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Los municipios buscan cómo frenar los 330 kilómetros de líneas de alta tensión de Forestalia en Cataluña

El grupo ha logrado superar las declaraciones de impacto ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica pese a la oposición de la Generalitat

Dani Cordero
Torres de alta tensión en Terrassa (Barcelona).
Torres de alta tensión en Terrassa (Barcelona).CRISTÓBAL CASTRO

Una línea eléctrica de muy alta tensión amenaza con cruzar Hostalets de Pierola (Anoia) y su alcalde, Gerard Parcerisas, se siente desbordado ante la compleja tarea de oponerse. Solo sabe que esa infraestructura, promovida por el grupo Forestalia y que tiene por objeto descargar en Barcelona la electricidad generada en siete parques eólicos y fotovoltaicos de Huesca, le trinchará un término municipal que ya alberga el segundo mayor vertedero de España y una subestación eléctrica. El nuevo proyecto, que cuenta con una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable aunque condicionada del Ministerio para la Transición Ecológica, añadirá a esas instalaciones ya existentes ocho kilómetros de línea y cuatro subestaciones eléctricas más en un municipio de 33 kilómetros cuadrados.

“Entendemos la necesidad de las renovables, pero para un municipio de 3.000 habitantes es muy difícil sacar el entramado de una línea fragmentada en tres proyectos diferentes y que además la proyecta un operador privado y no público”, dice el primer edil del municipio posiblemente más afectado por la línea. Más complejo todavía es, reconoce, cuando la Generalitat ya se ha manifestado en contra y ha efectuado informes contrarios a la infraestructura basándose en la afectación crítica que tendrá en el águila perdicera y la falta de información presentada por Forestalia. Los ocho municipios de la comarca afectados por la MAT se reunieron el pasado viernes para intentar consensuar un plan de protesta y utilizar los recursos jurídicos del Consell Comarcal para intentar frenar el avance de la infraestructura, que tendría que estar operativa en 2026.

Poco a poco se van concretando en los boletines oficiales del Estado (BOE) los planes de Forestalia, una empresa que en Cataluña ha contado con el concurso de dos exconsejeros de la Generalitat, Felip Puig y Josep Grau, y un exdirector general de Energía (ex de Red Eléctrica de España, también), Pere Palacín, y que ha impulsado un buen puñado de parques de renovables en Aragón. Para sacar esa energía de la comunidad, el grupo logró puntos de evacuación de la red de Red Eléctrica de España (REE) fuera de territorio aragonés, lo que ha hecho que la compañía se haya visto obligada a proyectar múltiples líneas de muy alta tensión.

Tres de ellas están previstas en Cataluña, pero otras acaban en Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, donde también ha habido oposición administrativa y popular. Habitualmente estas autopistas eléctricas con torres de hasta 80 metros de altura surgen de la planificación de REE y sirven para, además de transportar energía, dotar de mayor fiabilidad a toda la red eléctrica, con una estructura en forma de malla que permita resolver incidencias. No es el caso de las líneas privadas, cuyo único sentido es sacar la electricidad desde un punto de origen a otro de descarga, sin posibilidad de más interconexiones con el resto de líneas públicas. La línea Grañén-Pierola que quita el sueño a Parcerisas cruzará 135 kilómetros de territorio catalán; la Valmuel-Begues, 180; y la Laluenga-Isona, 23. En total, cerca de 330 kilómetros.

No a la MAT en Cataluña, una plataforma de plataformas contrarias a las líneas de muy alta tensión proyectadas por Forestalia, ha previsto una reunión este miércoles para trabajar la forma de oponerse a las infraestructuras. “Estamos en contra de esta transición energética, queremos un modelo descentralizado y de proximidad que no se centre en grandes empresas”, señala Judit Cañís, representante de la entidad en el Baix Penedès.

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Cada una de las líneas promovidas por Forestalia tendrá de 400 kilovoltios (kV). “Los promotores sobredimensionan la línea para durante el recorrido puedan ir sumando la evacuación de otros parques que vayan pasando a su paso y a la vez REE se ahorra marrones, porque no es ella la que tiene que desarrollar el proyecto”, denuncia Sergi Saladié, profesor del Departamento de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili, que ha ayudado en la presentación de alegaciones contra las tres líneas y que duda de que esas líneas tan extensas no acaben siendo compradas por la propia Red Eléctrica. Desde la compañía semipública señalan que ellos únicamente son responsables de las líneas que están marcadas en la planificación y que no pueden hacer nada para oponerse. No hay ninguna otra línea pública, remarcan, que se pueda ver afectada por las de Forestalia.

En los tres casos, la Generalitat se ha opuesto con diferentes criterios y, aparentemente, no podrían avanzar sin ningún informe favorable de la Generalitat. En ese caso, quien tendría que dirimir será el Consejo de Ministros. La Generalitat ya ha advertido de que tiene intención de poner en marcha todos los mecanismos administrativos y legales para demostrar la nulidad y, como ya ha señalado el consejero de Acción Climática, David Mascort, se considera inconcebible la aprobación de la declaración ambiental del ministerio pese a que los informes autonómicos sobre el impacto en la biodiversidad en la zona son desfavorables. Fuentes de la Generalitat lamentan los continuos cambios de criterio del ministerio al dar su sí a las MAT de Forestalia y aseguran que estas hipotecan a Cataluña, porque en el caso de que se necesiten otras públicas en el futuro, habrá menos territorio en el que implantarlas.

“De la misma forma que estas líneas no son significativas para cubrir la demanda eléctrica de Cataluña en 2030, si la comunidad hubiera sido más proactiva en facilitar parques de renovables quizás no hubiera sido suficiente”, explica Jaume Morrón, exgerente de la patronal EolicCat y uno de los mayores expertos en energía de Cataluña. Según sus cálculos, con esas tres MAT se podría conseguir el 46% del objetivo marcado por la Generalitat para energía eólica en 2030 y de un 78% en fotovoltaica. Pero señala que ese éxito sería con el menoscabo de otro de los principios de la Generalitat: la soberanía energética, y más cuando está prevista la desconexión de las dos nucleares existentes en Cataluña.

El alcalde de Hostalets, de ERC, reconoce que probablemente Cataluña no ha hecho los deberes en renovables “y nos lo venden como argumento”. Pero se queja de una frase que solivianta al territorio rural: “Siempre nos castigan a las zonas rurales”.


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Sobre la firma

Dani Cordero
Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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