Vox impone sus banderas ideológicas en los pactos autonómicos con el PP

Vox ha llevado a los cinco acuerdos que ha pactado con el PP para gobernar conjuntamente comunidades autónomas en esta legislatura —Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Baleares, aunque en esta última los ultras no han entrado en el Ejecutivo autonómico, sino solo en los consejos insulares— sus batallas ideológicas y culturales contra la izquierda. Eso explica que varios apartados de dichos acuerdos estén copiados textualmente unos de otros. El PP, consciente de que necesita los votos de Vox para hacerse con la presidencia de estas instituciones, ha cedido en muchos casos, incluso cuando se ha tratado de medidas inaplicables o ilegales; y ha puesto pie en pared en otros, sobre todos las que pretenden debilitar la protección de la mujer ante la violencia machista, aunque no siempre. Estos son algunos de los puntos más importantes de esos acuerdos:

Memoria democrática. La derogación de las leyes de memoria democrática es una de las obsesiones de Vox. Como no puede eliminar la de ámbito nacional, intenta suprimir las autonómicas. El PP se resistió a hacerlo en el pacto de Castilla y León, el primero de todos, pero se ha comprometido a derogarlas en Extremadura y Aragón.

Derechos del colectivo LGTBIQ+. A pesar de que la aprobó en su día en las Cortes regionales, el PP ha aceptado reformar la ley trans de Aragón, al igual que la de Baleares.

Violencia contra la mujer. Consciente de que la negación de la violencia de género es uno de los aspectos que más rechazo social provoca, el PP ha sido cada vez más firme respecto a este tema en sus negociaciones con Vox. Sin embargo, el primero de los pactos programáticos, el de Castilla y León, ya incluía una ley contra la violencia intrafamiliar, en la que el partido ultra quiere diluir la violencia machista, igual que el segundo que suscribió, en la Comunidad Valenciana.

Defensa del castellano. Vox presume de que sus acuerdos con el PP en la Comunidad Valenciana o Baleares han consagrado el derecho a recibir enseñanza en castellano o a dirigirse en esta lengua a las administraciones públicas en dichas comunidades. Sin embargo, su defensa del idioma común se acompaña de una indisimulada hostilidad hacia otras lenguas españolas, como muestra la supresión en Aragón de las ayudas a las entidades que fomentan el aragonés y la variante aragonesa del catalán o la revisión de la ley autonómica que las protege.

Recorte fiscal. En lo que más fácilmente se ponen de acuerdo PP y Vox es en la conveniencia de abordar una drástica bajada de impuestos. La supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones, la eliminación del de patrimonio y una rebaja de tipos en el tramo autonómico del IRPF figuran en los pactos de Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura o Aragón. En algunos de ellos, con el compromiso de ponerlas en marcha en los primeros 100 días de gobierno.

Apoyo a las familias (sobre todo a las numerosas). La aprobación de una Ley Integral de Protección de la Familia figura en varios pactos PP-Vox, como los de Baleares y la Comunidad Valenciana. En algunos casos, incluye la creación de una consejería o dirección general y, en casi todos, la inclusión de la “perspectiva de familia” (en sustitución de la perspectiva de género) en los futuros textos legales. Los pactos detallan una batería de medidas de apoyo a la natalidad e incluso, en el caso de Aragón, para aquel cónyuge que se dedique a las tareas de hogar o al cuidado de los hijos. Pero siempre se trata de deducciones fiscales, no de ayudas directas que, por su baja renta, pudieran percibir quienes no están obligados a pagar impuestos.

Inmigración irregular. El rechazo a los inmigrantes irregulares es una de las señas de identidad de Vox. El pacto valenciano prevé que la Generalitat informe a la policía de “los posibles casos de inmigración ilegal”, lo que podría vulnerar la ley de protección de datos; mientras que el aragonés quiere excluir a los inmigrantes irregulares del acceso a ayudas públicas, al margen de su situación económica y familiar.

Recorte de subvenciones a los sindicatos. Aunque el acuerdo de Gobierno no lo mencionaba, Castilla y León ha sido la primera comunidad en recortar las subvenciones a sindicatos y patronal. El pacto extremeño habla de una “reducción considerable” de dichas ayudas y el de Baleares, de una “racionalización” de las mismas.

Educación. Su obsesión por la supuesta “corrupción” y “sexualización” de la que serían víctimas los menores en los colegios ha llevado a Vox a incluir, en varios acuerdos con el PP, el compromiso de velar por “la neutralidad ideológica de la enseñanza” (Extremadura) o por una “educación libre de adoctrinamiento ideológico” (Castilla y León). El PP lo ha aceptado aunque, en algún caso, como este último, hace décadas que la educación es gestionada por los populares. También ha admitido que los acuerdos de la Comunidad Valenciana y Aragón dejen en manos de los padres la autorización del “contenido de las actividades extracurriculares”, aunque la educación en igualdad o la prevención de la homofobia no formen parte ya de las materias extracurriculares, sino que sean principios transversales del eje troncal de la formación.

La mención a la caza y la tauromaquia se repite en la mayoría de los pactos PP-Vox, igual que el problema de la okupación, aunque sea marginal en algunas de esas comunidades. Eso evidencia que los acuerdos no los cocinan los responsables autonómicos del partido ultra, sino los dirigentes de Vox en Madrid, donde hay banderas que no están dispuestos a arriar.