Las patronales que llevaron a los tribunales la zona de bajas emisiones de Barcelona piden que se haga efectiva la anulación

Las seis patronales y asociaciones que llevaron la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la tumbó, pedirán en los próximos días que se haga efectiva la anulación mientras no hay sentencia definitiva. Pese a la primera sentencia, el veto a los coches más contaminantes en Barcelona siguió (y sigue) vigente, porque el Ayuntamiento podía recurrirla ante el Tribunal Supremo. El recurso de casación ya ha sido presentado y de ahí que las entidades hayan anunciado este viernes al consistorio que en los próximos días pedirán su “ejecución provisional”.

Representantes del gobierno de la alcaldesa Ada Colau y de las seis entidades se han reunido en el Ayuntamiento. Los primeros confirmaron que el recurso de casación está presentado. Los segundos, respondieron que pedirán la ejecución de la anulación. “La sentencia anula la ZBE pero mientras no ejecuta el perjuicio a los sectores afectados, que no pueden circular por Barcelona con sus vehículos, es claro y manifiesto”, argumenta Carlos Folchi, secretario general de la Asociación General de Autónomos-Pymes Transportistas de Cataluña (AGTC). “No pueden entrar y no tienen alternativas”, insiste.

Folchi entiende que si se aceptara la ejecución provisional sería a finales de julio o comienzos de septiembre. El recurso de casación tiene un ritmo más prolongado: no se sabrá “por lo menos antes de un año”, a no ser que el Tribunal Superior decidiera no admitirlo, lo que ya ha pasado con al menos otro recurso del Gobierno de Colau sobre el reglamento de participación que permite celebrar consultas ciudadanas.

Las seis organizaciones son AGTC, la asociación de afectados por las restricciones de circulación ASOPARC, el Gremio de Talleres, la asociación de transporte discrecional (los autocares) Audica, la Federación Catalana de Transportes (Transcalit) y la Asociación de Familias Numerosas.

El Ayuntamiento de Barcelona defiende con vehemencia la ZBE para luchar contra la contaminación y recuerda que la ciudad incumple con los máximos que fijan las instituciones europeas. La nueva ley española del Cambio Climático obliga a todas las grandes ciudades a habilitar Zonas de Bajas Emisiones, las administraciones catalanas han hecho frente común defendiéndola, la Generalitat y los cinco ayuntamientos del área de la ZBE anunciaron una lluvia de recursos al Supremo para salvar el veto, e incluso varias ciudades europeas salieron en defensa de la medida. El consistorio tiene previsto explicar el próximo lunes los recursos.

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