Así se financian los partidos políticos: el 80% es dinero público

Los fallidos Presupuestos de 2019 que presentó el Gobierno en enero pasado multiplicaban por cuatro la partida del gasto electoral y las subvenciones a partidos políticos. Es lógico si se tiene en cuenta el aluvión de citas electorales previstas: generales, europeas, municipales y autonómicas en 13 comunidades. La financiación pública de los partidos políticos varía en función de las convocatorias que se avecinan, de ahí que la cantidad oscile entre los 200 y los 300 millones de euros anuales (así fue en el periodo 2010-2015). Pero hay un aspecto que se ha mantenido inalterable: ocho de cada diez euros de las formaciones políticas proceden de subvenciones públicas.

El dinero público llega a los partidos por distintas vías, siempre en función de la representación que han obtenido en citas electorales anteriores. La mayor partida es la de subvenciones anuales para gastos de funcionamiento ordinario, que entregan tanto el Ministerio del Interior a partidos con representación en el Congreso de los Diputados como algunos Gobiernos autonómicos. Interior reparte también una cantidad con la que se sufragan los gastos de seguridad de los partidos. Los grupos parlamentarios en las Cortes Generales (Congreso y Senado) y los de los parlamentos autonómicos también reciben subvenciones. Ayuntamientos, diputaciones y cabildos asignan asimismo cantidades a los partidos políticos.

La otra vía de entrada de dinero público son las subvenciones electorales, con las que se compensan los gastos en que incurren las formaciones en los comicios. En 2018 esta partida solo representaba 6,2 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado; en 2019 el Gobierno calculó que emplearía 69,5 millones de euros debido a la sucesión de comicios de ámbito estatal (inicialmente, municipales y europeas; en febrero se convocaron las generales). El BOE ha publicado recientemente el detalle de la subvención estatal: 21.168 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado, más 0,81 euros por cada voto obtenido en el Congreso y 0,32 euros por cada voto del Senado. El buzoneo, o envío de publicidad electoral, también se subvenciona: 0,21 euros por elector (si el partido consigue formar grupo).

Sucesivos cambios normativos han ido poniendo coto a las donaciones y legados que pueden recibir los partidos políticos. Con la última reforma, de 2015, algunos perdieron casi todo lo que ingresaban por esta vía, que es residual para la mayoría de formaciones. El Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar las finanzas de los partidos, distingue entre tres tipos de ingresos privados: las cuotas de los afiliados, las aportaciones de los cargos públicos y las donaciones.

Si se comparan los datos de los cuatro partidos más votados en las últimas elecciones generales en 2016 (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), el PSOE es, con diferencia, el partido que más recauda en cuotas de afiliados. En 2017 —último ejercicio sobre el que las formaciones ofrecen datos— el PSOE obtuvo 9,5 millones de euros por esta vía, más del doble que el siguiente, el PP, que recaudó 4,2 millones de euros. Las cifras corroboran algo que se destapó cuando el PP organizó sus primarias internas en 2018: el partido decía tener unos 870.000 afiliados, pero resultó que solo unos 150.000 estaban al corriente del pago de la cuota.

Los militantes del PSOE pagan una cuota de seis euros al mes, que en casos de desempleo o de dependencia se reduce a entre uno y dos , explica Mariano Moreno, gerente del PSOE, que destaca que estos ingresos son “el esfuerzo de muchísima gente que en algunos casos no tienen unos recursos muy boyantes”. De los cuatro grandes partidos, el PSOE es el que depende en menor medida de los recursos públicos. En 2017 las subvenciones de las distintas Administraciones supusieron el 68% de sus ingresos, frente al 80% de media del resto de formaciones. “Tiene que haber una financiación mixta, pero creemos que el partido debe hacer un esfuerzo para aumentar los recursos propios, la autofinanciación”, señala Moreno, que adelanta que el PSOE va a explorar por primera vez los microcréditos, un sistema que Podemos lleva años usando.

Las aportaciones de los cargos públicos son la segunda fuente de ingresos privados para los grandes partidos. En 2017 también fue el PSOE el que obtuvo la mayor cantidad, 7,9 millones de euros. Por detrás, Podemos, que por este concepto ingresó 3,2 millones de euros. El PP obtuvo 2,4 millones y Ciudadanos, 872.000 euros, según las cuentas que publican las cuatro formaciones. En porcentaje, en este apartado destaca Podemos, que obtiene el 73% de sus recursos privados de lo que aportan sus cargos públicos, unos 280 según un portavoz de la formación morada. Son unos 11.500 euros por cada diputado, senador o concejal.

En donaciones privadas, ninguna de las grandes formaciones superó a Podemos entre 2014, año de nacimiento del partido, y 2016. En 2015 llegó a su récord, con 1,76 millones de euros en aportaciones de ciudadanos. Según sus cuentas, en 2017 las donaciones privadas cayeron a 209.467 euros, algo que la formación atribuye a que no hubo elecciones. En 2017 fue el PSOE el que obtuvo más ingresos en forma de donaciones: 560.913 euros.

Las donaciones a los partidos políticos están muy regulados y la legislación es cada vez más restrictiva. Con la última reforma, de 2015, se prohibieron las donaciones de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica (asociaciones, sociedades civiles, comunidades de bienes, herencias yacentes o comunidades de propietarios). La cantidad máxima que puede donar una persona está limitada a 50.000 euros anuales —los bienes inmuebles pueden ser de valor superior—. Con la normativa anterior, de 2012, el máximo eran 100.000 euros.

Las donaciones anónimas están prohibidas desde 2007. El Tribunal de Cuentas exige a los partidos políticos la identificación de todos los donantes, aunque no la hace pública alegando que las formaciones se la envían únicamente a efectos de que pueda desarrollar la fiscalización. En una respuesta a una petición de EL PAÍS amparada en la Ley de Transparencia, el Tribunal aseguró también que las identidades de los donantes se consideran “datos especialmente protegidos”. En el caso de donaciones superiores a 25.000 euros y cuando esas son bienes inmuebles, los partidos deben notificárselo al Tribunal en el plazo de tres meses.

“La legislación es cada vez más restrictiva y ha puesto coto a las malas prácticas”, asegura un antiguo responsable de las finanzas de un partido, que pide anonimato. “Hasta los años de la crisis hubo cierta laxitud, especialmente con las fundaciones, que se usaban como mecanismo indirecto de financiación, y el control del Tribunal de Cuentas no era exhaustivo por falta de medios. En 2015, tras escándalos como Gürtel, se introdujeron cambios en los mecanismos de control porque los medios de comunicación pusieron la lupa sobre la financiación de los partidos”, añade.

EL PAÍS publicó en enero de 2013 los papeles de Bárcenas, una contabilidad B del Partido Popular que mostraba, además del pago de sobresueldos a dirigentes del partido, ingresos millonarios de empresas y empresarios de la construcción que se saltaban la legislación vigente hasta 2007. Como estaban prohibidas las donaciones de más 60.000 euros y las procedentes de contratistas de la Administración, estos pagos en efectivo se blanqueaban después fraccionándolos e ingresándolos en las cuentas del partido como donaciones anónimas. Estas prácticas consiguieron burlar los controles de la fiscalización.

Con los controles actuales, asegura el antiguo responsable de un partido, sería prácticamente imposible que se repitiera una operativa como aquella. De hecho, los últimos informes del Tribunal de Cuentas solo han detectado pequeñas irregularidades en las cuentas de las formaciones.