El PSOE recurrirá al Constitucional la ley de Ayuso para controlar la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia de Madrid

El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha anunciado este jueves que los socialistas presentarán en las próximas semanas un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los apartados de la Ley Ómnibus que “amordazan” la transparencia en la región. La norma, aprobada a finales de diciembre gracias a la mayoría absoluta del PP de Isabel Díaz Ayuso, permite al Gobierno autonómico controlar los organismos que deben fiscalizar su labor, como el Consejo de Transparencia o la Cámara de Cuentas, y cimientan su dominio sobre la televisión y la radio públicas de Madrid. El PSOE contará con la firma de 50 senadores ―entre ellos, Lobato― para registrar su recurso ante el alto tribunal.

“El Gobierno ha luchado contra la transparencia y en favor de la opacidad, con una ley antitransparencia”, se ha quejado Lobato durante una rueda de prensa en la Asamblea regional. “El objetivo es que no desaparezca el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que no se usurpen las capacidades de la Cámara de Cuentas para fiscalizar la gestión de la presidenta, y que no se siga amordazando a Telemadrid”, ha denunciado. “Espero que podamos recuperar la posibilidad de que en Madrid los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a la información de una forma directa y veraz”.

Estos son los principales cambios propiciados por la ley en los apartados en los que se centrará el recurso del PSOE:

Un Consejo de Transparencia elegido por el Gobierno. El organismo está integrado por tres consejeros nombrados por la Presidencia de la Asamblea, a propuesta del pleno de la cámara, por mayoría de las tres quintas partes. Están en el cargo durante seis años y se distribuyen rotatoriamente la presidencia cada dos años. Hasta ahora. Con la reforma del PP, el órgano que dirime las quejas sobre la transparencia del Ejecutivo será presidido por una persona designada por ese mismo Ejecutivo, su único integrante, pues el número de consejeros pasa de tres a uno. Y se especifica: “Se elimina su dependencia de la Asamblea”.

Una Cámara de Cuentas controlada por el partido en el poder. El PP lleva desde febrero de 2022 intentando controlar la Cámara de Cuentas, el organismo que fiscaliza sus contratos y gastos, y no lo había conseguido hasta ahora porque estaba en minoría, dependía de Vox, y el partido ultra se había opuesto. ¿Qué ocurre? Desde 2019, los integrantes de este ente público eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo.

Con la justificación precisamente de ese bloqueo, los conservadores han apostado porque el número de miembros del órgano pase de tres a siete y han modificado el sistema de elección de presidente y consejeros de forma similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Es decir, que el partido mayoritario controlará la Cámara, como ocurre en el Parlamento. Y lo hará bien pronto: la nueva alineación debe ser aprobada, como tarde, tres meses después de su aprobación.

Nuevo director para Telemadrid. “La elección del director general deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley”, se lee en la nueva norma aprobada por la Asamblea. ¿Qué es lo que ha cambiado? Hasta ahora, esa designación dependía de la Asamblea, lo que obligaba al consenso entre Gobierno y oposición. Tras la reforma, el nombramiento se efectuará por la Junta General de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad, cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea en el primer trimestre de 2024 de entre los propuestos por los Grupos Parlamentarios y de acuerdo a su peso político.

Es decir, dominará el partido mayoritario, igual que en la comisión parlamentaria que debe declarar su idoneidad para el puesto. En este caso, el PP. Aunque una fuente gubernamental asegura que aún no se ha empezado a trabajar en el nombre del nuevo director, nadie descarta un ascenso del actual administrador provisional, José Antonio Sánchez, votante confeso del partido conservador.

No obstante, Lobato no se ha limitado a plantear la lucha por la transparencia en la región a nivel jurídico. Durante el pleno de este jueves también ha confrontado sobre este asunto con Ayuso durante la sesión de control al Gobierno regional. “La verdad os hará libres”, ha dicho Lobato, en referencia a las trabas que a su juicio introduce la nueva ley a la hora de obligar al Ejecutivo a proporcionar información.

Así le ha contestado Ayuso: “El Consejo de Transparencia no desaparece, amplía sus competencias, porque también va a llevar los datos, y va a tener la misma estructura que se tiene en el Estado (...) Vamos a poner al frente a funcionarios que no le deben nada a ningún partido político”.

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