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El fiscal acorrala al asesor fiscal de Zaplana, que mantiene la inocencia del exministro y critica al testaferro confeso

Francisco Grau señala a los empresarios Cotino como propietarios del dinero que Anticorrupción atribuye al exdirigente del PP

Eduardo Zaplana
Captura de la señal institucional de las declaraciones del exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana en la Audiencia de Valencia durante el juicio del 'caso Erial'.Biel Aliño (EFE)
María Fabra

El juicio del llamado caso Erial ha sido escenario este jueves de un rifirrafe entre el representante de Anticorrupción y el asesor fiscal de Eduardo Zaplana, Francisco Grau, que, durante más de tres horas, ha tratado de desviar y omitir dar repuesta a las cuestiones planteadas por el el fiscal. La falta de concreción del asesor del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro ha sido objeto, incluso, de varias llamadas de atención por parte del presidente del tribunal de la Audiencia de Valencia, que ha requerido al acusado para que aclarara sus respuestas.

La filosofía de su deslavazado argumento ha sido la de mantener la inocencia de Zaplana alegando que no sabía nada de dinero en el extranjero ni sociedades, criticar al testaferro confeso del exdirigente del PP y señalar a los empresarios Cotino como propietarios únicos de las mercantiles y del dinero que la acusación atribuye al exministro como pago de las mordidas por las adjudicaciones.

Francisco Grau está acusado, al igual que Eduardo Zaplana, de participar en la supuesta trama diseñada para el cobro y blanqueo de las comisiones ilegales pagadas por los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de parte de las concesiones de los parques eólicos y del servicio de Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad Valenciana bajo el mandato del propio Zaplana. La fiscalía pide para él ocho años de prisión por los delitos de falsedad y blanqueo.

La declaración del asesor fiscal ha comenzado en un tono desafiante y se ha ido apagando según han transcurrido las horas. El representante de Anticorrupción ha repetido al acusado las preguntas tantas veces como ha sido necesario hasta conseguir respuestas que, en alguna medida, estuvieran relacionadas con el tema. “Como soy de naturaleza desprendida, se lo vuelvo a explicar”, ha llegado a contestar al fiscal en una de las ocasiones en las que le ha requerido una explicación al hecho de que informara a Eduardo Zaplana sobre negocios que, según su teoría, nada tenían que ver con el exministro y que, según la acusación, eran operaciones del propio dirigente del PP. La actuación del fiscal ha acorralado en varias ocasiones a Grau, que ha dado respuestas incongruentes.

“Pone testamento pero no lo es”, ha expuesto también al ser interrogado por un documento incautado por la Guardia Civil y referente al reparto que iba a hacer el testaferro y amigo de Zaplana de sus bienes en el caso de fallecimiento. El escrito nunca fue firmado. “Usted le ha dado una interpretación a esos documentos excesiva y fuera de lugar”, ha justificado también al fiscal.

“No sé lo que he dicho porque llevo aquí toda la mañana”, ha sido otra de las contestaciones de Francisco Grau, que ha tratado de vestir como normal que, en una operación de 2,8 millones de euros, no hablara con los titulares de ese dinero sino que, únicamente, operara con las indicaciones que le daba Joaquín Barceló, el amigo de la infancia de Zaplana que este miércoles confesó haber sido testaferro del expresidente de la Generalitat Valenciana. Sobre este, además, ha dicho que, al concluir su testimonio ante el tribunal, le aseguró que les habían obligado a hacerlo, a reconocer al exministro como titular de dinero y sociedades. “A principios de diciembre me dijo que él no iba a volver a prisión”, ha relatado en referencia al tiempo que ambos, además de Zaplana, estuvieron en la cárcel tras ser detenidos. “Yo lo valoré también y me aconsejaron que lo hiciera”, ha añadido respecto al acuerdo al que han llegado algunos acusados, entre los que se encuentra el amigo de la infancia de Zaplana, con la fiscalía para que estos colaboren con la justicia a cambio, presumiblemente, de alguna rebaja en la petición de penas.

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