Los centros que integrarán la FP y la formación ocupacional entrarán en funcionamiento en 2024

El Govern hace tiempo que trabaja en darle un giro importante a la Formación Profesional y este martes ha dado un paso clave al aprobar el decreto que regulará la creación de centros de formación profesional integrada -que ofertarán tanto los ciclos formativos como los cursos ocupacionales o la formación continua-, así como la elaboración de un mapa donde se ubicarán estos centros de forma estratégica. El objetivo es que en una misma instalación se puedan cursar formaciones destinadas a personas entre 16 y 67 años, pero especialmente que esa formación esté pensada y diseñada según las necesidades de cada territorio. “Este cambio es necesario porque Cataluña tiene una estructura de cualificación profesional que no se ajusta a su tejido productivo”, ha admitido la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

La formación profesional siempre ha tenido dos patas muy diferenciadas: los estudios convencionales que siguen alumnos después de la secundaria y los cursos de reciclaje y de formación continua para trabajadores en activo o personas en paro. Estos dos ámbitos dependen de dos departamentos -Educación y Trabajo, respectivamente-, que han funcionado tradicionalmente de espaldas, pero que ya hace unos años que la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesional -activada en 2021 y que depende de Presidencia- trabaja por unificar y poner de acuerdo, junto con otros actores como patronales, sindicatos y ayuntamientos.

A esto se añade la reivindicación histórica de las patronales para que la formación se ajuste a las necesidades del mercado y de las empresas. Hace tiempo que administraciones y sector económico trabajan juntos en esta dirección y el Govern prevé presentar en octubre un informe de prospección que debe detallar las necesidades de profesionales que tendrá el mercado en los próximos años.

Con este informe en la mano -que permitirá conocer también las fortalezas de cada zona-, a finales de año se publicará un mapa de centros con la distribución de la oferta formativa según las necesidades detectadas por dicho informe de prospección, por ejemplo, los cursos relacionados con la agricultura en las zonas de poniente o la química en Tarragona. La idea es que los jóvenes no tengan que marcharse a otros lugares para formarse, para después volver a su territorio, a la vez de ofrecer a las empresas unos centros de formación continua cercanos a sus trabajadores.

Pero este cambio de sistema o de integración de estudios no afectará a los 2.233 centros actuales de formación profesional (que ofertan tanto la actual oferta educativa y la laboral). A partir de septiembre, los institutos podrán solicitar la acreditación como centro integrado y meses después se les informará del programa de estudios que le corresponde, así que hasta el curso 2024-25 no funcionarán como centros integrados. La Generalitat quiere esperar a tener el mapa para concretar cuántos centros estrenarán el nuevo modelo, pero espera que al menos 40 sean públicos.

Pero la integración no será completa, ya que en la práctica lo que se unifica es la formación que se oferta, pero la titularidad no se modifica, de modo que, por ejemplo, las escuelas agrarias continuarán dependiendo del Departamento de Acción Climática. Y los directores de instituto continuarán dependiendo de Educación. Eso sí, los centros contarán con un consejo de formación y empresa, que funcionará como un consejo escolar de un centro educativo cualquiera, y que estará formado por representantes del mundo educativo y empresarial.

Paralelamente, también se está trabajando en el ámbito de la orientación y se está elaborando un protocolo de orientación profesional y el Departamento de Educación está preparando un decreto sobre orientación educativa.

Con este profundo cambio, la Generalitat quiere también reducir las estadísticas negativas, como la de la tasa de paro (un 10,4%), la tasa de paro juvenil (22%) o la de abandono prematuro de los estudios (17%). También se busca dar músculo al colectivo de población con cualificación media, que actualmente es del 24% y debería llegar al 15%. Ello implica, a la vez, reducir la población con baja cualificación -del 28% al 15%-, pero también con alta cualificación -a partir de universitarios-, que del 47% debería bajar al 40%.

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