Podemos pierde casi 3,5 millones al año de subvención tras el 23-J

Podemos pierde poder político, pero también económico. El partido de Ione Belarra, que ya anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) a sus trabajadores tras las generales del 23-J, dejará de ingresar esta legislatura casi 3,5 millones de euros anuales de las subvenciones a formaciones políticas con representación en el Congreso, lo que supone prácticamente dos de cada tres euros de la financiación pública percibida en los últimos tres años y medio. El reparto de recursos establecido en la firma de la coalición Sumar otorga a Podemos el 23% del total de las partidas destinadas a sufragar los gastos de funcionamiento ordinario, la seguridad y el grupo parlamentario, un porcentaje muy inferior al que tenía con UP, donde era la fuerza política dominante. Ahora, tras la debacle en las municipales y autonómicas del 28 de mayo y con tan solo cinco diputados en un grupo de 31 —la mitad que Movimiento Sumar y los mismos que Izquierda Unida y Catalunya en Comú—, la formación afronta una etapa compleja, en la que todavía debe llevar a cabo el proceso de despidos, definir la influencia que tendrá en el nuevo grupo y replantear su estrategia futura.

Los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados reciben dinero público por diferentes vías, condicionadas a los últimos resultados electorales. La fuente de financiación principal es la subvención anual para gastos de funcionamiento ordinario. La paga el Ministerio del Interior, y en los Presupuestos de 2023 esta cifra asciende a 52,7 millones de euros. Interior reparte dinero también para que las formaciones afronten sus gastos de seguridad, una cantidad que rondó los 2,7 millones de euros en 2022. Estas dos subvenciones se distribuyen de la misma manera: un tercio se asigna en proporción al número de diputados de cada partido, y los dos tercios restantes se reparten según los votos obtenidos en las elecciones generales. El propio Congreso guarda una parte de su presupuesto, casi 11 millones de euros, para repartir entre los grupos parlamentarios: la cantidad fija que la Cámara baja entrega actualmente a cada grupo es de algo más de 30.000 euros mensuales, más otros casi 1.750 por cada diputado.

La reducción de 3,5 millones en los ingresos de Podemos sale del siguiente cálculo. En el primer caso, el que se refiere a la subvención para gastos de funcionamiento ordinario (que representa la partida mayor), corresponden a Sumar en esta legislatura algo más de 6 millones de euros, frente a los 18,9 del PP o los 17,6 del PSOE. La coalición liderada por la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, pierde respecto a la subvención obtenida en 2019 por las candidaturas de Unidas Podemos y Más País, Equo y Compromís (7,3 millones) al bajar de 38 a 31 diputados. En este apartado, Podemos pasa de percibir 4,2 millones, según datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a 1,4, un descenso del 67% (2,8 millones menos al año). En el segundo caso, la partida para seguridad, Sumar se lleva 308.981 euros y la formación de Belarra percibiría 71.066 euros frente a los 214.237 de la legislatura anterior, según el BOE, es decir, 143.171 euros menos.

En cuanto a la financiación del grupo que distribuye la Cámara baja, a Sumar le corresponderían ahora 1.013.732 euros, de los cuales Podemos recibiría 233.158,40 euros, una cantidad casi 559.000 euros menor que la percibida en 2020 por este concepto, según los datos de la propia organización. En total, la suma de las tres subvenciones da 3,5 millones de euros menos al año.

Otras formaciones de Sumar con representación en el Congreso en la anterior y la nueva legislatura también acusan la bajada de recursos con la disminución de diputados y el nuevo reparto de fondos de la coalición. En el caso de Izquierda Unida, con la partida de gastos de funcionamiento ordinario pierde un 19% al pasar de 1,4 millones a 1,145 tras el 23-J; mientras que Catalunya en Comú reduce un 13% sus ingresos y se queda en unos 723.000 euros. La caída de Podemos es, sin duda, la más pronunciada, aunque el reparto entre partidos en la nueva confluencia es mucho más proporcionado en comparación con UP. Frente a los más de cuatro millones que la organización entonces liderada por Pablo Iglesias tenía asignados en 2019 por este concepto, ahora Movimiento Sumar, como fuerza mayoritaria, acumula únicamente 1,69 millones, algo menos del 29% del total.

Tras los resultados de las generales y la desaparición “total o parcial” de ingresos derivados de la representación institucional en determinadas autonomías, la dirección de Podemos, en su carta enviada el 24 de julio a los trabajadores de la sede central y las de nueve comunidades afectadas por el ERE (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid), calculaba ya una pérdida de recursos de casi un 70% en Estatal y una media del 90% en los territorios afectados. El partido planea prescindir de los trabajadores de todos esos centros autonómicos, cuyas plantillas suman 45 empleados, y reducir las 61 nóminas de su oficina central.

En paralelo, Podemos deberá definir en los próximos meses su papel en el nuevo espacio y aún hay muchos detalles en el aire. La cúpula de la formación, después de romper la tregua con Díaz apenas 12 horas después de conocerse los resultados electorales, reclamó ya hace semanas “autonomía política”, esto es, voz propia, puestos (como una portavocía adjunta) y capacidad para decidir también en las negociaciones de un hipotético Gobierno con el PSOE. Algunas voces de referencia en la organización, como la del cofundador Juan Carlos Monedero, han reclamado la celebración de una “conferencia política” para clarificar su estrategia futura y también el rumbo de un proyecto común en la izquierda. Pero a las puertas del arranque de la XV legislatura este jueves y con la incertidumbre aún sobre su viabilidad, todo está por hacer.