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La Audiencia de Pontevedra disuelve la asociación cannábica La Viuda Azul por tráfico de drogas

El tribunal acordó la suspensión de la pena de cárcel para los seis directivos del centro al haber confesado los hechos y su dependencia como “consumidores de larga evolución de cannabis”

Efectos intervenidos por la Policía Nacional con una asociación cannábica usada como tapadera para la venta de marihuana y hachís desmantelada en Santiago.
Efectos intervenidos por la Policía Nacional con una asociación cannábica usada como tapadera para la venta de marihuana y hachís desmantelada en Santiago.POLICÍA NACIONAL (Europa Press)


La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha echado el cierre a la asociación cannábica La Viuda Azul, inscrita en el registro de la Xunta en 2015, y que contaba con 150 socios activos. El tribunal ha condenado a sus seis directivos por traficar con sustancias estupefacientes, concretamente cannabis y hachís. Los acusados se han declarado culpables de un delito de asociación ilícita y otro delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y han aceptado una condena de un año de cárcel y al pago de una multa de 2.450 euros, así como a la inhabilitación para empleo o cargo público durante un año y medio.

Además, el tribunal ha acordado anular la inscripción de la asociación en el Registro Central de Asociaciones dependiente de la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas de la Xunta de Galicia, así como el decomiso de las sustancias, dinero, efectos e instrumentos intervenidos para la venta de droga.

El tribunal también ha decretado la suspensión de la pena de cárcel durante dos años para todos los directivos con la condición de que durante ese periodo no delincan. Los magistrados tuvieron en cuenta las atenuantes de confesión y de dependencia del consumo de estupefacientes, ya que los acusados han reconocido que son “consumidores de larga evolución de cannabis”.

“La actividad desarrollada por los investigados, a través de la asociación que dirigían, se ha centrado en la distribución de estupefacientes, sin que conste el modo exacto en que se proveían de la sustancia que lucrativamente vendían”, indican los jueces en la sentencia.

La actividad de los acusados fue constatada a través de las vigilancias policiales desarrolladas entre los meses de octubre de 2017 y abril de 2018 en el entorno de la sede de la entidad, situada en Pontevedra, en la que se incautaron sustancias estupefacientes comercializadas por los condenados, quienes admitieron que se servían de la asociación para vender droga.

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En el registro judicial no consta que se realizase un cultivo de cannabis para autoconsumo privado y exclusivo de los socios, incide el fallo, sino que el director, el secretario, el tesorero y los vocales de La Viuda Azul se sirvieron de la estructura de la asociación para llevar a cabo una actividad sostenida de acopio y comercialización de las sustancias estupefacientes.

El tribunal destaca en su veredicto el modo de operar en la sede de la asociación que incumplía la normativa legal. “En modo alguno se les pudiera considerar como tales socios, no estableciéndose, en ningún caso, medida alguna de control sobre el destino de las sustancias vendidas y entregadas en el local pero transportadas fuera de este”. “Tampoco había control efectivo alguno de que quienes accedieran al interior del mismo pertenecieran a un núcleo reducido, privado y exclusivo de personas previamente concertadas para operar como grupo cerrado de cultivadores-consumidores”, concluye la sentencia.

Entre la documentación incautada en el local se han contabilizado diversas hojas de registro de las sustancias y productos suministrados a los socios desde 2016. También aparecen balances de gastos libro de cuentas y un registro con los datos personales de 754 personas que solicitaron su inscripción como socios, También se intervino un listado completo de socios activos con datos de afiliación y las fechas de incorporación de estos a la asociación. Según la sentencia, la asociación contaba con un total de 150 socios activos que abonaban su cuota cuando fue intervenida judicialmente.



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