Dos años, tres meses y ni un minuto de tregua para el fiscal del Estado

“Complicidad y colaboración con ETA”. El diputado del PP Luis Santamaría no se quedó corto en sus acusaciones a Álvaro García Ortiz, que aquella calurosa mañana del 28 de julio de 2022 había acudido al Congreso a pasar el preceptivo examen antes de tomar posesión como fiscal general del Estado. Medios conservadores estaban publicando que el hasta entonces número dos de la Fiscalía había ordenado declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), ya había publicado una nota negando haber recibido “ningún tipo de directrices”. Pero las grandes cabeceras de la derecha madrileña seguían martilleando. Y el diputado Santamaría estaba allí para repartir leña: el nuevo fiscal del Estado colaboraba con ETA.

Varios bulos de este calibre, alentados por la derecha en sus diferentes avatares –judicial, político y mediático– circularon aquel verano de 2022 para desacreditar a García Ortiz antes incluso de prometer el cargo. Han pasado desde entonces dos años y casi tres meses en los que el máximo representante del Ministerio Público no ha disfrutado de apenas un minuto de tregua hasta acabar encausado por el Supremo. El alto tribunal le había propinado antes otros dos revolcones para frenar sus intentos de otorgar un puesto a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Ya fuese por esas decisiones anuladas o por nuevas fabulaciones sobre conjuras nunca probadas –con ETA o el independentismo catalán como argumentos recurrentes–, el bombardeo contra el jefe de los fiscales ha sido incesante. Otra pieza más del brutal combate político-mediático instalado en Madrid.

El pecado original de García Ortiz era su condición de número dos de Delgado, que aterrizó en la Fiscalía del Estado en febrero de 2020 con un muy cuestionado salto desde el Ministerio de Justicia. A diferencia de ella, su trayectoria arrojaba un perfil exclusivamente profesional. Había sido el más votado entre sus compañeros de toda España en unas elecciones al Consejo Fiscal en 2018, pese a concurrir por la minoritaria Unión Progresista (UPF), de la que fue presidente y donde trabó amistad con Delgado antes de que esta lo llamara a Madrid. Nacido en Lumbrales (Salamanca) hace 56 años, su carrera, iniciada en 1998, transcurrió en su mayor parte en Galicia como fiscal jefe de medio ambiente sin verse enredado en controversias políticas. Fue más bien la izquierda quien lo criticó cuando en el juicio por el desastre del Prestige declinó acusar a ningún representante del Gobierno del PP que lo había gestionado.

Hasta que en 2018 llevó la contraria a Alberto Núñez Feijóo. El entonces presidente gallego había atribuido a la acción del “terrorismo incendiario” una terrible oleada de fuegos forestales que puso en apuros a la Xunta. García Ortiz siempre rechazó las teorías sobre fantasmales organizaciones dedicadas a quemar el monte. Lo había hecho ya en 2007 para contradecir excusas parecidas a las de Feijóo por parte de un Gobierno de socialistas y nacionalistas. La Xunta del PP se lo tomó como casus belli. Meses después, lo denunció ante sus superiores por apoyar una huelga de funcionarios de Justicia.

Escándalo por una mesa de expertos de 2019

El equipo de Feijóo, ya instalado en Madrid, pudo ajustar cuentas ese verano de 2022 en que el Gobierno eligió a García Ortiz para relevar a Delgado tras la dimisión de esta por razones de salud. La primera reacción del PP fue denunciar con gran escándalo que el fiscal había participado en diciembre de 2019 en lo que era descrito como un “acto electoral” del PSOE gallego. Ese acto, celebrado siete meses antes de las elecciones autonómicas, había consistido en una mesa redonda de expertos independientes sobre incendios, dentro de unas jornadas organizadas por el PSdeG.

El fiscal acudió en representación de la UPF tras pedir permiso a la Fiscalía del Estado. Dirigentes del PP y medios afines lo convirtieron en un “mitin electoral socialista”. Hasta acabar nutriendo uno de los argumentos centrales de los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cuestionar la imparcialidad de García Ortiz e imponer, meses después, una declaración negando el aval a su nombramiento. Como ahora con la investigación del Supremo, era la primera vez que sucedía en la historia democrática. Hasta entonces, el CGPJ se había limitado a seguir la letra de la norma: simplemente validar que el candidato cumplía los requisitos de ser un jurista de “reconocido prestigio” con 15 años de trayectoria profesional.

La campaña de aquel verano de 2022 se deslizó sobre un hervidero de bulos. Además de la “colaboración con ETA”, la gran estrella de las mañanas de la Cope, Carlos Herrera, en una asombrosa tergiversación de la realidad, clamó ante su audiencia (2,8 millones de oyentes en la época): “Este nuevo fiscal es exactamente igual de sectario que la señora Delgado. Fue el tío que, cuando se hundió el Prestige, quiso empurar a todo el PP (...). Esto suena a cabeza de caballo en la cama de Alberto Núñez Feijóo”. Abc dedicó casi toda su portada a revelar que García Ortiz se había reunido en secreto en un hotel de Madrid con un banquero andorrano que acusaba al Gobierno de Mariano Rajoy de chantajearlo para que le suministrase informaciones contra independentistas catalanes. Los dos implicados, que ni se conocían, lo desmintieron rotundamente. El diario se negó a publicar la rectificación de García Ortiz, que emprendió acciones judiciales. Dos sentencias, de un juzgado y de la Audiencia de Madrid, han acreditado que la información era “absolutamente falsa”. El periódico ha recurrido y sigue sin publicar la rectificación. El pasado miércoles, Abc editorializaba: “García Ortiz, ni un minuto más”.

La relación con Delgado colocó a García Ortiz en el disparadero y está en el origen de los dos grandes reveses que ha sufrido en su mandato hasta el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El Supremo anuló dos intentos de ascenso de su antecesora promovidos por él, uno a la Sala Militar y otro a la de Memoria Democrática del alto tribunal. En el primero de los casos lo acusó de haber incurrido en “desviación de poder”. Según los cinco jueces del Supremo que dictaron sentencia por unanimidad, el fiscal del Estado se saltó el “criterio del mérito” para ascender a Delgado. A raíz de ese fallo, el PP se querelló contra él por prevaricación, pero esta vez el Supremo lo archivó. Los populares sí lograron que lo reprobase en el Senado, como vienen haciendo con varios ministros en uso de su mayoría absoluta en la Cámara alta. Otro hito sin precedentes.

Las fantásticas historias periodísticas sobre turbias maquinaciones del fiscal nunca han cesado. Y con el PP haciendo el coro. Su acatamiento a la ley de amnistía elevó la bronca unos cuantos grados. Lo han acusado de ordenar a la Fiscalía Anticorrupción que retrasase la querella por el caso Koldo hasta después de las elecciones generales (el jefe de esa rama del Ministerio Público, Alejandro Luzón, lo desmintió: “Es totalmente falso”); de imponer a un fiscal del Supremo un informe contrario a acusar de terrorismo a Carles Puigdemont (el interesado, Álvaro Redondo, de la conservadora AF, lo negó reiteradamente); de haber maniobrado para no implicar al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en un secuestro de ETA (nunca se produjo tal cosa)... Siempre a la vanguardia, Federico Jiménez Losantos se refiere a él en su programa radiofónico y en sus columnas en El Mundo como Alvarone.

La campaña de Miguel Ángel Rodríguez

Y la pasada primavera, García Ortiz se topó con Miguel Ángel Rodríguez. Tras publicar eldiario.es el fraude fiscal del novio de Ayuso, el hombre para todo de la presidenta madrileña puso en marcha una de sus bien conocidas campañas de intoxicación. La noche del 13 de marzo, envió a varios periodistas un mensaje en el que aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, si este reconocía haber cometido dos delitos, pero que el pacto se había frustrado “por órdenes de arriba”. “Todo sucio”, concluía. Poco después, lo divulgaba urbi et orbi en la red social X. El Mundo se apresuró a publicar la supuesta oferta, incluyendo uno de los correos entre la Fiscalía y el abogado de González Amador. Detrás fueron Libertad Digital, Vozpópuli y El Debate, quienes asumieron la tesis de que todo se había parado “por órdenes de arriba”.

La realidad era justamente al revés: fue el novio de Ayuso quien admitió los delitos y solicitó el acuerdo. García Ortiz dio órdenes de que así se hiciese saber para defender la actuación de la Fiscalía. A partir de entonces, Ayuso y Rodríguez se lanzaron a por él. Tras la denuncia contra el fiscal por revelación de secretos, que ha culminado en la causa abierta en el Supremo, el jefe de gabinete de Ayuso dejó el 23 de abril en X un mensaje de aire amenazante: “Tengo la sensación de que el Fiscal General del Estado terminará en la cárcel”. El pasado día 7, un ansioso Rodríguez se anticipaba a anunciar la imputación de García Ortiz: “Va pa´lante”. Él y su jefa pudieron cantar victoria el pasado miércoles, con ese mismo grito de guerra: “¡Pa´lante!”. Y Rodríguez, envalentonado, redobla la patraña: “Si se demuestra que el fiscal general paró la operación y se negó al acuerdo, ¿dónde está el bulo? República bananera con B de Begoña”.