El Prat y otros puntos cruciales de los Presupuestos de Cataluña

El Govern y el PSC han cerrado un acuerdo de presupuestos que, en la práctica, le da a Pere Aragonès oxígeno para lo que queda de legislatura. Los socialistas decían que su propuesta de acuerdo era de mínimos y un “todo o nada”, pero al final han cedido en algunos planteamientos. El crecimiento del aeropuerto de El Prat ha protagonizado el final de la batalla. Inicialmente, ERC no quería incluir ni esta ni otras infraestructuras en la negociación, algo que para el PSC era condición indispensable. Finalmente, se ha incluido, aunque no en los términos deseados por los socialistas. Se ha pactado que el aeropuerto debe “ganar capacidad” y “modernizarse”, pero no aparece la palabra “ampliación” que reclamaba el PSC. ERC lo considera una victoria. Esta pugna ha llegado después que los republicanos ya se resignaran a aceptar la B-40, una ronda orbital de Barcelona, muy cuestionada por sus bases. Estos son los principales puntos del pacto.

1. La “modernización” del aeropuerto de El Prat

El proyecto ha sido capital y ha puesto en riesgo el acuerdo. El PSC quería impulsar el proyecto de ampliación del aeropuerto de Aena, hasta el punto de que en medio de la negociación la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, acudió a un acto del PSC a defenderlo con vehemencia. Finalmente, se ha acordado una comisión para estudiar cómo se hace. Las dos partes quieren convertir al aeropuerto en un hub internacional, quieren participar en su gestión y quieren que crezca, pero sin poner en riesgo la laguna de La Ricarda. El líder del PSC, Salvador Illa, afirma que se trata de aumentar de 70 a 90 vuelos por hora y eso implica ampliar. El acuerdo contempla invertir 49 millones en el espacio natural del Delta del Llobregat.

2. El Cuarto Cinturón

La cesión con la prolongación de la B-40, también conocida como el Cuarto Cinturón, un proyecto diseñado ya en el franquismo, ha sido sin duda la cesión más dolorosa de ERC. Juli Fernàndez, consejero de Territorio y exalcalde de Sabadell, se ha opuesto radicalmente a esta infraestructura por ser muy agresiva ecológicamente. El acuerdo prevé que este primer trimestre del año, justo antes de las elecciones municipales, Govern, Ministerio de Transportes y Movilidad y ayuntamientos firmen ya el acuerdo que escenificaron el pasado mes de junio, y que se concreta en prolongar la polémica infraestructura desde Terrassa a Castellar del Vallès, pasando por Sabadell. El acuerdo consiste en que el Gobierno, titular de la vía, pagará la obra, pero serán los ayuntamientos y la Generalitat los que decidirán el trazado. Los comunes y la CUP, partidarios de apostar por el tren, la rechazan frontalmente. Los anticapitalistas han anunciado movilizaciones mientras los comunes han sido muy críticos con el PSC, pero eso no impedirá que sigan apoyando las cuentas.

3. Hard Rock

El proyecto del Hard Rock de instalar un macrocasino junto a Port Aventura (Tarragona) ha sido también clave durante toda la negociación. La tramitación estaba atascada por unos informe medioambientales del Govern. Fuentes socialistas sostenían, antes del acuerdo, que en realidad ERC quería posponerlo a después de las elecciones municipales. Finalmente, el pacto prevé que se desencalle en este primer semestre, lo que permite que sea después de los comicios. El PSC afirma que el proyecto genera inversión y es una alternativa a las químicas. El proyecto lo rechazan frontalmente comunes y la CUP. Illa afirma que no supone la inversión de un solo euro.

4. Inversiones en Rodalies (Cercanías)

El plan incluye acordar con el Gobierno de Pedro Sánchez el traspaso de los recursos presupuestarios necesarios para que estén listos cuando se ceda la competencia al Govern. Con los Presupuestos Generales del Estado ya aprobados, este punto quedaría aplazado en el mejor de los casos hasta fin de año. El acuerdo contempla que se complemente con una actualización del Plan de Rodalies 2020-2030. La Generalitat ha reivindicado históricamente ese traspaso.

5. Una inversión a la baja en la Ley de la Ciencia

Aprobada por unanimidad a final de año, el PSC ha querido hacer bandera del despliegue de la Ley de la Ciencia y respetar su articulado, que fija como objetivo que en el año 2031 el Govern destine un 1% del PIB en la inversión pública a esa materia. Para cumplir ese objetivo, debía invertir desde este ejercicio y hasta dentro de 10 años, 150 millones al año. Finalmente, el PSC ha aceptado que la partida sea de 20 millones. La Ley de la Ciencia ha sido la única aprobada en este mandato.

6. La gran asignatura pendiente de las renovables

Cataluña está a la cola de España en la inversión de las energías renovables y ha sido esa una de las principales obsesiones del PSC para revertir esa situación. El dato es demoledor: si en el conjunto de España el porcentaje de la energía renovable es de 40%, con picos de hasta el 60%, en Cataluña es del 14%. El pacto recoge este apartado prácticamente de forma íntegra: destinar 180 millones de euros en acelerar la instalación de fuentes renovables (un 50% más respecto a 2022); dotar la energética publica con 25 millones de euros; aumentar en 75 personas la plantilla del Departamento de Acción Climática e inyectar 52 millones en el programa Barris.

7. Un aumento del 24% en atención primaria

Alicia Romero, portavoz socialista, expuso desde el primer día como un punto central de las negociaciones el plan de choque para las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas. Su reivindicación era una inversión de 100 millones de euros, pero al final serán 50. El acuerdo prevé destinar el 24% del gasto del Departamento de Salud a inversión primaria. Ese porcentaje desborda el acuerdo que el Govern cerró con los comunes, que fue del 20% en ese capítulo. Esa consejería aumentará globalmente a 1.284 millones de euros, casi la misma cifra que pedían los socialistas (1.287).

7. El plan piloto de la renta universal

El acuerdo contempla aumentar un 4% las partidas a las residencias de personas dependientes para mejorar los servicios y aumentar los salarios de los trabajadores y consolidar el 3% de aumento del ejercicio anterior. Los socialistas querían que ese incremento fuera del 7%. Con todo, el Govern ha aceptado la petición del PSC de aumentar en 56 millones la partida para crear este ejercicio 2.000 nuevas plazas públicas de personas residentes. Los socialistas querían suspender el plan piloto de la renta universal, que ERC pactó con la CUP, porque creen que es despilfarrar 40 millones de euros y es inviable, porque para alcanzar a toda la población se necesitarían 30.000 millones de euros, una suma casi igual a la del presupuesto de la Generalitat. La consejera Meritxell Serret lo está presentando este miércoles en Copenhague. No figura en el acuerdo. Illa asegura que se ha suspendido el proyecto.

8. Las delegaciones del Govern en el exterior

El Govern aprobó este martes el nombramiento del nuevo delegado de la oficina en Japón y dio así un claro mensaje de que no iba a aceptar la pretensión de los socialistas que exigían no abrir ninguna este 2023, y evaluar las que están en funcionamiento. El PSC admite que esas delegaciones figuran en el Estatut, pero quería revisar su funcionamiento. No ha conseguido tampoco cerrar la Delegación del Govern de la Generalitat en Barcelona.

9. Transparencia

El Govern y los socialistas han acordado reducir la estructura pública un 10%. Era una petición de los socialistas, que solo han logrado en el control parlamentario que la Agencia Catalana de Noticias pase a depender de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y no del Departamento de la Presidencia. Tampoco ha logrado que un acuerdo para impulsar una ley que comporte que el Centro de Estudios de Opinión (CEO) pase a depender del Parlament.

10. Educación

El PSC ha logrado rascar algunos millones más de los previstos para algunas mejoras en el ámbito educativo, muchas ya anunciadas, informa Ivanna Vallespín. Uno de los menos conocidos es el incremento de financiación de la escuela concertada, que recibirá una inyección adicional de 39 millones para gastos de funcionamiento. Según ha explicado el sector de la concertada a este diario, durante un año han estado negociando con el departamento una mejora de la financiación para compensar el IPC y el encarecimiento de la factura energética. Las patronales y Educación habían llegado a un acuerdo de incremento de 32 millones, pero finalmente serán 39 tras el pacto con los socialistas.

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