Inhabilitan a un sargento de la Guardia Civil por falsear denuncias y pedir dinero a los implicados

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha condenado a 5 años de inhabilitación a un sargento primero de la Guardia Civil por prevalerse de su cargo para apropiarse de dinero de personas que acudían a formalizar denuncias con la promesa de mediar en un conflicto vecinal sobre el precio de tala de árboles en el municipio de Covelo (Pontevedra).

El acusado, que era comandante del puesto de la Guardia Civil en la citada localidad cuando ocurrieron los hechos en 2015, no tramitó en tiempo y forma las denuncias que fueron a formalizar dos de los implicados, sino que además falseó los atestados cuando fue descubierto un año después y los envío al juzgado de Ponteareas. Su actuación, según el fiscal, fue premeditada con la intención de obtener un beneficio económico, de hasta 2.900 euros, con la falsa promesa de mediar en el conflicto entre los denunciantes.

Sin embargo, el sargento negó todos los hechos durante su declaración en el juicio, incluso reprochó la actuación de su abogado ante el tribunal. Tras escuchar las conclusiones del fiscal que incidió en que no es deber de la Guardia Civil mediar en la solución de conflictos de naturaleza civil o penal, sino de investigarlos y perseguirlos, el acusado, después de pedir un receso de la vista, se declaró culpable y se avino a firmar un acuerdo de conformidad con la fiscalía.

Con el acuerdo de conformidad la pena se ha rebajado, de 9 años y 3 meses de prisión que solicitaba el fiscal, a 5 años de inhabilitación, 3 meses de prisión con suspensión de empleo y sueldo por cada uno de los dos delitos de apropiación indebida, y 6 meses de suspensión de empleo y sueldo por cada uno de los dos delitos de omisión del deber de perseguir delitos. Además se le impuso una multa de 5 meses con una cuota diaria de 10 euros por un delito de falsedad en documento público y el pago de las costas procesales.

La Fiscalía ha tenido en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas en el proceso, ya que el escrito de acusación se presentó el pasado año. También ha pesado en la sentencia la confesión aunque tardía del acusado y la de reparación del daño, ya que este devolvió a las víctimas el dinero que estos le habían entregado. Una de los pagos de 900 euros se hizo con un cheque al portador que el guardia cobró en una entidad bancaria.

El entonces responsable del puesto de Covelo reconoció que llamaba por teléfono a los denunciados y les pedía que le entregasen el dinero pendiente “para arreglar las cosas” y evitar una investigación oficial. Y prevaliéndose de su condición de agente de la autoridad redactó uno de los atestados un año después de que se interpusiese la denuncia para evitar ser descubierto. En las diligencias policiales agregó un relato inconexo “para enmascarar sus propias acciones”, valoró el fiscal.

El excomandante del puesto recibió 1.900 euros del hombre que había intentado interponer la primera denuncia. El segundo implicado logró la devolución de otros 1.000 euros que le dio al acusado cuando este ya había sido citado para prestar declaración en calidad de investigado ante el juzgado de instrucción de Ponteareas.