El Govern se mueve para frenar las demandas por la Renta Garantizada

La Generalitat quiere evitar que las críticas por la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía deriven en un problema judicial. Solo el 21% de las 92.867 solicitudes valoradas desde que se desplegó la ayuda (en septiembre de 2017) cumplían los requisitos, según el Govern. Más de 50 afectados han presentado demandas al detectar irregularidades en las denegaciones. El Ejecutivo está revisando los casos y, tras aprobar alguna solicitud y pagar el dinero atrasado, pide el archivo de las demandas.

“Cuando una persona pide la Renta Garantizada es porque está en una situación vulnerable, y por lo tanto la respuesta tiene que ser inmediata”, dijo hace unos días en TV3 Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat. Jordi Ballester, de 58 años y en paro, que vive en un piso ocupado en Cerdanyola del Vallès tras dormir varios meses en un cajero, lamenta que este no fue su caso.

Ballester fue de los primeros en solicitar la Renta Garantizada. Lo hizo diez días después de que entrase en vigor la ley, impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular y aprobada en el Parlament por unanimidad. 19 meses después, y solo tras presentar un recurso de alzada y una demanda, el Govern ha revisado su solicitud y la ha aprobado. Tiene pendiente cobrar 6.600 euros en atrasos. De momento el Govern le ha pagado 1.548 euros con la promesa de que se le abonará el resto próximamente. Lo primero que ha hecho Ballester es pagar al abogado.

“A la Generalitat se le acaba el plazo, y ante las demandas no tiene más remedio que dar la razón a los recursos de alzada y aprobar las solicitudes. Pero no podemos aceptar que se archiven las demandas, están abusando de la confianza de estas personas humildes”, afirma Joan Josep Pomar, el abogado que se está haciendo cargo de estos casos. Pomar considera poco creíble que solo ahora, tras empezar la batalla judicial, la Administración se haya dado cuenta de que había valorado mal la solicitud de Ballester.

Fuentes del departamento de Asuntos Sociales indican que son muy pocos los casos que están en los juzgados, y que las irregularidades en las denegaciones, que achacan a un “error humano”, no son representativas del conjunto de solicitudes. Además, sobre la dilatación del proceso en el tiempo, rechazan las acusaciones de que exista mala fe por parte de la Generalitat. “Son los tiempos que marca la ley. Cuando entra en el plano judicial el tiempo ya no se puede controlar”, explican desde el departamento. Según Asuntos Sociales, las solicitudes, que llegaron a alcanzar una demora de cinco meses, se están resolviendo ahora en 2,5 meses.

Los demandantes destacan que la revisión y aprobación de las solicitudes no significa que terminen los problemas. Francisco Giménez, de 36 años y padre de dos hijos, ha tenido que esperar un año y medio hasta que le revisaron su solicitud, tras lo cual la Generalitat pidió el archivo de la demanda al entender que ya había motivo de litigio. “Después de tanto tiempo esperando, lo saqué todo de golpe en el banco por si acaso”, cuenta Giménez. Al mes siguiente ya no ha cobrado. “Ahora me piden el extracto bancario, el padrón, y dicen que no puedo seguir cobrando porque puedo pedir una prestación de paternidad. También me envían una carta solicitando que detalle en qué me he gastado el dinero”, explica.

Las trabas burocráticas han sido una constante para los solicitantes, y algunos han detectado irregularidades que han denunciado. En algunos casos, como avanzó el diario Ara, a los solicitantes se les requería nueva documentación con una fecha posterior al plazo legal que tenían para pedir la prestación. Al haber terminado el plazo, la Generalitat entendía que el solicitante desistía en su solicitud. “Tenemos muchos casos idénticos, es una conducta probada de que la Generalitat quiere desestimar las solicitudes”, asegura el abogado.

“La ley dice que si después de cinco meses de la solicitud no hay respuesta, por silencio administrativo está aprobada. En todos los casos, la Generalitat pide nueva documentación justo antes de que acabe el plazo, una maniobra dilatoria”, añade el letrado. Francisco Javier González, de 50 años y residente en Santa Coloma de Gramanet, casi pierde la cuenta de las veces que ha tenido que presentar nueva documentación. "Presenté un recurso de alzada en abril de 2018 y han tardado un año en revisarlo. Ahora me piden los extractos bancarios de mi madre, aunque ya no vivo con ella", explica. A Francisco se le deben unos 8.000 euros en atrasos. El Govern le ha pagado, de momento, 1.394. “Dicen que lo pagarán fraccionadamente, pero no estoy seguro”, suspira.