La Generalitat busca atajar el desbarajuste de las ayudas sociales con el traspaso del Ingreso Mínimo Vital

El sistema de garantía de ingresos para los más pobres no funciona correctamente en Cataluña. En las últimas semanas, sendos informes de Cáritas, de la Taula del Tercer Sector, del sindicato CC OO y de la federación de Entidades Catalanas de Acción Social han puesto el foco en las carencias de un sistema en el que las dos prestaciones principales, la de ámbito estatal Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la catalana Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), presentan una implementación insuficiente. Una de las reclamaciones que hace más tiempo que las entidades hacen es que las dos ayudas, que son complementarias, se gestionen conjuntamente desde la Generalitat, unificando la ventanilla y los criterios para que todas las personas que tienen derecho a ellas puedan recibirlas. Finalmente, el ansiado traspaso del IMV a la Generalitat ya tiene fecha: se materializará el próximo miércoles 27 con la aprobación de un decreto ley en el Consejo de Ministros, fruto del acuerdo al que llegaron este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Ya desde la creación del IMV en mayo de 2020 la Generalitat y las entidades sociales pidieron que esta prestación se gestionase desde la comunidad autónoma. Tres años antes en Cataluña se había creado la RGC, una ambiciosa prestación desarrollada fruto de una iniciativa legislativa popular, que consagraba el acceso a un mínimo de ingresos como un derecho subjetivo: si uno cumple los requisitos, la ley obliga a la administración a otorgarle la prestación. El problema es que la RGC tuvo una baja implementación desde el principio, con un porcentaje de denegaciones de solicitudes muy alto, y la Generalitat tuvo que moverse para evitar que muchas terminaran en los tribunales. Las entidades constataban que las trabas burocráticas y unos requisitos demasiado estrictos, así como una ley que no terminaba de desplegar todo su potencial, impedían que la RGC llegase a todos los posibles beneficiarios.

Cuando el Gobierno creó el IMV, de entrada supuso una buena noticia: la prestación catalana pasaría a ser subsidiaria de la estatal, es decir, que el usuario primero pide y recibe el IMV, y luego en Cataluña, pide y recibe un complemento hasta que la prestación, conjuntamente, llegue a la cuantía máxima de la RGC. Pero pronto surgieron los problemas: una prestación que el usuario ve como única, debía pedirla en dos ventanillas, con requisitos a menudo contradictorios, y con una falta de información que hacía desistir a muchos potenciales beneficiarios. Las entidades sociales reclamaron una gestión unificada, y el Govern lo pidió repetidamente al Gobierno. La oportunidad final ha surgido en el marco de la negociación del PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez. A partir del decreto ley del próximo miércoles, la Generalitat asumirá la gestión del IMV “para afrontar los retos del combate contra la pobreza, especialmente contra la pobreza infantil en Cataluña, y alineándolo con instrumentos como la RGC”, según se detalla en el acuerdo.

Está por ver cómo se concretará el acuerdo: en una entrevista con EL PAÍS, el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, explicó que más que un traspaso, se trata de un convenio de gestión, para el que es necesario también modificar la ley del IMV, y que este convenio irá acompañado de la transferencia de fondos para contratar a personal.

Y está por ver también si el traspaso de la gestión del IMV terminará con el desbarajuste del sistema de prestaciones, donde no solo la estatal arrastra carencias, sino también la RGC sigue arrastrando carencias. En un comunicado, la Taula del Tercer Sector señala que la cobertura del IMV en Cataluña es muy baja: solo llega al 14,5% de los catalanes bajo el umbral de la pobreza, y sitúa a esta comunidad autónoma a la cola, junto con Canarias y Baleares. La RGC, por su parte, tiene unos 164.000 beneficiarios (un 5% menos que hace un año), lo que significa que tiene una cobertura del 27% sobre los más pobres, y del 8,7% sobre los que están en riesgo de pobreza. El informe de CC OO alertaba que todavía el 57% de las personas del colectivo activable (las que están en condiciones de encontrar trabajo) que piden la RGC ven denegada su solicitud, mientras que ECAS apuntaba en su estudio que el 60% de los hogares en situación de pobreza severa de Cataluña no están cubiertos ni por una prestación ni por la otra.

El traspaso, según la Taula del Tercer Sector, “llega tarde, pero es una oportunidad para simplificar los trámites y avanzar hacia la ventanilla única”, y aunque muestran preocupación por cómo se concretará el acuerdo y qué efectos tendrá en los procedimientos y los requisitos, celebran que por fin haya una gestión unificada: “Nos tenemos que poner en la piel de las personas. Cuando estás en una situación de emergencia social que necesitas tener acceso a una ayuda de urgencia, no puedes pasar por un laberinto largo y exhausto de gestiones administrativas”.

Impulso al centro de producción de chips

Otro de los acuerdos entre Sánchez y Aragonès ha sido en el ámbito de la innovación. Ambos se han comprometido a impulsar el proyecto para instalar en Cataluña el centro tecnológico Innofab, dedicado a la preproducción de chips y basado en materiales emergentes, alternativos al silicio. El proyecto es situar este centro al lado del Sincrotón Alba de Cerdanyola, para que forme parte de una red de una decena de centros de investigación. Esta propuesta la trasladó ya en mayo el Govern al Ministerio de Industria, con el objetivo que optase al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de semiconductores, con el que el Ministerio de Ciencia y Tecnología prevé repartir 12.250 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation de la Unión Europea. La inversión para el centro Innofab sería de 300 millones, según calculó entonces el Govern.

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