Tres expertos debaten sobre el impacto de la fiscalidad en la campaña electoral: “Se prometen rebajas de impuestos sin decir quién las va a pagar”

Se atribuye a Albert Einstein la siguiente frase sobre los impuestos: “No hay nada más difícil de entender en el mundo”. Quizás el padre de la teoría de la relatividad no iba tan mal encaminado, pero la complejidad de la que hablaba no ha evitado que el sistema fiscal gane cada vez más protagonismo en el debate social y político, sobre todo en época electoral. Es suficiente con echar un vistazo a periódicos y telediarios: casi no hay día en el que no aparezca alguna promesa en materia tributaria de los candidatos a los próximos comicios.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha asegurado que si repite en el cargo bajará el IBI, sumándose a la ristra de rebajas fiscales de su compañera de partido y presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Juan Lobato, candidato del PSOE a la presidencia madrileña, ha propuesto bajar el IRPF; el también socialista Ximo Puig ha prometido que ampliará el concepto de familias numerosas si es reelegido como presidente de la Generalitat Valenciana.

“Los impuestos tienen que ser una decisión política y me parece muy bien que estén en el centro del debate. Pero se prometen rebajas sin decir quién las va a pagar. Si bajas los ingresos tendrás que decir cómo lo vas a financiar. Y lo mismo vale para el gasto”, puntualiza Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid. “Echo en falta un debate de mayor altura. No se puede tratar a la ciudadanía como si fuera menor de edad. La gente no es tonta”.

La jurista, que ha sido integrante del comité de expertos para la reforma fiscal, expresa sus opiniones durante un debate organizado por EL PAÍS con Ángel de la Fuente, economista especializado en financiación autonómica y director del centro de pensamiento Fedea, y Juan Antonio Gimeno, catedrático de Economía aplicada y exrector de la UNED.

Los tres expertos conversan durante unas dos horas sobre los problemas vinculados a los tributos autonómicos y municipales, las tendencias observadas en los últimos años y las reformas más urgentes por acometer. No siempre coinciden en las soluciones, pero sí hay bastante consenso en el diagnóstico: el debate político sobre los impuestos ha perdido en calidad y ganado en demagogia; la autonomía financiera de las comunidades es positiva; hay que reformar el sistema de financiación —incluido el foral— y las figuras que gravan la riqueza; España no está en condiciones, al menos en el medio plazo, para bajar impuestos, y falta voluntad política para mejorar el sistema, pese a que muchos de los cambios técnicos necesarios ya estén plasmados en los distintos informes de expertos redactados en la última década y que los sucesivos gobiernos que se han alternado en el poder tienen guardados en un cajón.

Rebajas fiscales

La respuesta de la mayoría de las comunidades ante la actual espiral de precios ha sido ajustar los tramos autonómicos del IRPF a la inflación —con fórmulas distintas—. El Gobierno central ha criticado la iniciativa, acusando a los barones regionales de beneficiar a las rentas más altas.

—¿Es una medida adecuada?

—Yo soy partidario de ella —dice De la Fuente.

Es más, el economista defiende que se “haga siempre, automáticamente, por ley”. En caso contrario, cuando hay inflación se estarían subiendo impuestos de manera oculta, la llamada progresividad en frío. “A medio plazo, creo que no hay más remedio que subir impuestos, porque no estamos en una situación en la que se puedan bajar, para hacer frente a las consecuencias de la inflación. A corto plazo, sin embargo, y como instrumento para hacer frente a las consecuencias de la inflación, sobre todo en los hogares de menor renta, puede ser una medida adecuada, ciertamente mejor que las ayudas generalizadas a todos”, dice en referencia a algunas medidas del Ejecutivo central como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante. En este sentido, los tres expertos coinciden en que sería más eficiente redistribuir por el lado del gasto, pero reconocen que todavía hay que engrasar el sistema para que esta opción pueda utilizarse sin problemas.

Ruiz Almendral añade que muchas de las rebajas fiscales promovidas por los gobernantes autonómicos y locales tienen un alcance muy limitado para el contribuyente medio. “Son pocos euros al mes. Por ejemplo, algunas rebajas en el IBI son muy poco significativas y, sin embargo, se colocan en el debate, porque así se puede decir ‘bueno, he bajado impuestos”.

“Los efectos de las rebajas suelen ser relativamente pequeños”, coincide Gimeno, quien lamenta “la demagogia” que tantas veces emerge en los debates sobre fiscalidad. “Se prometen rebajas de impuestos a manta y gastos a manta, sin que nadie diga quién va a pagar eso, que es la pregunta del millón. Si alguien promete que va a gastar, que diga qué impuestos va a subir”, zanja la jurista.

Tendencias

Las reflactaciones de la escala del IRPF impulsadas por las comunidades en el último año solo son el reflejo más reciente de una autonomía fiscal amplia que las comunidades han ido ejerciendo cada vez más. Tienen margen de maniobra sobre la mitad de la escala del IRPF, gestionan el impuesto sobre el patrimonio, el de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, entre otros.

—¿La tendencia por parte de los gobiernos regionales ha sido la de bajar impuestos?

—Unos sí y otros no —precisa De la Fuente.

—Cuantitativamente, los han bajado muy poco. Es más bien propagandístico —opina Gimeno.

Sí ha habido una carrera a la baja generalizada en casos puntuales, como en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. “Las políticas tributarias autonómicas están muy marcadas por la ideología”, resume De la Fuente. “Los gobiernos de izquierdas han tendido a subir impuestos para financiar mejores prestaciones o más redistribución; los de derechas intentan bajar impuestos y apañarse con servicios un poco peores o un poco menos de redistribución. Y creo que es legítimo. Los partidos proponen y luego la gente vota”.

Ruiz Almendral también considera que la competencia fiscal puede ser buena, siempre y cuando sea “leal, con las mismas reglas, bajo el mismo sistema, y que todos soporten el mismo coste de ejercerla”, explica. ”Que exista autonomía es positivo, pero las comunidades más ricas tienen mayor margen para rebajar impuestos, y si la carrera sigue a la baja, está en riesgo la misma existencia de determinados impuestos”, dice Gimeno.

Los tres expertos añaden un elemento más a la ecuación: los sistemas forales de País Vasco y Navarra. “A diferencia de Madrid, por ejemplo, las comunidades forales sí tienen un colchón para bajar impuestos y sin que sus servicios sufran sufrir las consecuencias”, señala De la Fuente. “Hay que ir cambiándolo poco a poco, porque no es justo”, concluye, con el asentimiento de los demás.

Imposición patrimonial

La imposición a los ricos —reflejada en el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones— está en mano de las autonomías. El gravamen sobre las herencias ha sido objeto de una competencia fiscal a la baja, mientras que el impuesto que grava el patrimonio ha tenido suertes dispares. Hace más de una década, Madrid decidió bonificarlo al 100%, quedándose sola en su decisión hasta el año pasado, cuando Andalucía anunció que seguiría la estela.

Los tres expertos coinciden en que el impuesto sobre sucesiones tiene que reformarse, pero debe mantenerse. “El 70% de las desigualdades se explican por las herencias. Lo malo es que la competencia a la baja puede hacer que desaparezca”, alerta el exrector de la UNED. “Hay que combatir los efectos adversos de un exceso de competencia, pero buscando las formas más respetuosas con la autonomía que se pueda”, añade De la Fuente. Una opción sería marcar mínimos, como propone el Libro Blanco para la reforma fiscal.

Sobre el impuesto al patrimonio, el consenso se quiebra. De la Fuente es partidario de eliminarlo. Ruiz Almendral reconoce que recauda poco y genera mucha conflictividad. Entre los expertos del comité para la reforma fiscal hubo mucho debate, y al final se propuso fijar un mínimo y una rebaja sustancial en los tipos. Gimeno considera que tanto sucesiones como patrimonio, aunque recauden poco, son “importantes cualitativamente porque dan más progresividad al sistema”.

Muchas más dudas genera el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno, que ha conseguido una armonización encubierta para que también se pague en Madrid y Andalucía. Los expertos consideran que el impuesto puede ser problemático sobre todo por su forma de tramitación, como enmienda a una proposición de ley sobre otro tema, con efectos retroactivos y su falta de efectos prácticos en las comunidades forales. “Además no solo no soluciona, sino que replica todos los problemas técnicos que se le atribuían al impuesto sobre el patrimonio”, dice Ruiz Almendral.

Haciendas locales

Los municipios destacan por el equilibrio de sus cuentas. Tienen que respetar una regla de gasto rígida; sus ingresos son muy estables, vinculados sobre todo a la vivienda, así como sus gastos. Aun así, hay municipios que llevan años quebrados. “Los ayuntamientos tienen un sistema tributario muy arcaico”, señala Ruiz Almendral, quien sugiere modernizarlo, eliminar figuras anticuadas como el impuesto sobre actividades económicas, y reducir el peso de la tributación inmobiliaria.

“Si en las comunidades autónomas sí hay una correlación ideológica entre subidas y bajadas de impuestos, en los ayuntamientos no ocurre”, añade Gimeno. En cuanto al sistema de financiación local, De la Fuente sugiere que convendrían algunos ajustes para flexibilizar en ciertos casos la regla de gasto, pero considera que en su conjunto su efecto “bueno”. Por otra parte, añade, “hay un problema importante del que no se suele hablar, que es la falta de nivelación a nivel municipal. Tendría que haber unos mecanismos más redistributivos más potentes”.

Sistema de financiación autonómico

El sistema de financiación a través del cual el Estado reparte recursos a las comunidades —para que todas ofrezcan un nivel mínimo común de servicios públicos, sean ricas o pobres— está compuesto por un alambicado esquema de fondos. El principal instrumento de nivelación es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, una bolsa común que reúne aportaciones del Estado y el 75% de los ingresos tributarios teóricos de las comunidades, que tienen cedidos el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales.

El modelo actual, vigente desde 2009, tenía que haberse revisado hace 10 años, pero la falta de consenso político, sobre todo, sigue aplazando su reforma. Los mayores agravios comparativos los sufren la Comunidad Valenciana y Murcia, que están claramente infrafinanciadas. ”El sistema falla. Le hemos ido poniendo remiendos que no corregían esos problemas. Pero esto sería muy fácil de resolver, bastaría con crear un fondo suplementario de nivelación de unos 2.000 millones”, propone De La Fuente.

Los gobiernos regionales están divididos en bloques contrapuestos de cara a la reforma, que no coinciden con el partido en el poder, sino con las exigencias de cada territorio. “Probablemente hace falta un debate simultáneo sobre el sistema fiscal y la financiación de las Administraciones”, recomienda Gimeno. En lo único en que todas las autonomías coinciden es en que hace falta aumentar los recursos del sistema.

“Todas las comunidades consideran que necesitan más dinero. Puede ser, pero tendrían que dar la cara. Lo que no puede ser es que pongan la mano y el Estado les dé, porque genera un problema de incentivos enorme”, lamenta De la Fuente. El economista critica que el diseño del sistema favorece que las comunidades no asuman el coste político de subir los impuestos necesarios para cubrir sus gastos. “El sistema nivela y redistribuye mucho, y ha permitido que se avance mucho en la descentralización. Es decir, lo fundamental, lo hacemos relativamente bien. Pues me gustaría que hiciéramos mejor también alguna otra cosa: más responsabilidad fiscal y arreglar una desigualdad excesiva”, concluye De la Fuente.

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Las propuestas de las grandes formaciones políticas en política fiscal

PSOE

El PSOE plantea en su programa propuestas de fiscalidad diferenciada para “terminar con el 'dumping' fiscal” y promover que “los territorios más necesitados dispongan de una presión más reducida que permita fortalecer la convergencia entre autonomías y la cohesión social”. Los socialistas abogan por que “empresas y ciudadanía con unas mismas circunstancias y capacidad económica” tengan un trato fiscal similar con independencia del lugar donde se encuentren y defienden los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Contra la inflación se apuesta por bonificaciones fiscales sobre todo para colectivos en riesgo de exclusión social. El programa también menciona medidas en materia de impuestos para reducir el parque de viviendas vacío. Señala que se estudiarán estudiar otras para abordar la “desigual competencia de la venta ‘online’ por empresas que no tienen sede física en España” y que graven su uso del espacio público y la contaminación que generan. También se señalan medidas fiscales en estudio para grandes superficies. En el ámbito de los incentivos fiscales se esbozan para implantar nuevas empresas, desarrollar suelo industrial asequible y atraer talento “a todo el territorio”.

PP

El PP apuesta por reducir la carga tributaria, y menciona en concreto reducir el IBI “de forma progresiva”. En las medidas que afectan a la vivienda, plantea incentivos para la rehabilitación de edificios para hacerlos sostenibles, que cuenten con puntos de recarga de vehículos eléctricos o aprovechen la energía solar; también, reducir los impuestos y tasas para promover vivienda protegida, incentivos fiscales sobre todo para el alquiler de los jóvenes, compra de primera vivienda y promoción de rehabilitación eficiente. Para las pymes, se propone apoyarlas, “incluso con beneficios fiscales”, para incentivar que usen los fondos europeos. En el campo, los populares apelan a “favorecer el relevo generacional” e incorporar a los jóvenes al sector agrario reduciendo impuestos durante un periodo inicial. Ofrece incentivos fiscales dirigidos a familias, “especialmente a las jóvenes”, que quieran asentarse en zonas despobladas, bonificaciones por permuta o compra de tierras, incentivos a empresas que se implanten en el medio rural, y bonificar las tasas “en materia de caza y pesca”.

Vox

El partido de Santiago Abascal propone suprimir los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y las plusvalías municipales. También rebajar “al menos un 5%” el tramo autonómico del IRPF para todos los ciudadanos. El programa menciona “animar a los entes locales” para que apliquen para las familias con hijos una reducción mínima del 50% en el IBI, y que estén exento de su pago las familias numerosas. En el ámbito rural, propone “ventajas fiscales y/o beneficios sociales” al personal sanitario. Aunque aparece recogido en su programa municipal, la formación de extrema derecha señala que el Gobierno central aumente la deducción fiscal de las aportaciones de particulares y empresas en creación cultural.

Unidas Podemos

Podemos plantea un impuesto específico y recargos del IBI para viviendas vacías, de carácter progresivo y en función del tiempo de desocupación y a partir de la quinta vivienda en propiedad. También quiere tasar con el 20% del precio de compraventa la venta de vivienda antes de dos años de su última compra, salvo razón de fuerza mayor. En fiscalidad autonómica, propone aumentar la progresividad de los tramos autonómicos del IRPF y eliminar las deducciones y bonificaciones sobre Sucesiones y Donaciones para rentas altas. La formación de Ione Belarra pretende gravar actividades privadas que afecten al patrimonio natural y avanzar en un canon sobre energías renovables en proyectos de multinacionales, para los territorios afectados por nuevas instalaciones, que pagarían las empresas propietarias. El programa valora que se reconsidere la exención del IBI a la Iglesia que acaba de aprobarse, posibles impuestos a las bebidas azucaradas, el juego, las tasas municipales. La formación propone una ‘tasa Amazon’, para gravar la facturación de los operadores postales que facturan más de un millón de euros en las ciudades por el uso del espacio público en las entregas a domicilio. También recoge la medida Izquierda Unida, que quiere aumentar los ingresos tributarios de los ayuntamientos, aunque de manera progresiva. También apelan a revisar la exención del IBI a los inmuebles no de culto de la Iglesia, un recargo del IBI a viviendas vacías, un impuesto a grandes superficies y cadenas comerciales, y acabar con las bonificaciones del IAE a empresas con más de un millón de euros de facturación.

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