospitales de gestión privada —los cuatro de Quirónsalud y el de Torrejón, del Grupo Ribera Salud— y al militar Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, el verdadero escándalo estalló en septiembre de 2021. Entonces, el informe anual del ejercicio 2020 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España, puso negro sobre blanco que la Comunidad de Madrid debía a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud un total de 1.248,7 millones de euros. Nueve meses después, un tiempo relativamente corto para la Administración, empezaron los pagos. La decisión, que sanea las cuentas de la compañía, fue adoptada en un momento clave para Quirónsalud, como reflejaba el diario Cinco Días en su edición de este martes: “Los fondos de capital riesgo se lanzan a por Quirón en la mayor compra del sector salud”. Esta empresa no ha contestado a las repetidas peticiones de información de este diario.
En medio se produjo el cese de la interventora general de la Comunidad, una decisión tomada tras semanas de tensiones y que el Ejecutivo desliga de los pagos. “Era muy puntillosa, se la cogía con papel de fumar”, describe una fuente conocedora de las interioridades del Gobierno. Un portavoz de la Consejería de Hacienda niega que la interventora destituida, ni nadie, emitiera informes en contra de algunos de los pagos que luego sí se produjeron: “No hay informe contrario a esos expedientes”. Lo que es seguro es que el asunto desató un pulso interno.
“La tesis del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, era sencilla: a esta gente se le debe dinero desde hace mucho tiempo, y esta situación hay que ponerla ya en orden”, resume una fuente conocedora del plan para acabar con unas deudas que afectaban a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020. “Por eso planteó un prorrateo de pagos al que Hacienda, encabezada por Javier Fernández-Lasquetty, se cerraba, por lo que todo se enquistó”, describe. “Ahí se impuso el sentido común de la jefa [por Ayuso] y del vicepresidente [Enrique] Ossorio, con la idea de quitarse eso de encima, porque luego vienen las sentencias en contra, que incluyen intereses de demora, y es mucho más lo que toca pagar”, añade. “Sanidad contaba con la aquiescencia de la abogacía general, por lo que todo es perfectamente legal”.
Así explica la Consejería de Sanidad la demora en esos pagos: “Se van pagando las deudas una vez comprobados los expedientes”. Entre julio y diciembre de 2022, el grupo Quirónsalud, que engloba cuatro hospitales públicos de gestión privada en la región (Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos) obtuvo al menos 1.278 millones, incluyendo la liquidación de ejercicios tan antiguos como el de 2016. Esa cifra también recoge compromisos de pago por los ejercicios 2022 y 2023, que, por lo tanto, no formarían parte de la deuda consolidada.
Ribera Salud, gestora del hospital en régimen de concesión de Torrejón de Ardoz, sumó 80 millones, entre ellos 6.831.661,21 por una sentencia judicial que dirimía en su favor, siete años después, la discrepancia con la Comunidad sobre la ejecución del ejercicio 2015. Y el resto del dinero se distribuyó entre las empresas gestoras como las de los hospitales de Parla, San Sebastián de los Reyes o Coslada, premiadas por mejoras en el servicio que se tradujeron en reequilibrios millonarios de sus respectivas concesiones.
“Se trata de un proceso largo [por las comprobaciones previas a los pagos], es un proceso complejo que se agudiza especialmente en el caso de la Fundación Jiménez Díaz”, justificó Ruiz-Escudero el largo tiempo transcurrido en una comparecencia parlamentaria. “No se puede hablar de dejadez por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta la complejidad y la extensión en el tiempo de los procedimientos”, insistió. “Mi compromiso es seguir trabajando para mejorar los procedimientos administrativos y acelerar en todo lo que sea posible la tramitación de todo lo relacionado con las liquidaciones, sin dejar de mantener por ello el rigor, para que se abone solo aquello que realmente corresponde a la actividad asistencial de estos hospitales, efectivamente realizada y verificada”.
El Gobierno afirma que "se han fortalecido aún más los controles"
Así explica el Gobierno de la Comunidad de Madrid las decisiones adoptadas en los consejos de gobierno celebrados entre julio y diciembre de 2022. "El procedimiento seguido en el caso en cuestión es el mismo que se ha hecho en años anteriores. Antes y después del 8 de julio de 2022. Tanto con esta concesionaria como con las demás. Con esta misma concesionaria se han producido liquidaciones del mismo tipo y con el mismo procedimiento antes del 8 de julio", apunta un portavoz gubernamental. "A la Intervención General le corresponde la fiscalización previa de todo expediente susceptible de producir obligaciones de contenido económico con el alcance fijado en la normativa", sigue, subrayando la independencia orgánica de los interventores. "Entre ellos se encuentran los gastos que han de ser aprobados por el Consejo de Gobierno", reconoce.
"Para agilizar las auditorías, en el Sermas se han creado mecanismos de mejora de la gestión: creación de una nueva Dirección General; creación de plazas que han sido cubiertas por empleados públicos profesionales en la materia (algunos de ellos provenientes del cuerpo de inspectores sanitarios); protocolización de las auditorías, etc. Por tanto, se han fortalecido todavía más los controles", destaca sobre el procedimiento seguido. "Concluidas por el Sermas las preceptivas auditorías, la Intervención General fiscaliza las propuestas de gasto cursadas por el órgano gestor derivadas de las liquidaciones pendientes de los distintos ejercicios por los servicios de asistencia sanitaria prestados por los hospitales concesionados, todo ello con el fin de asegurar que se ajustan a las disposiciones aplicables verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos".
Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.
Sobre la firma
