Bajo comercial con ventana a la calle desde donde se dispensa droga. Abierto 24 horas

Hace unos días, T., un vecino del número 11 de la céntrica calle de Juanelo de Madrid, se encontró un reguero de gotas de sangre en las escaleras de madera del rellano. No le sorprendió, la noche anterior se habían escuchado gritos y golpes en la planta baja. Para la veintena de residentes en este bloque del barrio de Lavapiés esta se ha convertido en la banda sonora que les acompaña día tras día, noche tras noche. Para atestiguarlo, algunos de ellos muestran una decena de vídeos. Todo ese ruido es rutina para ellos. En el local comercial que hay en el bajo del edificio se instalaron hace dos años al menos una veintena de ocupantes ilegales. Según los documentos gráficos que también aportan y ha podido comprobar este periódico, en una de las ventanas laterales han establecido su propia ventanilla dispensadora de droga 24 horas. “El nivel de violencia que soportamos no es normal”, asegura T., de 37 años.

Podría decirse que el bajo comercial de esta calle es uno de los narcopisos que operan en el barrio. Pero es algo más que eso, porque no es frecuente tanto descaro, tanta visibilidad, de tal forma que se atienda al cliente desde una ventana a pie de calle. Los vecinos guardan un número indeterminado de fotografías de compradores apoyados en el alfeizar mientras se procede a la transacción. El fenómeno no es exclusivo de Lavapiés, pero este método de venta aumenta su visibilidad y la sensación de impunidad. La situación es tan insostenible que “las dos familias que había con menores se han tenido que marchar”, explica M., otra vecina, de 40 años, que también prefiere que no se publique su nombre para evitar problemas. “La antigua presidenta de la comunidad trataba de hablar con ellos y llegar a acuerdos, como hice yo nada más instalarme aquí hace año y medio. Pero un día, uno de ellos se puso muy violento con ella. En ese momento ella tenía a su recién nacido en casa y decidió que había llegado el momento de irse”, resume. T. compró aquí su piso hace dos años. “En ese momento no observé este nivel de agresividad”, reconoce. En esta comunidad, la mitad son propietarios y la otra mitad, inquilinos.

El pasado abril, una operación conjunta de la Policía Nacional y la Municipal permitió el desalojo del inmueble y detuvieron a tres de sus ocupantes. Los agentes habían obtenido una orden judicial de entrada y registro tras acreditar la venta constante de estupefacientes. Al acceder, intervinieron hasta seis sustancias estupefacientes distintas, cocaína base, benzodiazepinas, hachís, sildenafilo y marihuana. Ese día, los vecinos contaron a una veintena de personas saliendo por la puerta. Este periódico se ha intentado poner en contacto con algunos de los ocupantes del local, la mayoría jóvenes de origen subsahariano, para conocer su versión y los motivos que les llevaron a instalarse allí. Desde el otro lado de la puerta aseguran que “no existe ningún problema vecinal” y que no quieren hablar con nadie.

Los vecinos almacenan en sus móviles pruebas del caos en el que está sumida su comunidad. En uno, dos hombres que se pelean a puños junto a la ventana por la que venden la droga. En otro, los bomberos acceden al edificio después de que se produjera un pequeño incendio. Otro más con los chillidos que retumban en el patio interior. Ya en 2018 los datos policiales indicaban que Lavapiés encabezaba la lista de barrios en los que más narcopisos de desmantelaban. Solo en el primer semestre de 2022 la policía desalojó 14. Algo que las asociaciones achacan a la presión policial en otros puntos de venta habituales, como la Cañada Real Galiana, donde varias operaciones en los últimos años han dejado heridos de gravedad a los narcos instalados en el asentamiento ilegal más grande de Europa. “Yo siempre lo digo: más trabajo social, más mediadores de calle. Esto no es un problema que se solucione desalojando y ya está. ¿Qué hacemos? ¿Los vamos expulsando hasta que lleguen a Arganzuela [un distrito limítrofe]? La policía no puede hacer más de lo que hace”, asegura Manuel Osuna, presidente de la asociación de La Corrala y vecino del barrio desde hace décadas.

Los residentes en este bloque comparten esa opinión. Las patrullas acuden en cuestión de minutos cuando ellos llaman. Han sido tantas veces que incluso los propios afectados han aprendido a distinguir cuando es un incidente especialmente grave y cuando se están produciendo altercados que ya entran dentro de su normalidad. Hace unos días, su calle se llenó de luces azules y naranjas, las de los policías y sanitarios que fueron a atender a un herido por arma blanca. “No solo nos hemos reunido con la concejalía de distrito y mandos policiales, también hemos mandado emails a asociaciones sociales, sin obtener respuesta”, recalca M. Las dueñas del local pusieron en marcha hace unos meses un procedimiento civil de desalojo de su inmueble, del que todavía no hay resolución.

Las imágenes que almacenan los vecinos y comerciantes cercanos a este narcopiso recuerdan a escenas descritas en los periódicos de los años ochenta y noventa. Una información de 1991 hablaba de residentes “haciendo guardia” a las puertas de los puntos de venta para disuadir a los clientes de un narcopiso de Alcalá de Henares. “Tras una reunión vecinal mantenida la tarde del domingo, los residentes de ambos portales decidieron acabar con la venta de droga impidiendo que los drogodependientes adquieran la mercancía”, rezaba la noticia. Otra de 1988 describía “colas de jóvenes” esperando a comprar su dosis en una vivienda del distrito de Ciudad Lineal.

Es imposible saber cuántas personas viven en el local, que lleva años desocupado y pertenece a unas particulares. Los residentes en el bloque aseguran que un día vieron llegar a multitud de personas con maletas. Acababan de desalojar uno de los mayores edificios okupados de toda la ciudad, el conocido como narcohotel de La Quimera, solo unas calles más abajo. Osuna asegura que ya lo advirtió: “Se han disgregado por el resto del barrio, no iban a desaparecer. Este problema requiere una solución integral desde el punto de vista social, político, vecinal y policial”. Son muchas las voces de alarma pero pocas las actuaciones integrales. La Fiscalía Antidroga fijaba su atención en este fenómeno en su memoria de 2022 y alertaba de la proliferación de esta actividad en pisos de Madrid y Barcelona. Según el análisis de los fiscales, genera un “auténtico problema de seguridad pública y ciudadana”.

El bajo comercial de Juanelo tiene salida a la calle por una puerta con persiana que siempre permanece bajada. Los inquilinos dan un par de toques a la persiana y alguien del interior abre el portal, por el que acceden al local ocupado. En media hora, este periódico observa como salen y entran una decena de personas. “Nos cansamos de arreglar la puerta de la entrada, ahora ya no tiene cristales”, se lamenta A., una vecina jubilada, de 69 años. Esta residente enseña a través de las ventanas interiores del bloque el estado en el que se encuentra el patio común del edificio, lleno de zapatillas alineadas y de todo tipo de trastos, desde mesas y sillas hasta un par de esquís. Por si llega la nieve a Madrid.

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