Regular el alquiler no perjudica al pequeño propietario

Hace unos días, se publicó en estas páginas un artículo de opinión que pedía que el Gobierno no regule los alquileres. Afirmaba que hay inquilinos que no son tan pobres puesto que pagan alquileres caros, y caseros que completan su pensión con el alquiler de un piso. Añadía que el Estado no puede solucionar el derecho a la vivienda “diciendo que lo subvencionen unos particulares (los caseros)”. Que lo que debe hacer es vivienda pública. Creo necesario responder a dichas aseveraciones, puesto que se trata de tópicos sin base científica que se repiten a menudo.

1. La tan manida imagen del pensionista que no llega a fin de mes si se prohíbe que el precio del alquiler siga subiendo no se corresponde con los datos. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, los ingresos medios de quienes arriendan una vivienda o un local alcanzan los 37.807 euros anuales, y eso sin contar la renta del alquiler. Ahora mismo, tener una vivienda alquilada en una ciudad como Barcelona implica sumar a ese ingreso un promedio de 12.000 euros al año. Una cifra que suele multiplicarse: más de la mitad del mercado está en manos de caseros con al menos 3 viviendas en alquiler. Por otra parte, la idea del inquilino privilegiado y acaudalado tampoco refleja la realidad: los hogares inquilinos ingresan la mitad que lo que ganan los caseros particulares (entre 19.061 y 23.160 euros), y eso sin descontar lo que deben pagar para tener un techo.

2. Es falso que regular los alquileres suponga que el casero “subvenciona” al inquilino. Al contrario, si en España hay una figura que está hiper-subvencionada es la del casero, y lo seguiría estando aunque los precios bajasen mucho. Para empezar, la relación arrendaticia consiste en una transferencia de riqueza del inquilino al propietario. ¿Subvención? La que le da el inquilino al casero cada mes. Un pago que enriquece al segundo y empobrece al primero, que además ve mermadas sus opciones de ahorrar y acceder a una vivienda en propiedad. Si se da el caso de algún pensionista y casero que no llega a fin de mes a pesar de tener dos propiedades y de que los alquileres han subido un 40% desde 2014, la solución no puede ser estrangular aún más al inquilino, sino subir las pensiones. ¿Subvención? La que también recibe el casero del Estado en forma de regalo fiscal, puesto que el 60% de lo que cobra está bonificado. De hecho, la inmensa mayoría de viviendas en alquiler fueron heredadas o compradas mediante más desgravaciones. Por no hablar de quienes pueden poner sus pisos en una empresa: esos gozan de más privilegios fiscales que nadie.

3. Decir que hay que hacer vivienda pública en lugar de limitar el precio del alquiler es plantear un falso debate. Tanto como gritar “¡más empleo público pero nada de subir el salario mínimo!” Nadie discute que necesitamos tanta vivienda protegida como la que tiene Viena, pero con los actuales presupuestos generales —de ahí sale casi todo el dinero— tardaríamos 819 años en alcanzarla. Mientras tanto, ¿qué protección se da a los millones de familias que viven de alquiler? El estudio sobre Barcelona que publicamos el año pasado muestra que la subida de precio de los últimos años ha provocado que ocho de cada diez personas encuestadas destinen más ingresos de los recomendables al alquiler. Resultado: de cada dos familias que se mudan, una lo hace porque la están echando de casa. Una situación que ya era grave y que solo va a empeorar si no se le pone freno.

Jaime Palomera es miembro del instituto de investigación urbana La Hidra

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