El PSC se suma al pacto de independentistas y comunes para frenar los desahucios en Cataluña

Los partidos del Govern (ERC y Junts), además de la CUP y comunes, han alcanzado este jueves un acuerdo para recuperar medidas de la ley catalana antidesahucios anulada por el Tribunal Constitucional en enero de 2021. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha decidido sumarse al pacto, según confirmaron fuentes del partido a este diario. Está previsto que el acuerdo, que ha sido impulsado por entidades sociales entre las que destaca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sea ratificado por esta mayoría parlamentaria el próximo 2 de febrero.

El acuerdo garantiza que se recuperen las medidas de alquiler social impulsadas por el decreto que suscribió el Govern en 2019 y que, entre otras cosas, buscaban combatir las situaciones de emergencia residencial y aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler. La renovación obligatoria de los alquileres sociales de los grandes tenedores cuando llegase a su fin es una de las medidas que se recuperan. De este modo, “miles de personas con alquileres sociales firmados el 2015 evitarán el desahucio”, según reza el comunicado de la PAH en el que se anuncia el acuerdo. Otras normas que se retoman serían los alquileres sociales obligatorios para los hogares vulnerables que enfrenten el final del contrato de alquiler; así como para familias que hayan tenido que ocupar pisos de bancos o fondos de inversión.

Por otro lado, hay elementos que se introducen en la nueva norma, como un mecanismo de fomento para evitar los desahucios: de esta manera, los grandes tenedores no vinculados a bancos o fondos de inversión podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde viva una familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial. También se ampliará la definición de gran tenedor, que incluirá a personas jurídicas con más de 10 viviendas; entre otras medidas.

La propuesta de ley se presentó el pasado junio, y la intención era aprobarla a través de una tramitación de urgencia en noviembre. La proposición contaba con el apoyo de ERC, la CUP y los comunes, además de Junts, para ampliar medidas urgentes y hacer frente a la emergencia habitacional. Con todo, Junts firmó en octubre 11 enmiendas, siete de las cuales, según fuentes de la PAH, “recortaban y debilitaban” la propuesta original.

Ello provocó desde principios de octubre una serie de acciones por parte de la Plataforma. La última de ellas, a principios de diciembre, derivó en la ocupación de la oficina europarlamentaria que los eurodiputados de Junts, con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a la cabeza, tienen en Barcelona desde octubre. El objetivo, que finalmente consiguieron, era entregar una carta al expresidente huido de la justicia española y que este accediese a mantener una nueva reunión para negociar las enmiendas presentadas por Junts. El partido ha celebrado este jueves el acuerdo en una nota de prensa y ha defendido que su “objetivo” ha sido “desencallar” la ley.

Lucía Delgado, portavoz de la PAH, ha señalado que “hay muchas familias que están esperando que esto se aprueba ya”, en alusión a la votación que tendrá lugar el 2 de febrero en el Parlament: “En el camino hemos tenido muchos desahucios que se podrían haber evitado”, ha destacado. Entre otras cosas, Delgado ha subrayado que esta será “una buena herramienta para que los ayuntamientos eviten desahucios”.

Por su parte, Eva Candela, diputada del PSC en el Parlament y secretaria de vivienda en el partido, ha señalado que si bien están a favor del nuevo texto, “muy distinto del que se había presentado [inicialmente]”, el PSC mantendrá sus enmiendas hasta el día del pleno: “Pensamos que si se hubieran aceptado las enmiendas que propusimos el resultado hubiera sido más favorable”, ha agregado.

El Constitucional se había inclinado por anular la normativa catalana y declarar inconstitucional el decreto de la Generalitat al estimar que este afectaba al título primero de la Carta Magna, donde se hace referencia al derecho a la propiedad. El falló consideró en su momento que cualquier normativa que afecte a los derechos fundamentales debe tener rango de ley. La sentencia tuvo lugar tras un recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra el decreto catalán.

La norma que fue anulada completaba la ley 24/2015 de medidas urgentes en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. También ampliaba un decreto aprobado en 2019 que a su vez intentaba paralizar los lanzamientos de personas y familias vulnerables que residieran en propiedades de grandes propietarios (aquellos que tienen a partir de 15 pisos), y obligaba a los arrendadores a “acreditar” que se había ofrecido al inquilino un alquiler social antes de iniciar el desalojo.