Hay guerras que se ganan en los despachos. El Canal de Isabel II, que con el Metro es la mayor empresa pública de Madrid, licita un contrato con un valor estimado de 1.183.680 euros (más IVA) para influir en políticos, periodistas y líderes de opinión de Colombia. ¿La razón? Que a finales de 2021, el país sudamericano aplicó una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y traspasar las acciones con las que la compañía española controlaba la empresa Triple A de Barranquilla. La Fiscalía local considera que una de las filiales del Canal le cobró más de 60 millones a esta entidad por asesorías técnicas que no se produjeron. Y desde entonces, la empresa española, que niega ese extremo, lucha en tres frentes para recuperar la Triple A: el diplomático, con contactos al máximo nivel gracias a la ayuda de la embajada de España; el legal, con la contratación millonaria de un despacho de abogados; y el de la influencia, con este nuevo contrato por el que compiten algunas de las empresas de lobby más potentes de las que operan en España.

“El objeto del contrato es la prestación de los servicios de asistencia técnica en Public Affairs y comunicación estratégica con el objetivo de elaborar una estrategia de defensa de los intereses corporativos y recuperación de la inversión en relación con el procedimiento de enajenación temprana del 82,16% de la participación accionarial que Canal Extensia America S.A. posee en la Triple A de Barranquilla”, se lee en documentación oficial publicada en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid.

El Canal se hizo con la Triple A de Barranquilla en 2001, a través de Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo. Desde 2018, sus acciones quedaron congeladas por la Fiscalía local, que considera que Inassa cobró más de 60 millones de euros a Triple A por asesorías técnicas que no se produjeron, y que a finales de 2021 activó el mecanismo de “enajenación temprana”. Es decir, una expropiación que afecta a una compañía que facturó 150 millones de euros el año pasado.

“En cuanto se tuvo conocimiento de la decisión adoptada, Canal de Isabel II, en su división Internacional, puso estos hechos en conocimiento de la Embajada española, y los ministerios de Asuntos Exteriores y Comercio, que han mostrado su apoyo y colaboración a la defensa de los intereses de esta empresa”, explicó entonces un portavoz de la compañía española, cuyo consejero delegado, Pascual Fernández, gastó casi 7.000 euros para viajar entre el 23 y el 26 de abril a Bogotá, según información colgada en el portal de transparencia. “Canal de Isabel II Internacional protegerá sus inversiones y seguirá defendiendo los intereses económicos y patrimoniales de la empresa ante todas las instancias judiciales correspondientes y, en su caso, ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial”.

Como acompañamiento a esos pasos, el Canal busca ahora una compañía que tenga oficina en Colombia o esté dispuesta a abrirla para dirigir una estrategia de Public Affairs en defensa de sus intereses. ¿Y qué quiere decir eso? El adjudicatario tendrá como misión, según la documentación oficial, ejecutar campañas de incidencia política; diseñar y gestionar una estrategia de relaciones gubernamentales en Colombia; dar apoyo en las relaciones con organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI o la OCDE; y contactar con líderes de opinión y periodistas.

Dicho de otra forma: el objetivo es influir para crear un clima de opinión favorable a los intereses del Canal de Isabel II en Colombia, y comunicar “para combatir las situaciones de crisis por riesgo de posibles ataques a la compañía”.

Santo Domingo y Ecuador

Sin embargo, este no es el único problema que tiene el Canal en América. Todo lo contrario. A principios de año, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso autorizó que AAA Dominicana, empresa controlada por el Canal de Isabel II en la República Dominicana, pueda someterse a un proceso de arbitraje para obtener una indemnización por “la extinción anticipada” del contrato público que tenía en el país para la gestión del agua de Santo Domingo. Las autoridades americanas justifican el fin del acuerdo en su “lesividad para el Estado”.

De hecho, el Canal ni siquiera es la única empresa pública madrileña con problemas en América. El Metro de Madrid también está licitando un servicio de representación legal en Ecuador, donde litiga contra el gobierno por una sanción de 1,4 millones de dólares (1,2 de euros) por un supuesto incumplimiento en la categorización de los contratos indirectos firmados con el Ayuntamiento de Quito en 2010 y 2011. Metro, según documentación pública, ha solicitado la nulidad de la sanción, señalando la “multitud de incongruencias, errores y falsedades” en los que a su juicio ha incurrido la Contraloría ecuatoriana.

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