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La oposición cuestiona la ayuda de 2,6 millones del Govern a los gimnasios DiR

La cadena de clubes deportivos concentra más de la mitad de los créditos concedidos hasta ahora por Avançsa

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, en rueda de prensa telemática. / EN COMÚ PODEM

Acusan a Junts de tener vínculos con la empresa y piden explicaciones a Aragonès

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El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, en rueda de prensa telemática. / EN COMÚ PODEM Acusan a Junts de tener vínculos con la empresa y piden explicaciones a Aragonès POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA ECPECP (Europa Press)

En Comú Podem ha arremetido contra el Govern por conceder un crédito participativo de 2,6 millones de euros a la cadena de gimnasios DiR a través de Avançsa, la sociedad pública autonómica especializada en ayudas y participaciones empresariales. Los comunes, la CUP y el PSC han registrado asimismo preguntas parlamentarias al Ejecutivo catalán para aclarar la ayuda. El grupo empresarial concentra más de la mitad de los créditos participativos concedidos hasta ahora (4,6 millones) a través de una línea de ayudas creada en noviembre pasado con una aportación inicial de nueve millones de euros.

Joan Mena, portavoz de los comunes, ha calificado de “escándalo grave” la concesión al sostener que la empresa pública, a través de la cual la Generalitat participa en empresas necesitadas de financiación, está centrada en tejido industrial y al alegar que hay “indicios más que razonables” de que hay un trato de favor por los vínculos que tiene Junts y la antigua Convergència con esa empresa.

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En la habitual conferencia de prensa que el Catalunya en Comú ofrece los lunes, Mena ha mostrado su contrariedad por el préstamo concedido a la red de gimnasios cuando Cataluña está perdiendo tejido empresarial como en el caso de Nissan o Bosch. El diputado ha alegado además que Ramon Canela, dueño de la cadena, fue secretario de Deportes de la Generalitat. Paralelamente, ha alegado que la empresa DiR tiene vínculos históricos con la familia Pujol: uno de sus hijos fue accionista y Marta Ferrusola, expresidenta de la fundación de la cadena. Canela ha negado a este diario que haya aprovechado sus contactos en el Departamento de Empresa --”No conozco a nadie en Avançsa”, ha afirmado-- y ha asegurado que fue una gran consultora la que le aconsejó buscar ayuda en la línea de financiación.

DiR se ha caracterizado en los últimos años por tener una alta exposición crediticia. En 2018, según datos confirmados por la compañía, acumulaba 22 millones de euros de deuda (frente una facturación de 47 millones), la mitad a través de créditos bancarios y otra a través de recursos facilitados por sus socios con el pago de tipos de interés superiores al 5%, cuando el precio del dinero en el mercado interbancario está en tipos negativos. Canela ha explicado a este diario que se logró reducir el volumen de préstamos bancarios hasta los 7 millones de euros, pero que la pandemia, con las restricciones y la caída de usuarios y de socios, ha puesto en un problema a la cadena de gimnasios.

Créditos ICO y Avançsa

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Para asumir la caída de los ingresos, el grupo solicitó créditos avalados por el ICO por un importe total de cuatro millones de euros, pero al ser insuficientes ante las tensiones de tesorería se buscó ayuda en Avançsa, con los 2,6 millones de euros mencionados. DiR se ha aproximado al límite máximo impuesto por la Generalitat para esa línea de ayudas, no se pueden superar los tres millones, y supera la mitad de los créditos concedidos hasta ahora. La empresa defiende que se han tenido que presentar garantías para poder recibir esa ayuda, que, en caso de impago, podría acabar convertida en acciones propiedad de la Generalitat. Es una posibilidad que ya ocurrió en 2015 cuando Avançsa convirtió 60 millones de euros en créditos a Ficosa en acciones.

“El Govern está en funciones y los grupos de la oposición tenemos más complicado fiscalizar la acción del Ejecutivo y pedirle que rinda cuentas”, ha dicho Mena anunciando que presentará preguntas por escrito además de exigir a Pere Aragonès, president en funciones, que dé explicaciones de por qué se destina dinero a empresas amigas a Junts per Catalunya y no “a las Pymes y autónomos”. “Queremos saber si esa será la dinámica del futuro Govern o si Junts lo presidirá por la puerta de atrás y beneficiar a sus amigos empresarios”.

Elsa Artadi, portavoz de Junts, ha sostenido que las condiciones de esta ayuda son similares a las que se han concedido y ha recordado que la cadena cuenta con un millar de trabajadores en un sector que también ha sido castigado por la pandemia. La diputada ha aclarado que no son ayudas a fondo perdido y que son préstamos que se tramitan a través de la empresa pública Avançsa.

Peticiones de explicaciones rápidas

La CUP también ha dirigido cuatro preguntas al Departamento de Empresa para saber qué criterios se han seguido para otorgar ayudas al DiR e insinúa su descontento cuando pide saber “qué potencial tecnológico y comercial tiene la cadena; pide concreciones sobre el importe del préstamo, la carencia y el tipo fijo y variable y a qué otras empresas se ha concedido ayudas a través de esos fondos.

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha registrado este lunes preguntas parlamentarias. “No entendemos que se dedique un porcentaje tan elevado de una convocatoria pública solo a una empresa. Porque viendo tantas empresas que lo necesitan, no lo entendemos”, ha afirmado la número dos del PSC, Eva Granados. El PSC ha preguntado al gobierno catalán cuántas solicitudes ha recibido Avançsa, en qué cantidades económicas y qué criterio se ha seguido para ayudar a DiR. “Como no queremos hacer ningún juicio de valor, teniendo en cuenta las informaciones que salen sobre la empresa [los posibles vínculos con Junts], pedimos que el Govern dé explicaciones rápidas”, ha afirmado Granados.

Ramon Canela ha sido uno de los propietarios de gimnasios más activos en las críticas a la Generalitat por las medidas que ha tomado para frenar la propagación del coronavirus. Según sus cálculos, los gimnasios DiR han tenido que cerrar un total de 160 días en cinco periodos diferentes, mientras que su actividad actual está restringida al 30% de aforo. De hecho, la empresa ha impulsado una reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial para intentar arañar indemnizaciones por el golpe que las medidas han dado a la facturación de la empresa.

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