Comienza el juicio por la tragedia del tren Alvia en Santiago: la luz al final de un túnel de nueve años para las víctimas

Este miércoles, a las nueve y media de la mañana, en uno de los edificios de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, las familias de las víctimas del accidente del tren Alvia —que en 2013 se cobró la vida de 80 personas y causó heridas a 145— empezarán a ver la luz al final de un túnel que les ha costado nueve años atravesar. Sin responsables de carácter político en el banquillo, el juicio por la tragedia sucedida en el barrio de Angrois se prolongará previsiblemente, con su fase penal y su fase civil, durante más de seis meses. Los únicos acusados son el maquinista del tren, Francisco Garzón Amo, y el entonces jefe de seguridad de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Andrés Cortabitarte.

A ambos se les imputan 80 delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave. La Fiscalía pide para ellos cuatro años de prisión, la misma pena que reclama la plataforma en la que se agruparon la mayoría de las víctimas. Estas piden también que el conductor del tren, que no volvió a ejercer como tal, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena, y que Cortabitarte no pueda ocupar en ese tiempo ningún cargo que tenga que ver con gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias. La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57,69 millones de euros. Las personas y entidades contra las que se dirige la acción civil dentro del proceso penal son QBE (aseguradora de Renfe), Allianz Global Corporate & Speciality (aseguradora de Adif), Renfe y Adif, el maquinista del tren y el director de seguridad de Adif en el momento de los hechos.

Manuel Prieto, el abogado que defiende desde el principio a Garzón, pide la libre absolución del maquinista, al entender que “la clave” para que se produjera el siniestro fue la “carencia de un análisis de riesgo y medidas de seguridad” en la línea ferroviaria entre Ourense y Santiago. Garzón estuvo de baja por accidente laboral desde que se produjo la tragedia, el 24 de julio de 2013, hasta 2015, cuando se reincorporó a Renfe en tareas de gestión desarrolladas en talleres de material rodante. Ahora, informa Europa Press, se ha prejubilado. La defensa del otro acusado, Andrés Cortabitarte, que estaba al frente de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se puso en servicio la línea (lo estuvo de 2006 a 2013), también reclama la absolución. Después del accidente, Cortabitarte fue reubicado por la empresa pública, pero se mantuvo en puestos de dirección hasta mayo de 2021, cuando presentó su renuncia y pasó a tener la categoría con la que accedió a su plaza: técnico especialista.

Jesús Domínguez, portavoz del grupo mayoritario de víctimas, dice que lo que ahora buscan es “que la gente conozca la verdad” de lo sucedido, además de “depurar responsabilidades”. El letrado de Garzón tratará de demostrar que la línea de entrada a la capital de Galicia era una infraestructura “carente de análisis de riesgo y sin sistemas de seguridad”. Las víctimas todavía han reclamado esta semana la dimisión de la exministra de Fomento Ana Pastor, del PP, “por sus mentiras y maniobras de ocultación”, después de que trascendiese la carta con la que la actual vicepresidenta segunda del Congreso advirtió en su día a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, sobre la “gravedad” de la publicación de un informe de la UE crítico con la investigación oficial del Estado español.

La acción penal del juicio se desarrollará entre el 5 de octubre y el 10 de febrero de 2023, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El 14 de febrero empezará la acción civil, con tres sesiones a la semana hasta el final del juicio. La organización de este proceso, a cargo de la Xunta de Galicia, ronda el millón de euros. El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos. La magistrada encargada del juicio oral y de dictar sentencia será María Elena Fernández Currás. Los instructores fueron Luis Aláez (que imputó a la cúpula de altos cargos de Adif) y después Andrés Lago Louro, que tuvo que reabrir la causa en dos ocasiones. La primera vez que la cerró solo imputaba al maquinista, pero la Audiencia de A Coruña le ordenó reabrirla y seguir investigando. Más tarde, una denuncia de un extrabajador de Talgo obligó a abrir el caso de nuevo. El auto de apertura de juicio oral se dictó en julio de 2021, a los ocho años exactos del siniestro.

Hay 446 personas perjudicadas que reclaman, agrupadas en 154 acusaciones, asistidas por 110 letrados y representadas por 47 procuradores. Además, hay 53 perjudicados que solo estarán representados por el ministerio fiscal.