Los principales puntos del pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana: violencia intrafamiliar pero no machista y nada sobre cambio climático ni igualdad

El Acuerdo conjunto del PP y Vox para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, anunciado este jueves, contiene 50 puntos programáticos. Estos deben cumplir las cinco líneas básicas acordadas por ambas formaciones: preservar la libertad, desarrollo económico, protección de la sanidad pública y servicios sociales, la defensa de las señas de identidad propias y la protección de las familias. El primer punto reza así: “Defenderemos la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural”. No hay ninguna referencia en el texto a la igualdad de género ni al cambio climático. Tampoco se alude a la reversión de los hospitales públicos, cuya gestión fue privatizada hace más de 20 años por el PP.

Derogación de la ley de memoria y rebaja fiscal

El nuevo Gobierno derogará las normas que “atacan la reconciliación en los asuntos históricos”, para garantizar “la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos”. Alude, entre otras normas, a la Ley 14/2017 de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana, que aprobó el Gobierno de coalición de izquierdas, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. El reglamento de esta norma contempla un reconocimiento expreso de las mujeres como víctimas de la represión (una de las principales novedades) y elabora un censo de víctimas de la guerra (incluidos menores sustraídos), la dictadura franquista y la Transición en la Comunidad Valenciana. Además, arbitra ayudas y medidas para la localización, exhumación e identificación de las víctimas. En el capítulo de derogaciones figuran estas otras:

—“Eliminación de las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los Països Catalans”. Se refiere a entidades que defienden la unidad lingüística entre el valenciano y el catalán, algo que reconoce la Real Academia de la Lengua.

—Eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio y la tasa turística.

—Reducción “drástica” del IRPF en todos sus tramos y rebajas de las tasas autonómicas “que impiden el crecimiento y desarrollo del tejido industrial”.

Como contraprestación, el acuerdo incorpora la exigencia al Gobierno central de “un nuevo marco de financiación autonómica que garantice la justa financiación de la Comunitat Valenciana”. Una condición impuesta por el PP, porque Vox nunca se ha manifestado en este sentido. Con el actual sistema de financiación, caducado desde 2014, la Comunidad Valenciana es la que menos ingresos recibe del Estado. Con la anunciada eliminación de los citados impuestos, la necesidad de incrementar los ingresos en las arcas de la Generalitat será aún más acuciante en una de las comunidades más endeudas, con 55.439 millones de euros (el 43,7% de su PIB regional), solo por detrás de Cataluña (85.456 millones de euros), según los datos que ha proporcionado el Banco de España este jueves.

Nuevas leyes: señas de identidad y ayudas a la natalidad

—Aprobación de una ley de señas de identidad que “proteja los valores, costumbres y tradiciones” de la Comunidad Valenciana. Carlos Mazón, líder del PP valenciano, ya anunció hace un par de años su intención de recuperar una norma similar a la que aprobó un anterior Gobierno del PP y derogó la izquierda cuando llegó al Ejecutivo en 2015. Una ley que contemple la pérdida del derecho al cobro de subvenciones públicas de quienes “menosprecien o agravien esas señas de identidad”, apuntó, lo que se interpretó como un claro ataque a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), entidad que defiende la particularidad del valenciano pero siempre dentro del sistema lingüístico catalán, y que fue creada en 1998 por un acuerdo del PP y el PSOE, en un contexto en el que el entonces presidente del Gobierno central, José María Aznar, del PP, se apoyaba en CiU para gobernar. La ley de señas autorizaba a entidades que no siguen los dictados filológicos, como Lo Rat Penat o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), a formar profesorado y a que pudieran expedir títulos de conocimiento del valenciano.

—Aprobación de una ley integral de protección a la familia, que fomentará la natalidad con ayudas al nacimiento y para gastos como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares, y dará “especial atención” a las familias numerosas.

La “ideología” en las aulas

El PP y Vox pactan que los padres puedan vetar los contenidos “extracurriculares” que reciben sus hijos en las escuelas de la Comunidad Valenciana. “Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares”, reza el acuerdo. Esos términos recuerdan al polémico veto parental que fue una de las primeras reclamaciones de Vox hace años. No obstante, la redacción es ambigua y al incluir el término extracurricular es susceptible de otra interpretación. Porque, además, la situación ha cambiado desde que la extrema derecha lanzó esa propuesta: ahora, todos los elementos que solían asociarse inicialmente al veto parental (contenidos sobre igualdad, derechos LGTBI, educación afectivo-sexual, etcétera) están ya dentro del currículo, tanto del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas del Ministerio de Educación, que fija el 50% de los contenidos que deben estudiarse en todos los centros educativos, como de los decretos autonómicos que completan el 50% restante.

Este apartado del acuerdo PP-Vox también dice: “Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos”. Este punto alude aparentemente, sin concretar, a los contenidos sobre derechos LGTBI, la prevención de la LGTBfobia, la promoción de la igualdad de género, la concienciación respecto al cambio climático o al consumo responsable, que aparecen expresamente en el currículo educativo actual.

Libre elección de lengua

El acuerdo también anuncia que el PP y Vox garantizarán “la libertad de educación, la libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas”. Esta medida puede implicar una reducción en la enseñanza del valenciano en el sistema educativo, dado que, como lengua minorizada y minoritaria en el territorio, no compite en las mismas condiciones sociolingüísticas que el predominante castellano. El texto no especifica si habrá un mínimo de horas en valenciano en aquellos casos en los que las familias elijan el castellano como lengua de enseñanza. Con la normativa actual, la familia del alumno puede elegir si este estudia en castellano o en valenciano, pero, elija lo que elija, ambas lenguas deben tener una presencia de al menos el 25% de las asignaturas.

Sin mención a la reversión de los hospitales privatizados

El acuerdo promete un “aumento del presupuesto sanitario hasta el 30% del total de la Generalitat” y un plan sanitario para una atención “ágil y de calidad”. No hay ninguna mención a la reversión de hospitales para recuperar su gestión pública. Bajo mandato popular, antes de 2015, la Generalitat Valenciana dejó en manos privadas la gestión de los hospitales de Torrevieja, la Ribera, Manises, Dénia y Elche. En los ocho años de Gobierno progresista se han devuelto al sector público las áreas de salud de la Ribera y Torrevieja, y estaba en camino la reversión de Dénia y Manises. En campaña electoral, el PP de Carlos Mazón anunció que si gobernaba detendría esos rescates de hospitales para el sector público y haría una auditoría para decidir si recuperaba el modelo de concesiones privadas. Finalmente, no hay ninguna mención en el programa, ni en un sentido ni en otro. Otro punto del texto sí promete: “Recuperaremos los CICUS [centros de información y coordinación de urgencias] de Castellón y Alicante para asegurar su presencia en las tres provincias”.

Violencia intrafamiliar, no machista

“Defenderemos los derechos de las familias”, dice el texto, que aboga por promover políticas para “erradicar la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”. El pacto obvia así el concepto “violencia machista” y califica de “violencia intrafamiliar” (un término defendido por Vox) la que sufren las mujeres a manos de sus parejas y exparejas. Desde 2003, 1.206 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y 400 menores han quedado huérfanos en la última década.

La violencia intrafamiliar existe como delito y está recogida en el artículo 173.2 del Código Penal para aquella que se da entre cualquier miembro de la familia contra cualquier otro miembro de la familia. La violencia machista o de género es la que los hombres ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, por la idea de que estas les pertenecen. En 2004, España aprobó la ley contra la violencia de género.

Tampoco en el acuerdo programático aparece ninguna mención expresa a la igualdad entre los hombres y las mujeres, ni a los derechos de las minorías.

Más regadíos y silencio sobre el cambio climático

El PP y Vox apoyarán “las fiestas, tradiciones y modo de vida” del mundo rural. Por otro lado, se comprometen a defender el trasvase Tajo-Segura (recortado por el Gobierno central en aplicación de varias sentencias del Tribunal Supremo), ampliar regadíos y respaldar los productos agrícolas valencianos “frente a la competencia desleal de terceros países”. Reclaman también “un plan nacional del agua”. Pero no se menciona ninguna medida contra el cambio climático. Vox es una formación negacionista en este sentido: reconoce que el clima ha cambiado pero no considera que sea por obra de la actividad humana, y declina adoptar medidas medioambientales que puedan frenar la actividad económica.

Oficina contra “ocupaciones ilegales”

En el apartado de seguridad se incluye que, “en caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad” con medios materiales y personales “para proteger al afectado”. Y prometen una oficina contra las okupaciones que facilite “el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal”.

Respecto a la política sobre inmigración, el planteamiento es vago: “La Generalitat Valenciana, dentro del ejercicio de sus competencias, pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera, eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas”.

La televisión se mantiene

El programa de la coalición PP-Vox recoge una apuesta por un modelo de radio y televisión públicas “racional” con la coyuntura económica y unos contenidos que “reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales”. Esto significa que se mantendrá la televisión pública À Punt, resucitada por el Gobierno de izquierdas tras el cierre en 2012 de la anterior, Canal 9, por parte de la Generalitat gobernada entonces por el PP.