Zaplana, de intocable a sentarse en el banquillo

Cuentan que Eduardo Zaplana recibió el chivatazo de que iba a ser detenido pero que no lo creyó. Fue en 2018 cuando, después de tres décadas en la política y tras su paso por la presidencia de la Generalitat Valenciana y el ministerio de Trabajo, no imaginaba que podría caer en las redes de la justicia tal y como les había ocurrido a una decena de sus consejeros, investigados por corrupción.

Zaplana, nacido en Cartagena hace 67 años, llegó a la alcaldía de Benidorm en 1991 con el voto de una tránsfuga. Coincidió con el momento en el que empezó a hacerse famoso por aparecer en una grabación de otro presunto caso de corrupción en la que se le oía decir que necesitaba mucho dinero para vivir. Después de eso se pulió. Se convirtió en un político hábil y embaucador. Embarcó a la Comunidad Valenciana en la era de los grandes proyectos que supusieron el comienzo de la gran deuda autonómica. Durante lustros fue intocable. Lo controlaba todo, no dejaba nada al azar, se rodeó de leales que le acompañaron en su carrera.

Pero esa imagen de omnipotencia, de impunidad, se rompió hace poco más de cinco años, cuando fue detenido acusado de prevaricación, cohecho y falsedad documental, entre otros delitos, por los supuestos sobornos recibidos tras la adjudicación de dos grandes servicios: las concesiones públicas de las ITV y los parques eólicos de la Comunidad Valenciana. Solo aquel día, en el que Zaplana fue uno de los pocos extrañados por el arresto, en su semblante, raramente palidecido, se borró su eterna sonrisa. Estuvo en prisión provisional durante nueve meses, momento en el que la jueza que instruía el caso decidió ponerlo en libertad después de bloquearle 6,3 millones de euros en Suiza y tras cinco solicitudes de libertad en las que alegó la leucemia que padece.

A partir del jueves, Eduardo Zaplana se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados por el llamado caso Erial. Y lo hará durante las casi 30 sesiones que durará el juicio en el que se pondrá bajo la lupa el supuesto entramado creado, con personas de su entera confianza, para cobrar comisiones, blanquearlas y hacer regresar a España esos beneficios ilícitos con los que se adquirieron pisos, barcos, parcelas, vehículos, entre otros, tal como acusa Anticorrupción. La Fiscalía pide 19 años de cárcel al exministro de José María Aznar por los 20,6 millones de euros que la investigación calcula que fueron movilizados por la organización a la que le achaca también el delito de grupo criminal.

El origen de la investigación: Cinco hojas escritas a máquina y con tachaduras fueron el origen de la investigación. Estas fueron halladas, según el relato de la Fiscalía, por un ciudadano sirio, que habitó en una vivienda que había pertenecido a Zaplana, y que se las entregó a Marcos Benavent, conocido como el yonqui del dinero después de comenzar a colaborar con la justicia en resolver varias tramas de corrupción. Los folios eran, según Anticorrupción, un resumen de los trámites efectuados para obtener las concesiones de las ITV y los parque eólicos con los importes que debían abonar los licitadores para la obtención de las adjudicaciones.

Los imputados: Además de Zaplana, en el banquillo se sentará otro expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, a quien la Fiscalía atribuye haber concluido el proceso de la licitación amañada y haber cobrado una parte del soborno, 580.000 euros. De hecho, Olivas ya fue condenado por falsedad documental y contra la hacienda pública porque, para justificar el abono de ese supuesto soborno realizado por los Cotino, se creó una factura falsa por el presunto pago de unos honorarios por un trabajo que nunca existió.

También estarán en ese banquillo un supuesto testaferro de Zaplana, uno de sus amigos de la infancia, Miguel Barceló; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau, la secretaria del exministro de Trabajo, Mitsouko Henríquez, su exjefe de gabinete, Juan Francisco García, y los hermanos empresarios Vicente y José Cotino Escrivá, familia del exdirector general de la Policía Juan Cotino.

Concesiones y comisiones: La investigación, en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, asegura que los concursos para las adjudicaciones se diseñaron estableciendo unas “condiciones subjetivas” con el fin de que las empresas de los Cotino ganaran las licitaciones “por cuanto contaban con la información informativa necesaria de las condiciones y requisitos favorables a su concesión, en perjuicio del resto de los posibles competidores, limitando en lo posible la competencia y, en definitiva, creando las condiciones en los órganos políticos del más alto nivel para que ello fuera posible”. En su informe, la Fiscalía señala que tras las adjudicaciones, el grupo de empresas de los Cotino vendió participaciones de las concesionarios que les reportaron 86,5 millones de euros “lo que justifica el alto importe de las comisiones”.

El operativo: La trama movió el dinero procedente de las mordidas por paraísos fiscales como Luxemburgo, Panamá o Andorra. Y, para el retorno a España, se diseñó “una estructura societaria encargada de recoger los fondos delictivos y transformarlos a través de diferentes mecanismos que tienen por objetivo ocultar el origen de los mismos y su titularidad para introducir el metálico en el circuito financiero aprovechándose la organización de las ganancias ilegalmente obtenidas”.

El “ausente” Zaplana: El ahora expresidente autonómico y exministro de Trabajo tuvo sumo cuidado en no aparecer formalmente en las empresas que forma parte de la trama. “En la creación y gestión de las sociedades permanece oculta la participación de Eduardo Zaplana, que no aparece formalmente en los registros de ninguna de las sociedades, aunque está presente en las reuniones que configuran la constitución de las mismas y en las decisiones que se toman”, relata el fiscal para quien, acorde a la investigación, todos los indicios apuntan a que el dirigente popular era el que dirigía el entramado y quien se benefició de las mordidas.

La diversidad de los testigos: El elenco de testigos que pasarán por la sala de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que juzga el caso al no haber ningún imputado con cargo público que lo convierta en aforado, es de lo más diverso. Pasarán empleados de Zaplana, como la mujer que limpiaba en uno de los pisos comprados en Madrid con fondos supuestamente ilícitos y que aseguró que él era el único que vivía en el inmueble y quien le pagaba pese a que este nunca figuró a su nombre. También está llamada a declarar la sobrina del espía Francisco Paesa que durante tres años fue la encargada de crear sociedades en Luxemburgo para la recepción de más de 10 millones de euros procedentes de España y Suiza y de origen supuestamente ilícito. También declarará el excomisario José Manuel Villarejo, quien lazó dudas en una comisión de investigación, a preguntas del propio PP, sobre el interés de los socialistas por “destruir al señor Zaplana”.

El blanqueador confeso: Una de las principales bazas de la acusación es el testimonio de Fernando Belhot, el abogado uruguayo que sustituyó a Paesa y que se encargó de la “optimización fiscal” de los activos del entramado y que, según dijo, siempre supo que Zaplana, con el que se reunía varias veces al año, estaba detrás de la operativa. Belhot entregó 6,7 millones de euros a la oficina de recuperación de activos (ORGA) que, supuestamente, forman parte de los 20 millones que Anticorrupción cree que se recibieron fraudulentamente.