Madrid dejó sin sancionar decenas de casos muy graves de maltrato animal por no localizar a los acusados

La Comunidad de Madrid dejó sin sanción 23 expedientes incoados por faltas muy graves en materia de protección de animales de compañía entre 2017 y 2022 con el argumento de que no fue capaz de localizar al infractor, según datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Esa tipificación de las infracciones, sancionadas con entre 9.001 y 45.000 euros, se aplica en casos de sacrificio, maltrato, abandono o mutilación de los animales, así como cuando hay un trato violento, participan en peleas organizadas, o se les graba participando en escenas no simuladas que conlleven crueldad. El PSOE y Más Madrid, que conocieron la polémica a través de un escrito registrado por un ciudadano en la Asamblea, ven inaceptables los argumentos del Ejecutivo, reclaman más recursos para perseguir estas infracciones, y piden ampliar los plazos de instrucción para evitar que la ley sea “inoperante”.

“La duración máxima de estos procedimientos es de un año, computado desde la incoación del procedimiento, transcurrido el cual se produce la caducidad, salvo que la demora se deba a causas imputables a los interesados o se produzca prejudicialidad penal por los mismos hechos”, escribía el ciudadano en su petición al Parlamento regional, donde el PSOE ha asumido ahora su inquietud como propia.

“Se viene constatando que diversos procedimientos (...) son archivados por incurrir en caducidad, dejando las infracciones impunes, lo que sugiere un supuesto de ineficacia administrativa que convierte a la ley 4/2016 en una proclamación ilusoria, aparte de suponer gastos inútiles en recursos funcionariales y materiales para el desarrollo de actividades administrativas que, al final, acaban en nada”, añadía. Y reclamaba: “Es necesario que el Gobierno de la Comunidad de Madrid explique a qué se debe esta situación y qué medidas piensa adoptar para corregirla”.

Lo cierto es que entre 2017 y 2022 se archivaron 23 procedimientos sancionadores incoados por infracción muy grave por caducidad, según precisa el Ejecutivo tras una petición de información de este diario en aplicación de la ley de transparencia. En paralelo, entre 2016 y 2023 se sancionaron 186 infracciones muy graves que redundaron en un total de 1.601.439,37 euros. Y el pico de sanciones se alcanzó en 2021, cuando se firmaron 93, sin que ninguno de los afectados pudiera sorprenderse.

Así, los propietarios conocen el castigo al que se enfrentan si incumplen la normativa desde el mismo momento en el que adquieren al animal: el vendedor debe proporcionarle al comprador toda la información necesaria sobre el origen, características, cuidados y manejo de este, así como sobre las infracciones y sanciones que conllevan el maltrato y el abandono.

Críticas del PSOE y de Más Madrid

¿A qué se debe el archivo de una veintena de infracciones muy graves contra animales de compañía que permitió a los infractores salir impunes?

“Desde la publicación de la ley 4/2016 de protección de los animales de compañía de la Comunidad de Madrid, las infracciones tipificadas como graves son de competencia municipal y las muy graves, competencia de la Comunidad de Madrid”, explica un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que dirige Carlos Novillo.

“Los procedimientos caducados son aquellos que después del inicio del expediente no se resuelve en el plazo de un año”, sigue este interlocutor. “Esta caducidad se produce, fundamentalmente, por problemas de localización del individuo al que se le abre el expediente, al que se le notifica dos veces y posteriormente se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.

En Madrid, de esta manera, una veintena de potenciales infractores contra los que había supuestos indicios se han librado de cualquier castigo simplemente porque ha pasado el tiempo.

“No puede ser que los expedientes caduquen por esto, no tiene ningún sentido”, critica Diego Cruz, diputado del PSOE. “En todo caso, habrá que ampliar los plazos [para instruir los casos] o los recursos, porque si no la ley es inoperante. Hay que solucionarlo”, insiste. Y remata: “Ningún expediente que se deriva de una infracción a una ley podemos admitir que caduque por falta de operatividad de la administración, mucho menos aquellos que tienen que ver con sancionar conductas así, sin un mínimo de humanidad, y que causan dolor y sufrimiento”.

Una línea crítica con el Gobierno que también mantiene Alejandro Sánchez en representación de Más Madrid. “No nos extraña nada esa desgana en materia de protección animal”, lamenta el representante de Equo, que forma parte del grupo parlamentario que lidera Manuela Bergerot. “Ya tuvimos una experiencia muy desagradable con el caso Vivotecnia que tuvimos que llevar a tribunales para que nos dieran el expediente”, sigue.

“A raíz de ese caso, Ayuso se cargó el Comisionado de Bienestar Animal que ella misma había creado y por supuesto el tema no ha mejorado nada”, recuerda. “Ni siquiera han sido capaces de elaborar el reglamento de la Ley 4/2016. Ha habido casos muy graves desde entonces en Madrid y la respuesta siempre ha sido muy tibia, delegando siempre en la justicia penal”.

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