La jueza no investigará las torturas de la policía franquista en Barcelona por la amnistía de 1977

La justicia no investigará las torturas sufridas por el sindicalista Carles Vallejo durante su detención, por la policía franquista, en la comisaría de Via Laietana de Barcelona. La titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Barcelona, Carmen García, ha rechazado admitir a trámite la querella que Vallejo presentó contra mandos de la Brigada Político Social con el argumento de que los hechos están “prescritos y amnistiados”, en alusión a la Ley de Amnistía de 1977. La magistrada se opone así al criterio de la Fiscalía, que había abogado por investigar los hechos al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Vallejo tenía esperanzas de que la investigación judicial sirviera, si no para llevar a la cárcel a sus torturadores, sí para sonrojarles, para conocer la verdad, para cerrar un episodio doloroso de su vida. “Necesito volver al lugar donde me torturaron”, explicó el hombre en una reciente entrevista con este diario tras saber que la Fiscalía se había mostrado favorable a admitir la querella. El ministerio público invocó la nueva ley de memoria, aprobada hace un año, que impone al Estado “el deber de investigar las violaciones del derecho internacional” durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que también reconoce el derecho de las víctimas a alcanzar la verdad. El sindicalista, de 72 años, pasó 20 días detenido en los calabozos de la comisaría de policía, donde, según relata, sufrió todo tipo de torturas físicas y psicológicas.

La jueza ha tumbado las esperanzas de Vallejo en un auto muy fundamentado que analiza las implicaciones de la Ley de Memoria Democrática. García recuerda que hay multitud de jurisprudencia (incluidas resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional) sobre la norma anterior, la Ley de Memoria Histórica, que dejan claro que no se pueden investigar las torturas del franquismo. La nueva ley “no ha tenido aún recorrido en los tribunales”, dice la magistrada, por lo que debe atenerse al “actual estado de la jurisprudencia”, que ha dado primacía a los principios de “legalidad penal”, de “irretroactividad de leyes desfavorables” y, también, a la vigencia de la Ley de Amnistía.

“¿Ha de entenderse que esta ley deroga la ley de amnistía o permite la apertura de procesos penales por delitos prescritos o amnistiados?”, se pregunta la jueza. Y llega a la conclusión, a la luz de recientes estudios académicos, de que no. Entre otras razones, porque la ley no deroga “ni de manera explícita ni tácita” la amnistía de 1977. La jueza reconoce que establece mecanismos para reparar y escuchar a las víctimas y con el fin de alcanzar la verdad, pero no necesariamente a través de un procedimiento penal.

La querella considera que Vallejo fue víctima de delitos de lesa humanidad, que no están amparados por la amnistía del 77 y no prescriben. La jueza, sin embargo, recuerda que en base a la jurisprudencia no cabe esa tipificación y recuerda que la no prescripción de esos delitos fue introducida en el Código Penal en 2004, o sea mucho después del episodio de torturas sufrido por el sindicalista. En cuanto al delito de torturas (que también se menciona en la querella), el auto recuerda que no se tipificó hasta 1978, también con posterioridad a los hechos denunciados, que ocurrieron en 1971 (cuando Vallejo estuvo 20 días en el calabozo) y en 1973 (en una segunda detención, más corta).

La consejera de Justicia, Gemma Ubasart, ha anunciado que la Generalitat recurrirá la decisión de la jueza ante la Audiencia de Barcelona. “Entendemos que el derecho internacional de derechos humanos establece el marco para abrir procesos judiciales. Y con la nueva ley de memoria se consolida el escenario de posibilidad. Hay camino para fijar la verdad jurídica sobre los crímenes del franquismo”, ha escrito en X (antes Twitter).

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