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De Madrid a Abiyán: la aventura africana de González Amador, la pareja de Ayuso

El comisionista asegura que intentó entrar en el mercado africano para vender vacunas en Costa de Marfil, y viajó hasta allí, pero el proyecto fracasó

Isabel Díaz Ayuso junto a su pareja, Alberto González, en Madrid, en 2022.
Isabel Díaz Ayuso junto a su pareja, Alberto González, en Madrid, en 2022.Lagencia Press
Juan José Mateo

Inicios de 2021. Mientras la pandemia empieza a dar tregua en Occidente, el empresario Alberto González Amador busca a alguien que sea bilingüe español-francés. Tiene un proyecto de excelencia sanitaria para Costa de Marfil. También quiere venderle dos millones de vacunas al Gobierno de este país africano. Y por eso necesita a alguien que le garantice una comunicación fluida para preparar el viaje que emprenderá entre el 31 de mayo y el 3 de junio hasta África, donde se reúne, afirma en un escrito dirigido a Hacienda, con Coulibaly Epse Horo, director de Aprovisionamiento; Ange Désire Yapi, director general de Farmacia, y Pierre Dimba, ministro de Salud. El comisionista no lo sabe aún, pero está haciendo algo más que iniciar una negociación que acabará en fracaso: una de las facturas relacionadas con el proyecto acabará en el expediente que ha derivado en que una juez investigue al hoy pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras ser acusado por la Fiscalía de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.

“Contacta a principios de marzo [la empresa] Gayani para informarnos [de] que hay una petición de ayuda por parte del Ministerio de Sanidad de Costa de Marfil para adquirir vacunas [para la] covid-19 principalmente y de manera secundaria medicamentos e insumos para afrontar la pandemia (test, mascarillas, etc.)”, relata González Amador, según la documentación a la que ha accedido EL PAÍS, cuando los investigadores le solicitan explicaciones sobre una factura de 922.585,63 euros a favor de su empresa, Maxwell Cremona. “El ministro de Costa de Marfil nos llama a una reunión presencial”, prosigue, sobre el motivo de su desplazamiento a Abiyán, que respalda ante Hacienda con fotos de sus citas, el visado del pasaporte y los gastos del viaje. “Durante esos días, visito varios hospitales que me ofrecen ver para mejorar la sanidad del país bajo nuestra consultoría estratégica, pero realmente y tras detectar que la prioridad son las vacunas […], acuerdo con Gayani una comisión por las vacunas y otra por la apertura de mercado”.

Pero conseguir vacunas contra la covid en plena pandemia no es cosa fácil. Hay “tensión en las negociaciones”. Sospechas de que los socios de Gayani no son trigo limpio: se les llega a exigir la escritura de constitución de la sociedad para certificar que son quienes dicen ser. Hay un jugoso negocio en juego. Reuniones presenciales y telemáticas con distribuidoras farmacéuticas de España y China, “entre otros”. Algunas, en el entorno de la madrileña Puerta de Alcalá, una de las zonas más exclusivas de la capital.

Frustrados los primeros intentos, González Amador y el resto de los especialistas que se han sumado al proyecto sostienen que consiguen que el Gobierno de Costa de Marfil les haga entrega de una carta de colaboración formal con la que intentar comprar los sueros de AstraZeneca. La idea es vender cada unidad por 16,90 dólares, cinco veces más caras de lo que costaban entonces, según publicó eldiario.es, y para un total de 33,8 millones de dólares. Finalmente, se ofrecen en la licitación por 15, y se presenta la empresa Tec Pharma Europe, a la que González Amador contacta en calidad de director de proyectos de QuironPrevención, según la documentación del caso. Los españoles esperan obtener pingües beneficios: 7,5% por vender dos millones de vacunas, frente al 3,25% que cobraría su representante marfileño sobre el terreno (además de 30.000 euros por abrir el mercado). A la postre, más de dos millones de dólares.

“El motivo del rechazo [es] la existencia de mejores ofertas de acuerdo a los criterios de licitación y adjudicación”, resume un informe de Hacienda sobre las razones del Gobierno costamarfileño, expresadas a través de un documento de La Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique, una institución dependiente del Ministerio de Salud, que se encarga de las licitaciones de fármacos para centros públicos en Costa del Marfil.

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Los investigadores cuestionan gran parte del relato, por no decir todo. No encuentran conexión, por ejemplo, entre Maxwell y Tec Pharma, ni entre esta y Gayani. Y por eso el negocio inconcluso de Costa de Marfil, y la factura de 922.585,63 euros emitida por él por Gayani, está en el centro de la causa penal en la que se investiga a la pareja de Díaz Ayuso.

“Queda claro que el 10 de octubre de 2021, ya sabían que no eran los adjudicatarios, pero, a pesar de ello, registran contablemente y deducen fiscalmente la factura procedente de Gayani por importe de 922.585,63 euros, relativa a una intermediación en el suministro de vacunas que no se ha producido y que sabe, nunca se producirá”, argumenta Hacienda. “De forma que nos encontramos ante una factura que contiene una prestación de servicios inexistente y cuya realidad no ha quedado debidamente acreditada”.

De hecho, Hacienda duda hasta de que se intentara el negocio. “El mecanismo Covax supone que los países más favorecidos donen gratuitamente dosis de vacunas contra el covid-19 en favor de aquellos otros que no pueden tener acceso a la compra de vacunas”, recuerda. “Se constata que en noviembre de 2021, es España quien dona 326.400 dosis en favor de Costa de Marfil”, sigue. “Si Costa de Marfil estaba recibiendo las vacunas […] durante ese ejercicio e incluso ya en febrero de 2021, ¿qué sentido tienen las negociaciones en junio de 2021 para el suministro de vacunas, cuando estas ya estaban siendo donadas a través del Covax?”, se pregunta. Y remata: “Esos datos ponen en entredicho la realidad de los datos recogidos en la factura emitida por Gayani y deducida fiscalmente por Maxwell”.

Los investigadores sostienen que las compañías del empresario presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Casi tres años después, de la aventura africana solo queda una cosa: la acusación por fraude fiscal y falsedad documental.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.
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