Una maniobra legal del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso permitirá a los colegios privados concertados que segregan por sexo seguir recibiendo dinero público hasta 2027 en la Comunidad de Madrid, pese a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala que los centros que diferencian niños de niñas no sean financiados por la Administración. El Gobierno regional (PP) aprobó en 2021 un decreto que extendía de seis a diez años los conciertos ya vigentes en cualquier tipo de centro (tanto de educación diferenciada como mixta) para así neutralizar antes de su entrada en vigor la Lomloe, la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno central (PSOE y Podemos).

Esa decisión permite ahora que 11 colegios que segregan alumnos reciban alrededor de 36 millones de euros anuales de aquí hasta el curso 2026-2027, aumentando la factura de 500 millones recibidos desde el curso 2011-2012, según datos oficiales. Sin el decreto de Ayuso, esos conciertos habrían acabado al final del presente curso 2022-2023, precisa un portavoz gubernamental, por lo que los colegios que segregan no habrían podido renovar su financiación pública. Un corte de ingresos que se retrasa al menos tres cursos, pues la sentencia del Constitucional no suspende los conciertos vigentes, sino que impide renovarlos, según precisa el alto tribunal.

“Ayuso está burlando una ley orgánica de educación (Lomloe) con la ampliación de los conciertos y con la mal llamada ley maestra de educación en su guerra contra la coeducación y la igualdad entre hombres y mujeres”, opina Agustín Moreno, diputado y portavoz de Educación de Unidas Podemos en la pasada legislatura, que recabó del Gobierno todos los datos sobre centros que segregan y reciben financiación pública. Moreno reclama: “El Gobierno de España debe estudiar las medidas jurídicas y legales que impidan financiar, con dinero público, 500 millones en doce años, una aberración pedagógica y social que segrega doblemente: por sexo y como centros privados”.

“La mayor duración de los conciertos en Madrid es una medida que mejora la seguridad jurídica de los proyectos y permite una mejor garantía de continuidad de las legítimas decisiones de las familias en la elección de centro para sus hijos”, contrapone Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).

“Las sentencias se acatan, como es natural”, opina sobre la decisión del Constitucional. “No me gusta hacer valoraciones de las sentencias de los tribunales, pero llama la atención el cambio de doctrina que se ha producido en tan pocos años, lo cual no va muy a favor de la seguridad jurídica de nuestro país”, añade. Y sobre la posibilidad de que los concertados que segregan no hubieran podido renovar su concierto sin el decreto de Ayuso, expone: “Es un tema jurídico complejo que no es fácil de responder”.

Tras la decisión del Constitucional en la que avala la ley Celáa, y el artículo que impide financiar con fondos públicos a centros que segregan, a los colegios concertados les quedaría la posibilidad de recurrir la sentencia en el Tribunal de Estrasburgo para intentar no perder el concierto.

En noviembre de 2022, el Gobierno regional envió a la Asamblea un listado con el coste de financiar colegios que segregan para el curso 2022-2023. Recogía 17 centros y 51 millones de gasto total. Sin embargo, un portavoz gubernamental asegura que esa información quedó desactualizada porque hasta seis centros notificaron a Educación cuando ya había comenzado el curso que habían abandonado esa práctica, y que en realidad este curso solo la aplican 11 (para 36,2 de gasto), todos de un marcado carácter religioso, y varios de ellos vinculados al Opus Dei.

“Los conciertos educativos están vigentes hasta el curso 2026-2027 incluido, por lo que hasta finalizar ese curso no podría afectarles [la decisión del Constitucional]”, detalla un portavoz de la Comunidad de Madrid. “Sigue igual la financiación hasta el final del curso 26-27″, subraya. “[Sin el decreto] los conciertos habrían terminado al finalizar este curso. [El decreto] permite mantener el concierto a los centros de educación concertada, diferenciada y no diferenciada, hasta el curso 26-27 incluido”.

Diciembre de 2020. Habla Ayuso: “Hemos decidido que para dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada vamos a alargar estos conciertos hasta 10 años”. El anuncio llega cuando la Lomloe está solo pendiente de su tramitación en el Senado y su publicación en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor. Así que el Gobierno de Madrid tiene prisa. Y acelera: tramita el decreto, que afecta a todos los privados concertados, segreguen o no, por la vía de urgencia. Una decisión que merece el reproche de la asesoría jurídica regional (“a juicio de esta Comisión la declaración de urgencia no está suficientemente justificada”) pero que el calendario posterior revela como fundamental.

El decreto autonómico se publica el 13 de enero de 2021 en el boletín regional. La Lomloe entra en vigor solo seis días después, el 19 de enero.

Apuesta por la concertada

“Con el fin de dotar de certeza y previsibilidad en la regulación del régimen jurídico de los conciertos educativos a los titulares de los centros y a las familias que han elegido escolarizar a sus hijos en centros concertados en la Comunidad de Madrid, se considera oportuno ampliar la vigencia de los conciertos educativos a los 10n años que comprende la enseñanza básica”, se argumenta en el texto autonómico.

Esa actuación decisiva del Gobierno autonómica en favor de la escuela concertada resume una política diseñada para confrontar con el Gobierno de España. Sobran los ejemplos. Así, en noviembre se supo que el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno de la Comunidad, ambos gobernados por el PP, habían decidido ceder a coste cero dos parcelas valoradas en más de 11 millones de euros para construir sendos colegios privados concertados que los concesionarios explotarán durante al menos 40 años, pues la concesión podrá llegar hasta los 75.

El Ejecutivo regional no culminaba una concesión de este tipo desde 2013, cuando puso en marcha el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso 2013-2014. En 2018, detallan en la Consejería de Educación, se licitó otro concertado, pero la tramitación no llegó a terminarse. Finalmente, en 2022, el actual Ejecutivo reactivó un concierto durmiente (concedido pero no ejecutado) de 2005 en Villalbilla. Fue un aviso de lo que estaba por llegar: si los Gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido hicieron una apuesta explícita por no crear nuevos colegios privados concertados, Ayuso ha vuelto ahora a la política de los expresidentes Esperanza Aguirre y Francisco González. Una decisión de la que ya avisó el actual consejero de Educación, Enrique Ossorio, en su última entrevista con EL PAÍS: “Si los padres quieren concertada, habrá más concertada”.

La apuesta no es inocente. El PP lleva más de una década trabajando con la tesis de que gana más votos allí donde instala colegios privados concertados, según confesó uno de sus consejeros de Educación, Luis Peral. Como resultado, Madrid es la región española con más estudiantes en centros privados puros (15,8%) y tiene un 29,6% en concertados. Sumando las dos (45,4%) solo es superado por el País Vasco (48%).

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