Ayuso recurre a hospitales públicos de gestión privada para reducir las listas de espera quirúrgica

Con las elecciones del 28 de mayo ya en el horizonte, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha apostado por ofrecer el traslado de pacientes de los hospitales públicos puros a los públicos de gestión privada para aliviar la lista de espera quirúrgica y presentarse a las urnas rebajando la demora media de los 62 días actuales a 45. El proyecto, confirmado por tres fuentes a EL PAÍS, es un negocio redondo para los centros receptores, que están principalmente en manos de empresas con ánimo de lucro, “salvo excepciones”, y cobran un extra por cada paciente atendido que no es de su población adscrita. Hasta 91.983 madrileños integraban la lista de espera quirúrgica regional en enero, según los datos oficiales. Todos ellos escucharon cómo Ayuso se comprometió en septiembre a reducir a la mitad los tiempos de espera para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas, y cómo dejó claro cuánto se iba a gastar en ello: 215 millones de euros. Una promesa electoral que explica la nueva estrategia.

“El Servicio Madrileño de Salud está ofreciendo a los pacientes que llevan más tiempo esperando para una cirugía no urgente (más de 180 días y de ahí los de más de 120 días) la posibilidad de que, por libre elección, y si lo desean, puedan operarse en los hospitales de la red que menos demoras tengan”, explica un portavoz gubernamental. “No se trata de una derivación, sino de ofrecer la opción de agilizar su situación de espera”, subraya sobre la espera media de 65 días en la región, que está por debajo de la media nacional. Y precisa: “Si el paciente no acepta, sigue en la posición que estaba”.

Desde principios de febrero, Victoria Buezas, Directora General de Adecuación y Supervisión Sanitaria, ha mantenido al menos tres reuniones con los jefes de servicio de admisión del servicio madrileño de salud. En ellas se han fijado las líneas maestras de lo que ha presentado como un Programa de Reducción de Lista de Espera Quirúrgica por Libre Elección. Hay traslados de pacientes entre hospitales públicos puros. Pero fuentes conocedoras del sistema las describen como “excepcionales”, y para operaciones muy concretas y especializadas.

La mayoría de traslados son de hospitales públicos puros a los públicos de gestión privada como el de Torrejón (de Ribera Salud), y los del grupo QuirónSalud (Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen concesionado). Estos centros receptores, a su vez, tienen orden de intervenir a los pacientes en un plazo máximo de 21 días desde que pasan consulta por primera vez con ellos. Y aunque nadie puede confirmar que ya se haya operado a alguno, lo que es seguro es que los centros emisores han recibido la orden gubernamental de favorecer un cambio que siempre depende en última instancia de la decisión del paciente.

“Estos hospitales de gestión privada tienen muy en cuenta el flujo intercentros, puesto que así ganan dinero a costa de los demás, cogiendo a sus pacientes”, explica una fuente conocedora del sistema. “De hecho, en 2021, solo hubo dos hospitales públicos puros con saldo positivo: Alcorcón y el Niño Jesús. El resto, perdieron pacientes”, sigue. “Y los públicos de gestión privada, claro, los ganaron”.

La nueva estrategia es el fruto de una promesa de tintes electorales lanzada por la presidenta regional durante el último debate del estado de la región, celebrado en septiembre de 2022.

“Vamos a reducir a la mitad los tiempos máximos de espera, a lo que dedicaremos 215 millones de euros”, dijo entonces Ayuso. Y detalló: “Garantizaremos un tiempo de espera inferior, de media, a los 45 días para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas; un máximo de 60 días para intervenciones sin riesgo vital y de 90 días para los procedimientos más comunes de las listas de espera”.

Preocupación en el PP

Esa promesa, que en su día fue una más dentro de un largo discurso lleno de anuncios, ha cobrado especial relevancia ahora. La mayor preocupación del PP camino de las urnas es que entre los ciudadanos cale la idea de que la sanidad no funciona, según ha admitido el poderoso jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. En medio de una catarata de noticias sanitarias negativas para los intereses del Gobierno (la huelga de Atención Primaria, otra convocada ahora para el 1 y 2 de marzo entre los facultativos de hospitales, dos manifestaciones multitudinarias en defensa de la sanidad pública, el desastre de la reactivación de las urgencias extrahospitalarias...), el equipo de Ayuso busca llegar a las elecciones con algún dato positivo. Y la diana está puesta en reducir la lista de espera quirúrgica con derivaciones de la sanidad pública a la gestión privada.

Así, la oposición de la Asamblea al gobierno del PP denuncia que el sistema de libre elección de médico especialista y hospital, instaurado por el PP en 2010, va a seguir engordando el negocio de estos centros. En 2021, año al que se corresponden los últimos datos oficiales, miles de pacientes dejaron de tratarse en sus hospitales públicos de referencia y se pasaron a los de gestión privada —que ganaron más de 150.000 pacientes—. Un trasvase que se traduce en dinero. Ahora más si cabe.

¿La razón? Los centros de gestión privada cobran más del erario público cuantos más pacientes atienden de otros centros. Los públicos, no, pues el dinero queda en una caja común del sistema. Es decir, tienen un gasto por atender al paciente que no recuperan directamente, como sí hacen los públicos de gestión privada, que así pueden reinvertir en sus instalaciones para atraer a aún más pacientes y aumentar los márgenes de las empresas que los gestionan. Todo un círculo virtuoso en su favor.

“El gobierno de la Comunidad de Madrid solo sabe hacer dos cosas: trampas y beneficiar a sus amigos habituales”, se queja Javier Padilla, médico y diputado de Más Madrid, el partido que lidera la oposición al gobierno en la Asamblea. “En este caso, con las listas de espera, quieren hacer trampas manipulando la medición del tiempo de espera y quieren beneficiar a QuirónSalud enviándoles pacientes de la sanidad pública para que los puedan facturar”.

A tres meses de las elecciones, esto es lo que está pasando en Madrid: la proximidad de las urnas, y la posibilidad de que la izquierda crezca en las encuestas a caballo de la crisis sanitaria, espolean el trasvase de pacientes de la sanidad pública pura a la pública de gestión privada.

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